“Incluso, las denuncias serias que deben investigarse, como la reciente contra el presidente Vizcarra, pierden pólvora cuando las usa García. Siempre peligroso, ha perdido enorme fuerza”

"El resultado es que ya tenemos tres nuevas bancadas y habría una cuarta en camino. Serían once en total, todo un record. Y pocos dudan que vendrán más"

“En un escenario en el que los golpes vendrán más fuertes para evitar que llegue la información desde Brasil, esta soledad se hará más patente”

"A estas alturas los ataques de Alan García son vitaminas para la popularidad del Presidente. Se le ha perdido el respeto, no atemoriza"

Para el politólogo, un interés personal motiva los tuits publicados por la lideresa de Fuerza Popular

Rosa María Palacios entrevista al politólogo y docente, Eduardo Dargent, sobre el futuro de Fuerza Popular luego del encarcelamiento de su lideresa, Keiko Fujimori.

El historiador Ponciano del Pino ha ganado el prestigioso Premio Iberoamericano 2018 de la Latin American Students Association (LASA) por su libro “En nombre del gobierno. El Perú y Uchuraccay: un siglo de política campesina” (La Siniestra Ensayos y UNJ). El trabajo busca explicar el tipo de violencia que se dio en comunidades campesinas altoandinas de Ayacucho durante los años ochenta, explorando los trágicos sucesos de Uchuraccay como un ejemplo de dinámicas más generales. Son dos temas teóricos los que iluminan este esfuerzo. Por un lado, nos muestra cómo el estudio crítico de la memoria permite comprender mejor las causas detrás de la violencia en estas comunidades. Para adentrarse en lo sucedido es necesario conocer tanto lo que se dice sobre esos años, como lo que se calla. El silencio, los secretos, con frecuencia ocultan verdades complejas y potencialmente disociadoras en comunidades donde la unidad era asunto de vida o muerte. Ese tipo de exploración de la memoria permite entender cómo el asesinato de periodistas y comuneros en Uchuraccay se habría dado por rivalidades familiares que se agravaron con la aparición de Sendero Luminoso. Distintas anteojeras ideológicas, carentes de esta mirada profunda, llevaron a interpretaciones erradas del caso. Similares tensiones se dieron en otras comunidades de la región, engarzándose con el conflicto y explicando sus particularidades. Pero para entender estas rivalidades y tensiones hay que ir mucho más atrás. El segundo tema del libro es la relación entre la violencia con la política de tierras del Estado. El título del libro se refiere a comuneros que por un siglo han peregrinado a Lima a pedir al gobierno que corrija los problemas de un Estado desprestigiado por su vínculo a poderes locales o incapaz de resolver disputas en forma legítima. En concreto, son tres momentos clave de regulación de la tierra en el Perú relevantes para entender el escenario previo a la violencia: las reformas para titular y concentrar la propiedad iniciadas por Legúia; las reformas de Belaunde I, que abrieron mecanismos para disputar la legalidad de dichas concentraciones de tierra, y la reforma agraria. Imposible resumir el complejo argumento, pero se propone que estos procesos dejaron legados que se activaron con la llegada de Sendero. El tipo de hacendados que tuvo cada zona, o el debilitamiento de autoridades tradicionales comunales por la reforma agraria, por ejemplo, ayudan a entender qué zonas y qué tipo de comuneros fueron más proclives a rechazar o apoyar a Sendero. Descubrir estas historias de violencia requiere sumergirse tanto en la profundidad de la memoria como en la de la historia política. Un gran libro con muchas virtudes que resaltar, señalo tres. Primero, explora los efectos, tanto deseados como no deseados, de las políticas del Estado sobre la sociedad. Muestra cómo ciertas políticas pueden tener un impacto enorme en zonas alejadas del territorio al favorecer a determinados actores o al debilitar a otros. A pesar de su debilidad, no estamos frente a un Estado ausente o irrelevante. Segundo, vemos claramente la importancia de la etnografía para entender fenómenos complejos e ir más allá de evidencia superficial, una cucharada de humildad para otros investigadores que no usamos esa herramienta. Tercero, resalta el considerable impacto y legados de reformas estatales para el mundo rural iniciadas en los tempranos sesenta, eclipsadas luego por las profundas reformas de Velasco y que merecen más investigación. También tengo críticas. La principal que el trabajo nos pide bastante esfuerzo para comprender sus argumentos, repartidos en distintos capítulos. Extrañé un capítulo teórico que sirva de guía y armonice mejor los dos temas señalados arriba. O la inclusión del capítulo cinco sobre el Apu Rasuwillka: muy interesante, pero la verdad no parece parte de este libro. Corta la narración. Las virtudes, sin embargo, superan largamente los problemas. Un merecido reconocimiento a un libro que nos ayuda a entender las complejidades del conflicto, su historia más íntima y trágica, justo en años en que desde el Congreso hay sectores promueven una narrativa simplona y acrítica.

Si usted sigue esta columna sabrá que me gusta discutir errores en mi análisis para evaluar qué podemos aprender de ese mal cálculo. ¿Por qué creció Julio Guzmán más de lo que esperaba? ¿Por qué logró PPK ganar una segunda vuelta que consideré casi perdida? En algunos casos el error se explica por eventos nuevos e inesperados, donde hay poco que decir en términos analíticos, pero en otros vale la pena evaluar qué factores tuvieron más peso del concedido o qué sesgos muestra dicho error. Pues bien, un error reciente fue mi cálculo sobre el rompimiento de la bancada del fujimorismo. Consideré (LR 4/1/2018) que a pesar de las tensiones entre los hermanos me inclinaba a pensar que se vería una recomposición con bajada de tono antes que una ruptura. Esa recomposición consistiría en mantener el liderazgo de Keiko, pero con un estilo menos virulento del visto hasta ahora. No sabía por cuánto tiempo, pero en lo inmediato me parecía el escenario más probable. ¿Por qué esa opinión? Porque pensé que a todos en el fujimorismo les convenía más mantener una bancada grande, especialmente a Alberto. Defender su indulto pasaba por sostener a PPK y a la vez mantenerlo en jaque. El expresidente llevaría a sus hijos hacia esa recomposición: “Me inclino a pensar que (Alberto) no va a cortar los salvavidas que le podría dar un fujimorismo fuerte en el Congreso. Es lo que va a mantener a PPK alineado. Pero veremos”. Finalmente sí hubo ruptura, la bankada prefirió disciplinar que perdonar. Expulsó a tres, sabiendo que probablemente se irían diez. Y así fue. Podría decir que también señalé que en todo caso el quiebre no sería como el que los estrategas de PPK presagiaban. Eso es finalmente lo que ha pasado, Keiko sigue mandando y diez no son muchos. Pero es claro que mi opinión apostaba más por una continuidad de la bankada que por su división. ¿Qué falló? Primero, sobreestimar el poder de Alberto al interior del grupo. El partido y claramente la bancada ya es más de Keiko que de Alberto. Los fieles fueron una roca, los supuestos kenjistas en la sombra ni asomaron cabeza. Keiko peleó y ganó. No fui el único que pensó que el poder de Alberto podía recomponer al fujimorismo. Alguien en el gobierno, y claramente los propios desertores, también pensaron que tendría esa capacidad. La liberación de Fujimori apenas dos días después del fracaso de la vacancia era un claro salvavidas para quienes votaron junto a Kenji. Seguro fue la garantía ofrecida a los desertores para que no temieran ser conducidos a las mazmorras naranjas. E incluso hubo quienes fueron más allá y vieron en la salida de Alberto un cambio sísmico en la política. Jorge Morelli anunciaba que con estas movidas se iniciaba una suerte de co-gobierno de los moderados, como si ese acuerdo chiquitito para salvar cabezas fuera en realidad un gran pacto de transición latinoamericano de los años setenta. Es claro que el resultado es lejano a ese escenario. Es decir, en menor o mayor grado, se subestimó el poder real de Keiko. Desde hace años y con más claridad el 2016 la evidencia ya mostraba un partido bajo mayor control de Keiko, pero esa información no se consideró relevante al ver salir al padre de la cárcel. Hay algo (o mucho) de machismo en esta mirada. Asumir que papá Fujimori llegaba a “ordenar la casa” habla mal de analistas que probablemente habríamos considerado una pelea mucho más fuerte si el líder en actividad hubiese sido hombre. Lo segundo es algo que una jura que no le volverá a pasar y a pesar de ello vuelve a caer: creer en chismes que pasan por información. En el Perú abundan los que reclaman estar dateados “desde adentro”. Uno ya debería saber que esos datos con frecuencia suelen ser más producto de los deseos del transmisor antes que la realidad. En este caso los kenjistas estaban más solos de lo que se rumoreaba, muy lejos de un número que hubiese hecho negociar o retroceder a Keiko. Más Escuadrón Suicida que Avengers. Queda claro entonces que el poder de Alberto no es lo que era, que la facción kenjista no era tan numerosa y que Keiko ganó la puja. ¿Puede cambiar la situación? Sí, si su caída en las encuestas se profundiza. Pero por ahora sigue reinando en la bankada.

Por centrarnos en los problemas, conflictos y contradicciones del gobierno se pierde de vista un aspecto muy grave del mismo: el debilitamiento de una serie de reformas, limitadas pero importantes, que buscaban enfrentar problemas e insuficiencias del modelo de desarrollo adoptado en los noventa. Esta situación no puede atribuirse a la debilidad del gobierno o a la crispación que vive con el fujimorismo; la explicación pasa principalmente por la voluntad expresa de desmantelar dichas reformas o un claro desinterés en las mismas. Los esfuerzos de diversificación productiva e innovación, la reforma educativa, la necesidad de fortalecer y reforzar técnicamente los programas sociales, la reforma universitaria, o incluso políticas de profesionalización burocrática que tenían continuidad por tres gobiernos, se están degradando o simplemente desapareciendo. Como saben bien quienes han pasado por el Estado, para matar una reforma basta con nombrar a su cargo a personas que no creen en ellas o a incompetentes. En sus manos las reformas pierden visibilidad, presupuestos, poco a poco desaparecen del debate público y se apagan. No es que sorprenda. El grupo que ganó la elección representa a un sector que no cree en esas reformas, muy atado al mantra noventero de que el crecimiento y las inversiones producirían una serie de cambios positivos a nivel institucional. O a confiar en los privados como solución a los problemas públicos. Así, se nombró a personas que no creían en las misiones de sus ministerios. La salida de Jaime Saavedra y luego Mairlú Martens fueron bajándole el tono a la reforma educativa. Juan Carlos Cortés ha renunciado a SERVIR por el indulto a Fujimori, pero seguro pesó también en su decisión el segundo plano al que ha pasado la reforma del servicio civil. La apuesta fue claramente por el destrabe y la desregulación, el resto fue secundario. Pero las reformas no solo están huérfanas de gobierno. Tampoco tienen en la oposición defensores. El fujimorismo no ha mostrado mayor interés en una agenda reformista; por el contrario, su obsesión con el gobierno anterior lo han sumado a la demolición. No se observa tampoco a los otros grupos en el Congreso o a candidatos presidenciales comprándose el pleito. Así, las reformas terminan defendidas por ex ministros y burócratas de segundo nivel. Por supuesto, ya ni soñemos con reformas que nunca se iniciaron. Las corruptelas con privados que mostraron una serie de escándalos desde los noventa demandaban cambios considerables en materia de regulación. Si se creía en las tecnocracias como mecanismos de fortalecimiento estatal, se hacía necesario institucionalizarlas y burocratizarlas, limitando mecanismos de puerta giratoria. Las trampas para beneficiar privados y la debilidad burocrática evidenciadas en el SIS hacían necesarias medidas de cirugía mayor. Nada de eso se ha hecho ni se hará. No es prioridad, sea por ideología o cercanía al sector privado. Muchas de estas reformas buscan enfrentar los problemas de veinte años de estancamiento institucional, de debilidad estatal en diversos frentes y las claras limitaciones de políticas privatizadoras como respuesta a problemas públicos. Reformas que son solo cuestionadas en el curioso mundo de una derecha peruana atrapada en los noventa, personajes que se la pasan anunciando el riesgo de una pendiente resbaladiza que nos puede hacer caer al aprocalipsis ochentero o a la Caracas contemporánea. El mundo felizmente es bastante más complejo. Incluye a quienes puedan encontrar virtudes al modelo y a la vez criticarlo con evidencia. Países vecinos o cercanos con mejor regulación, sistemas universitarios públicos de mayor calidad, burocracias más competentes, más inversión en innovación. Ninguna opción es milagrosa y la prudencia es necesaria, pero esas experiencias nos sirven para romper inercias y explorar posibilidades. Sin políticos que promuevan y defiendan estas reformas en el gobierno o en la oposición, parece que el futuro será de más debilidad y retroceso. Suena a burla, entonces, que el indulto a Fujimori sea defendido por la premier Aráoz por la necesidad de avanzar reformas. ¿Cuáles reformas?

En una entrevista publicada el jueves en este diario, se me consultó si las protestas contra el indulto podrían tumbar al Presidente. Respondí que si bien las protestas eran valiosas y relevantes en un país tan desmovilizado, consideraba que la reacción ante una medida de tal magnitud era hasta ahora limitada. No solo en la calle, sino también por las pocas renuncias en el gobierno. Concluí señalando que la situación debería dejarnos como lección que “los que están en contra del indulto no están políticamente representados, por lo tanto, el centro y la izquierda deben organizarse”. Aprovecho este espacio para desarrollar lo que quise decir al vincular la reacción al indulto con la urgencia de construir alianzas y organización. Piense lo que representa el indulto. El gobierno que ganó la presidencia gracias al apoyo en segunda vuelta de 30% de ciudadanos que no querían al fujimorismo en el poder, optó por un pacto de supervivencia que traiciona a esos votantes. A nivel de su personal político, también le importó poco perder buenos cuadros. No minimizo el impacto político de la medida: aísla más al Presidente, lo hace vulnerable al ánimo del fujimorismo, limita sus opciones de convocatoria al gabinete Choquehuanca – Barbadillo (Vergara dixit) y es probable que condene al gobierno a vegetar en términos de popularidad. Mi punto es que este indulto negociado, burlesco, sería mucho más costoso en términos políticos en un país donde las elecciones arrojen una representación más fiel a la opinión de los ciudadanos, ese 40% que hoy rechaza la medida pesaría más (y probablemente sería mayor). Así, los sectores críticos y opuestos al fujimorismo, muy relevantes en elecciones, no tienen similar presencia en el Ejecutivo y Congreso fuera de tiempo electoral. Con una mejor representación de ese sector, otros hubiesen sido los cálculos del gobierno y las consecuencias de sus actos. Los que hoy representan a este sector son una izquierda dividida y algunos congresistas centristas. Pero no tiene que ser así, por ello la lección que creo debería dejarles a quienes aspiran a representar a estos ciudadanos es la urgencia de la organización. La precariedad actual, un fujimorismo fuerte y las dificultades estructurales para formar organizaciones políticas deberían ser poderosos incentivos para buscar acuerdos y consensos en la izquierda y el centro. La izquierda debería unir esfuerzos y reconocer que sus diferencias son menores que sus similitudes. Han debilitado recursos invalorables en nuestro páramo político: una candidata carismática, una marca que empezaba a hacerse conocida y una débil pero existente red en las regiones. El centro está peor, existe en las encuestas pero no en la política. En elecciones se divide entre candidatos presidenciales. El que se le acerca más suele ganar, pero termina sin representación cuando esos candidatos abandonan su prédica electoral. Un centro hoy malaguoso que podría construirse de diversas maneras. Puede incluir la centro-derecha liberal de personas como Cateriano o De Belaúnde, el centro intuitivo, difuso, de Guzmán, las demandas regionales críticas de Yamila Osorio o César Villanueva, y la socialdemocracia de Barnechea o Del Solar. Difícil que vayan todos juntos, pero hay diversas sumas posibles que contrarrestan sus debilidades individuales. ¿Por qué la dificultad de coordinar para formar organizaciones más amplias? Un factor crucial es la convicción, sustentada en evidencia de elecciones pasadas, de que con un poco de suerte se puede ser Presidente. ¿Para qué coordinar si se puede ganar con un buen candidato o candidata que con 18-20% pase a segunda vuelta? Y todos creen que pueden serlo. Pueden ganar, sí, pero la coyuntura actual debería enseñarles dos cosas. Primero, ganar sin apoyo en el Congreso y cierta presencia regional es condenarse a la debilidad. Segundo, sin cuadros de gobierno, que conozcan bien el Estado, las demandas urgentes y los escándalos se comen tu agenda de reforma. El antifujimorismo no es el mayor partido del Perú: es un estado de ánimo sin esqueleto. Si no logra concretarse en organizaciones con propuestas, ideas, valores y capacidad de movilizar, seguirá como hasta ahora. Los sectores críticos y opuestos al fujimorismo, muy relevantes en elecciones, no tienen similar presencia en el Ejecutivo y Congreso fuera de tiempo electoral.

Por diversas razones celebro el rechazo a la vacancia presidencial. Para comenzar, la vacancia por incapacidad moral no debería ser utilizada para destituir Presidentes sin una causa clara. La vacancia, además, nos llevaba a lo que una mayoría de votantes de PPK en segunda vuelta quería evitar: un gobierno Fujimorista. Y probablemente a elecciones sin opciones plurales. Es justa, además, la derrota de Keiko Fujimori. Su agresividad e inmadurez esta vez tuvo costos para su liderazgo. Y también celebro que Marco Arana y el Frente Amplio hayan quedado como termocéfalos funcionales al Fujimorismo. Pero hoy más importante que hablar del resultado positivo es evaluar lo delicado de la situación y la responsabilidad del Presidente. Un Presidente que no me sorprendería vuelva a encerrarse en los círculos que lo han llevado a la debilidad y la irrelevancia. Un tipo con suerte, pero que no la merece. La crisis la podemos rastrear a malas decisiones tomadas desde el primer día de gobierno. El Presidente tenía un mandato y un deber. El mandato era representar su voto de segunda vuelta. Eso implicaba construir un gobierno de base ancha que trascendiera al PPK del 2016 y el 2011. No salir a pelear, pues era suicida, pero sí entender que tenía que ser algo muy distinto al Fujimorismo. El deber era despejar toda duda sobre posibles conflictos de interés dada su fama de lobbysta. Estos imperativos eran además lo que el pragmatismo mandaba para sobrevivir en aguas políticas complicadas, agitadas todavía más por el caso Lavajato. No hizo nada de eso. Tras un discurso republicano inaugural, construyó un gobierno a su medida. Sus gabinetes se hicieron cada vez más timoratos con el fujimorismo. No entiendo a los opinantes que pintan el conflicto actual como un choque de trenes. Lo que yo he visto es un tren que atropella y un gobierno débil que retrocede balbuceante. Fue irónico, por ejemplo, ver al Presidente acusar al Fujimorismo por dar un golpe al Tribunal Constitucional cuando ¡fue uno de sus ministros quien presentó la denuncia contra los magistrados! Pero su conducta con respecto a su pasado empresarial fue también grave. No solo se rodeó de asesores y ministros cercanos a ese mundo, sino también centró su agenda en temas que abren la puerta a posibles cargas explosivas: destrabar inversiones y agilizar trámites. Nadie niega que son temas relevantes, pero dado su perfil y lo que veíamos con los escándalos, ¿no era más urgente reforzar burocracias, construir candados, establecer claras reglas para los conflictos de interés? Lo más grave es lo que hoy sabemos. Si le creemos, no averiguó sobre los posibles conflictos de interés de sus negocios y su función pública. Si no le creemos, simplemente nos mintió. Equiparar ser propietario de una empresa con dueño de una casa nos muestra la banalidad con la que entiende la distancia entre lo público y lo privado. Es precisamente su paso por el Estado, sus nombramientos, lo que le da valor a esa empresa. Es como estar en capacidad de cambiar la zonificación de la casa. Sus clientes compran, o creen que compran, llegada, influencia. Y él ganó con eso. Hoy Kuczynski es un presidente débil, al cual lo seguirán persiguiendo sus negocios. Y si todo sigue igual no tendrá una segunda oportunidad. El indulto a Alberto Fujimori, por ejemplo, probablemente uniría a Fujimorismo e Izquierdas a la espera de cualquier razón para vacarlo. Así, tiene dos objetivos urgentes. Primero, volver al primer día y hacer lo que no hizo: salir de su encierro, construir alianzas, defender las instituciones, armar una verdadera muralla a los intereses particulares y nombrar ministros que sin buscar pelea sepan poner límites políticos claros al Fujimorismo. Su abogado lo hizo con inteligencia. Segundo, construir un gobierno que lo pueda sobrevivir. No queda espacio para discutirlo, y reconozco que es un tema complicado, pero creo que los que celebran la estrategia de renuncia de los vicepresidentes para salvar la vacancia confunden el objetivo de PPK de quedarse en el gobierno con el bien común. Nos pudieron dejar celebrando Navidad con Galarreta en Palacio. Nos deben un Plan B y eso pasa por construir un gobierno viable dirigido por sus vicepresidentes.

Diversas teorías que buscan explicar el surgimiento de cortes supremas, fiscalías y tribunales constitucionales independientes apuntan al pluralismo político como factor crucial. Sin pluralismo los gobiernos pueden pasar por encima de estas instituciones ante decisiones que los afecten. Donde hay fuerzas políticas compitiendo por el poder, donde no hay claras hegemonías, es más probable que estas instituciones desarrollen y mantengan su independencia. ¿Por qué? Pues porque, de acuerdo a la teoría, las fuerzas políticas de oposición fuertes verán en las cortes un seguro para sus intereses, un espacio donde poder controlar al Ejecutivo. Las defenderán y evitarán su control político. Y el propio gobierno verá una justicia independiente como un seguro para cuando dejen el poder. Estas teorías contienen una gran verdad: el pluralismo parece necesario para ganar independencia. Fujimori, Chávez, Correa o Morales demuestran que Presidentes hegemónicos son barreras a una justicia independiente. Al mismo tiempo, la teoría tiene vacíos y así lo reconocen varios trabajos de política comparada. No toda institución aprovecha esos espacios: si carecen de recursos, tienen culturas internas acostumbradas a la subordinación, hay alta corrupción, pues es probable que sigan en sus trayectorias previas de debilidad. Asimismo, al centrarse en las fuerzas políticas, la teoría obvia que el poder es más diverso y complejo en la sociedad –por ejemplo, poder empresarial también puede afectar a una justicia autónoma–. Más que solo pluralismo político parece necesario y relevante para explicar este tipo de construcción institucional. En el Perú desde la transición no hemos tenido un cambio sustantivo en la justicia a pesar de gozar de cierto pluralismo. Sin embargo, hay procesos lentos e invisibles para el público que han ido en esa dirección. Aumentar sueldos ha permitido atraer mejores profesionales; la necesidad de responder a investigaciones complejas ha mejorado las capacidades de jueces y fiscales; mayores contactos internacionales han dado recursos y conocimientos. La llegada de personas con prestigio interno y externo a su dirección ha reforzado la meritocracia. Considero que hoy estamos en un momento clave, una oportunidad, para ganar independencia y asentar estos cambios. El escándalo Lava Jato tiene la ventaja de venir de fuera. Difícilmente puede ser controlado internamente con un pacto político de los afectados. Un manejo inteligente de sus cabezas, y la presión crítica de diversos actores, podrían llevar a una justicia más profesional e independiente. Si se opta por este esfuerzo, el pluralismo político es valioso pues permite a fiscales y jueces conseguir apoyo en distintos sectores, a veces insospechados o críticos de su acción. No tengo duda de que se estaba investigando a los empresarios de las consorciadas de Odebrecht, pero no creo que se hubiese sido tan firme sin Fuerza Popular demandando –y paradójicamente apuntalando– la acción contra ellos. Del mismo modo, el allanamiento a Fuerza Popular se facilita pues el resto de fuerzas políticas empuja a que no queden fuera de las investigaciones y blinda de la retaliación naranja. La Fiscalía y los jueces vienen ganando reconocimiento entre un sector de la población que les era ajeno. Sin embargo, el juego es complicado y las malas decisiones pueden ser muy costosas. Se está abusando de la prisión preventiva, comenzando con los esposos Humala-Heredia. No solo es injusto, sino suicida si se quiere lograr un proceso que se sostenga. Pocos dudan que Toledo merece la prisión, por ejemplo, pero otros casos requieren pruebas de igual fuerza. Y la evaluación sobre el reciente allanamiento a Fuerza Popular, más allá de lo que pensemos de ese partido, dependerá de que conozcamos los indicios que llevaron a la acción. Si estos fueron pocos, y no hay resultados, la fiscalía habrá dado armas a sus críticos. Como ciudadanos parece que tendremos que movernos entre la vigilancia, el apoyo y la crítica, evitando juzgar desde nuestros gustos políticos. Para que el proceso continúe se debe evitar que vuelvan a la dirección de estas instituciones personajes grises. Y criticar todo signo de parcialidad. Ojalá desde las instituciones de justicia alguien esté viendo el episodio como una oportunidad de cambio institucional.

Desde hace varios años el Fujimorismo viene haciendo lo que hacen los partidos en países con grupos políticos más sólidos: esfuerzos de fortalecimiento partidario en tiempo no electoral. Considero que ello constituye un cambio de juego que debería llevar a revisar las estrategias de quienes aspiran a gobernar el 2021. La política post-transición ha visto pocos esfuerzos por construir partidos, en parte por la debilidad y desprestigio de organizaciones que tienen poco que ofrecer (no pueden), pero también porque los líderes de partidos en su mayoría personalistas veían como contraproducente o innecesario para sus intereses este esfuerzo (no intentan). Los rasgos más saltantes de esta forma de hacer política son el desinterés de los presidentes por reforzar sus “partidos” y que los candidatos que buscan la presidencia solo hagan política en tiempo de elecciones nacionales, desatendiéndose de las elecciones locales e incluso de la política cotidiana. Los últimos presidentes no se preocuparon por la construcción partidaria. En vez de promover a potenciales candidatos que puedan sucederlos y darle algún éxito a sus partidos cuando dejen el gobierno, optaron por el personalismo. Preferían asegurar su posición dominante en el partido para su siguiente elección que intentar darle vida propia. Asimismo, los voceados como candidatos presidenciales parecen más interesados en pasar desapercibidos en tiempos no electorales que en hacer política. Seguro aconsejados por asesores de imagen que intuyen los costos de un escándalo o el fracaso en elecciones locales, intentan llegar con fuerza a la campaña presidencial sin atraer atención antes de tiempo. Alguna alianza regional, una apuesta provincial, pero poco más. Esta forma de hacer política ha sido discutida en diversos trabajos académicos que resaltan cómo la debilidad partidaria se vuelve a su vez en un incentivo para apostar por el corto plazo y no construir organización: no necesito un partido para ganar pues nadie lo tiene, e incluso me traería problemas, entonces no invierto en construirlo. Un círculo vicioso que reduce la posibilidad de reconstruir partidos. Como en toda historia, hay excepciones. APP sí ha invertido y obtenido relativo éxito en elecciones locales, en buena parte gracias a sus recursos materiales. Y claro, el Fujimorismo que desde el 2010 aproximadamente apostó por participar en política local. Pero en general lo que impera es esta suerte de desinterés, donde los políticos con posibilidad de ganar la presidencia desaparecen en tiempo no electoral. Pues bien, el éxito Fujimorista en la elección del Congreso del año pasado hace que estos cálculos pragmáticos deban ser revisados. Ahora sí hay un costo por la inacción. El trabajo de atraer y promover candidatos en las elecciones locales del 2014 sirvió al fujimorismo para consolidar sus futuras candidaturas del Congreso y lograr una mejor base de apoyo logístico territorial. Ayudó el capital político de su candidata, pero no hay que minimizar que ella decidiera invertirlo en el espacio local. También ayudaron, claro, recursos de procedencia dudosa como los del investigado Joaquín Ramírez y alianzas regionales cuestionables. Pero como sea, la apuesta es parte de la razón por la que hoy cuentan con abundantes curules. Vemos que el fujimorismo también está apostando fuerte por las elecciones del próximo año. No solo buscando candidatos, sino promoviendo cambios en reglas electorales que seguro ya tienen nombre propio (no es ya necesario domiciliar en una localidad para postular en ella, por ejemplo). De tener mayor éxito que en la elección pasada, se abre una mejor base desde donde construir su 2021. Quienes aspiren a gobernar el 2021 deberían evaluar que su silencio fuera de tiempo de elecciones ahora sí tiene un mayor costo. No participar implica ceder terreno a un rival que tiene en el Congreso una fortaleza que puede mantener incluso perdiendo la presidencia ese año. No es fácil, tiene costos, pero parece bastante claro que la próxima presidencial se juega desde el 2018.

¿Por qué es tan grave la denuncia constitucional planteada por el vocero fujimorista Daniel Salaverry contra el fiscal Pablo Sánchez? Porque esta decisión, que se suma al trámite de otra denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, pone al fujimorismo en otro nivel de conducta antidemocrática, trayendo de vuelta justificaciones y abusos propios de sus peores noventa. Una acusación constitucional es una forma extrema de control político. Puede llevar a la destitución e inhabilitación de una serie de altos cargos con el voto de 2/3 de congresistas sin que exista un delito que la motive, basta esa figura tan poco precisa que es la infracción a la Constitución. Pero aunque imprecisa, queda claro por la gravedad de sus consecuencias que estamos ante una figura para casos excepcionales, abusos claros contra la Constitución. Pues bien, si usted revisa la acusación presentada le será fácil darse cuenta de que carece de toda proporción y sentido común. Las responsabilidades imputadas son generales y las supuestas omisiones, absurdas. Un remedio para actos muy graves se está aplicando por capricho. Queda claro que el objetivo real es meter miedo, afectar la autonomía de un poder del Estado y limitar el control al fujimorismo. Y este despropósito ha sido aplaudido por la ‘bankada’, acercándonos al número de votos necesario para la destitución. Aunque el tema de fondo es más polémico, también constituye un abuso lo que se viene haciendo en el caso de los cuatro magistrados del TC. Considerar que una interpretación jurisdiccional puede constituir una infracción a la Constitución tampoco es democrático. No es que sorprenda. Hasta ahora el Fujimorismo no ha dado muestras de moderación, ni en la campaña ni en su primer año controlando el Congreso. Es cierto que en ocasiones se calificó como abusos a acciones que califican de control parlamentario (control de decretos, por ejemplo, o pedidos de información). Pero en general su actitud ha mostrado un nulo esfuerzo por brindar garantías democráticas o mostrar un reconocimiento de la pesada carga de sus abusos pasados. Una bancada no solo sin agenda de fortalecimiento institucional: también vocera de intereses particulares que afectan reformas en curso. No sorprende, pero la insolente demostración de poder de esta semana sí cambia el juego político, es un parteaguas. Y, si se les respondiera con la fuerza que amerita la bravuconada, sería también un error. Puestos en la balanza lo que se gana y lo que se pierde con estos actos hacia el 2021, considero que esta semana debería costarles. Especialmente frente a esos votantes que definen la segunda vuelta, su talón de Aquiles. Lamentablemente es posible que esta conducta no le cueste a Keiko Fujimori en forma significativa. Para que ello suceda debería tener una respuesta contundente de actores clave: gobierno, instituciones, otras opciones políticas, gremios, medios. Pero la respuesta está lejos de esa contundencia: la Fiscalía en bloque, otras bancadas, algunos editoriales, unos cuantos periodistas en televisión, y poco más. Ha dicho poco un gobierno que no parece tener ministros capaces de transmitir la gravedad de lo sucedido, ni qué decir el Presidente. Además, en un país presidencialista, no basta que ex candidatos lancen críticas en redes sociales; tienen que comunicar su indignación, comprarse el pleito, hablarle a su rival para que le cueste. De gremios económicos ya no se espera nada; seguro creen que si critican se espanta la inversión. Y de una televisión abierta, convertida en su mayoría en programa concurso, tampoco. Así, un acto muy grave ha pasado sin recibir una respuesta contundente. Y sin límites externos el pensamiento bravucón que parece guiar los debates internos en la ‘bankada’, se refuerza. Advertidos. PD. Envié la columna antes de leer las noticias sobre Marcelo Odebrecht. Ahora con más razón es necesario apoyar a Pablo Sánchez.

Los problemas del censo del domingo pasado han dado lugar a una serie de críticas hacia el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), varias de ellas justificadas y otras bastante menos. La institución viene siendo cuestionada con dureza, rodó la cabeza de su jefe interino y ahora se espera el nombramiento de un nuevo jefe. No pretendo negar los problemas, pero quiero ofrecerles una mirada más amplia sobre el INEI que cuestione alguno de estos calificativos fáciles y permita avanzar hacia una agenda más propositiva. Probablemente lo que diga no sea popular en este momento de indignación, pero sin nos quedamos en la crítica superficial perderemos una oportunidad de promover una mayor calidad estadística en el país. Desde el año pasado participo en una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la capacidad estadística de diez países de América Latina. Me ha tocado mirar al INEI en profundidad, así como analizar junto a otros colegas qué factores explican la fortaleza o debilidad de otras nueve oficinas nacionales de estadística en la región. Pues bien, esta mirada al INEI muestra una institución reconocida como competente, que cumple con producir información relevante para el Estado y diversos sectores privados. Desde una perspectiva comparada, el INEI es un caso de calidad intermedia, evaluado por encima del promedio de la burocracia peruana, que ha logrado construir cierta capacidad en forma gradual y sostenida. Investigadores y usuarios entrevistados señalaron varias críticas e insuficiencias a su labor, pero en general reconocen el profesionalismo de varios de sus funcionarios. A su vez, el estudio detectó debilidades: ausencia de peso político y autonomía funcional, lo que le dificulta iniciar reformas o exigir más atención a sus necesidades; debilidad presupuestal que afecta la calidad de su personal y equipos; limitada innovación en nuevas formas de producción de datos; entre otras. Algo resaltado por varios entrevistados fue que dadas las condiciones en las que desarrolla su labor, sorprende que la institución logre hacer todo lo que hace. La situación se agrava pues al INEI le cuesta retener a su personal; tras capacitarse, parten a puestos mejor remunerados. Sin renovación, la jubilación de varios de sus técnicos, ya bastante mayores, tendrá un impacto muy negativo en su capacidad. Entonces, los problemas con el censo sin duda muestran debilidad en una de las principales funciones del INEI, pero para buscar soluciones es necesario reconocer que estos problemas son en parte consecuencia de la baja prioridad que le han dado los gobiernos desde hace décadas. Los ochenta, entre crisis económica y desinterés político, pauperizaron al INEI. El Fujimorismo tuvo una mirada limitada sobre la importancia de la estadística, además de ser, como sabemos, opaco en su manejo de la información. La transición democrática permitió mayor calidad y transparencia en el instituto, pero en los gobiernos sucesivos estos cambios han sido limitados. Hay, entonces, una gran responsabilidad de los gobiernos en el problema y una agenda de reforma más amplia que cambiar su jefatura. Un cambio real pasa por dotar de recursos y aumentar el salario de su personal, especialmente a sus altos cargos y técnicos. Pasa por crear un Consejo Directivo de alto nivel que refuerce su calidad y lo blinde de presiones políticas. La experiencia comparada puede ayudar en este esfuerzo: una mirada a las reformas de los hoy muy competentes institutos de México y Brasil nos daría algunas ideas de cómo aumentar la calidad y autonomía del INEI. La salida fácil es continuar con la crítica como hasta ahora, reformar requiere mucho más que eso. PD. Mi solidaridad con ANFASEP, una institución digna y valiente, frente a críticas tan idiotas como peligrosas.

Esta semana se repitió una dinámica que se viene dando desde los noventa. Opiniones de Mario Vargas Llosa sobre el Fujimorismo, en este caso su crítica a la posibilidad de que se indulte a Alberto Fujimori, fueron respondidas desde este partido con el consabido argumento del odio y la piconería por la derrota de 1990. Lo distinto en esta ocasión es que no estuvieron solos. Mercedes Aráoz repitió el insólito argumento: Vargas Llosa, pues, “perdió una elección y probablemente de ahí parte su razonamiento”. En tiempos de debates maniqueos y simplones hay niveles de inteligencia que los políticos deben intentar mantener. Una forma de distinguir si quien tenemos al frente es un oportunista, un rencoroso o alguien que actúa por principios, es su trayectoria de vida y coherencia. La posición de Vargas Llosa, antes que un anti, es la defensa de valores que se oponen a la conducta autoritaria del Fujimorismo en el pasado y lo que queda de estos rasgos en el presente. El escritor viene criticando al fujimorismo desde el golpe del 5 de abril. Eran críticas consistentes con su prédica en la elección que perdió, cuando también propuso una serie de reformas de mercado que Fujimori luego adoptó. Pero su liberalismo lo llevaba a ponerle igual o mayor atención a la construcción de institucionalidad política: separación de poderes, justicia eficiente y democrática, respeto a los derechos humanos, entre otros temas. El golpe de Fujimori mostró la diferencia entre esa derecha institucionalista y buena parte de la élite económica y política. Varios de sus aliados en el FREDEMO, los que lo celebraron por oponerse a la estatización de la banca, se encandilaron con la reforma de Fujimori y apoyaron el creciente macartismo del régimen. Pero la crítica al autoritarismo es bastante anterior al golpe de 1992. Desde que Vargas Llosa abandona la simpatía por la izquierda revolucionaria, se vuelve un abanderado de la democracia liberal. En la web se encuentra el video del evento de agosto de 1990 en el que Vargas Llosa denomina al PRI la “dictadura perfecta” en México. Lo hace al responder una afirmación de Octavio Paz sobre la supuesta ausencia de dictaduras en dicho país. Al parecer, Paz se refería a la ausencia de caudillos militares, dictadores, no al autoritarismo. Pero Vargas Llosa entiende que está hablando de un México democrático y se lanza con todo. En siete minutos de inspiración, define al gobierno del PRI como un régimen que simulaba respetar el pluralismo, pero en realidad usaba al Estado para amañar resultados electorales y perseguir a la oposición. Al hacerlo describe con precisión un autoritarismo con elecciones, fenómeno que se volvió común tras la caída del muro de Berlín y que no distingue ideologías. Convengamos, por lo menos, que su predicción en 1992 sobre abusos y corrupción fue bastante precisa. Y si observamos la chatura intelectual de una derecha local que sigue actuando como si un modelo económico engendrara instituciones inclusivas y democráticas, pues más razón para tomárselo en serio. ¿Alguien que haya leído Conversación en La Catedral puede pensar que envidia a personas que actuaron como Cayo Mierda y su comparsa? Podemos discrepar con otras ideas, pero no negarle solidez o banalizar sus ideas. ¿Entiende, señora Ministra, por qué es grave su declaración? Si de verdad cree lo que dijo, por favor, infórmese mejor. Y si manipula la verdad para apaciguar al fujimorismo, sea consciente de que vende por muy poco el apoyo de sectores que hasta ahora han defendido a su gobierno. A diferencia de muchos que no veían con entusiasmo a PPK y su plancha presidencial, Vargas Llosa hizo campaña desde el inicio por ustedes. Si en un tema tan importante para sus votantes su razonamiento no puede distinguirse del de, digamos, Héctor Becerril, ¿qué le queda para ofrecer? Y si manipula la verdad para apaciguar al fujimorismo, sea consciente de que vende por muy poco el apoyo de sectores que hasta ahora han defendido a su gobierno.

Para Karina Beteta el Tribunal Constitucional ha actuado de manera golpista y antidemocrática. Mauricio Mulder no ha sido menos en su crítica: el TC es igual a la corte Suprema de Venezuela, “un tribunal de pacotilla”. Así han respondido ambos parlamentarios a la (supuesta) sentencia del TC filtrada por el Congresista Gilbert Violeta que declararía inconstitucional en parte la llamada “ley del transfuguismo”. La norma se excedería al impedir a los parlamentarios formar nuevas bancadas y participar en instancias de gobierno parlamentario. Estas declaraciones son impertinentes y exceden la crítica responsable a un caso constitucional. ¿Es acaso un golpe de Estado controlar al poder que estos tribunales fueron creados para controlar? El que estas cortes se hayan empoderado y difundido en Europa tras la segunda guerra mundial obedece precisamente a la convicción, surgida de la experiencia entre guerras, de que los parlamentos elegidos democráticamente también podían ser actores antidemocráticos y vaciar de contenido la Constitución. Por ello había que limitar su poder a través del control constitucional. Puede gustarnos o no la resolución, de hecho como en todo caso constitucional difícil hay espacio para la divergencia. Pero hay algo que parece muy claro y que debería guiar la discusión en torno a la sentencia: sí hay un debate constitucional de fondo. La norma impugnada es claramente polémica por su rigidez y el limbo en que deja a congresistas expulsados o renunciantes a las bancadas. De confirmarse la sentencia, el órgano a cargo de establecer cuál es la interpretación “correcta” de la Constitución ha tomado una decisión. Y habría señalado que el Congreso ha legislado más allá de sus facultades. Es decir, el TC ha hecho lo que le manda la Constitución y se ha llegado a una decisión respetando su procedimiento. Entonces, de golpe de Estado nada. Llamar a la desobediencia o atacar al TC es irresponsable, especialmente teniendo en cuenta nuestra historia reciente. Felizmente otros parlamentarios de FP, como Úrsula Letona, han tenido una aproximación más democrática al tema: critican, pero aceptan la legitimidad del fallo. La comparación con la Corte Suprema de Venezuela se justificaría si se tratara de un tribunal que ayuda sistemáticamente al gobierno para controlar a la oposición. Algo así como lo que hacían aquí la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional a fines de los noventa. Pero no es ni siquiera claro que esta resolución ayude al gobierno: si bien afecta a la bancada mayoritaria, es evidente que también afectará al Ejecutivo pues parte de su bancada podría abandonarlo. Estos tribunales merecen ser cuestionados con toda dureza cuando se comportan como felpudos del Poder Ejecutivo o las mayorías parlamentarias. Pero este no es el caso. Pero si la reacción ha sido carnavalesca, la forma en que hemos llegado a esta discusión es también lamentable. El congresista Gilbert Violeta ha filtrado un proyecto de resolución. Su objetivo era probablemente evitar que algún magistrado se eche para atrás. Su criollada es irresponsable e incluso podría ser contraproducente para sus intereses. Si el resultado no es el anunciado, tal vez por la propia polémica generada, la impresión será que el TC le tiene miedo al Congreso, mellando más su credibilidad. Por supuesto, tan o más irresponsable que Violeta es el magistrado o funcionario que le entregó el borrador. ¿Por qué debería preocuparnos este manoseo de unos y otros? Porque golpea la legitimidad de un órgano que, con altas y bajas, ha construido cierta autoridad para controlar al poder, cosa rara en el Perú republicano. Una institución que hay que cuidar para retos más complejos. Así como hay casos donde caben distintas interpretaciones, hay otros para nada grises donde un tribunal autónomo es crucial para limitar el poder de un Ejecutivo o Congreso antidemocrático. Casos donde el origen político del Tribunal no le impide llegar a consensos que limiten excesos autoritarios. Si las cosas van mal, este tribunal seguramente tendrá que arbitrar entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tratar al TC de esta manera es debilitarlo para cuando tenga que dar otras batallas más complicadas. La norma impugnada es claramente polémica por su rigidez y el limbo en que deja a congresistas expulsados o renunciantes a sus bancadas.

Han tomado treinta y cinco años desde producidos los hechos de Los Cabitos, doce años de trámites, para concluir este caso simbólico. Un caso que muestra con claridad por qué no se puede calificar de hechos aislados a las violaciones a derechos humanos producidas en el conflicto interno. El conocimiento entre la población de Huamanga de las atrocidades que se cometían en el cuartel y las abundantes denuncias ninguneadas son ejemplo del grado de impunidad que vivimos. Al leer los reportes de la audiencia pensaba en los familiares allí reunidos y en lo poco que el Perú los conoce. A pesar de que sus historias nos recuerdan cómo la democracia de los ochenta fue incapaz de protegerlos de abusos propios de dictaduras centroamericanas o del cono sur, el público no los conoce. Y ello se explica en buena cuenta porque si la atención de la mayoría de medios al proceso ha sido limitada, la brindada a las víctimas y familiares ha sido incluso menor. Ellos no han tenido espacio en su agenda informativa como actores, a lo más son parte de la noticia. La valiente y generosa Angélica Mendoza, madre de una de las víctimas, es una excepción (parcial) a este estilo de no darles voz a los familiares y hay medios que sí han recogido testimonios, pero ello no rompe esta tendencia general. Este ha sido el patrón al informar sobre el conflicto interno. Cuando se discute el tema (si se discute) se invita a quienes debaten sobre cómo interpretar los hechos, no a los afectados o sus representantes. El contraste es evidente si nos comparamos con Chile o Argentina donde las víctimas y familiares tienen mucha mayor presencia pública. Por razones que van desde su procedencia social, el poder de quienes prefieren silenciar el tema, una agenda informativa “nacional” hecha desde Lima y para Lima, nuestras víctimas y sus familiares no han sido interlocutores. ¿Por qué importa? Para comenzar, porque se trata de temas graves que deberían tener espacio en el debate público. Por lo que simbolizan, medios responsables y democráticos deberían hacer un esfuerzo para darles relevancia. Pero además por un tema más de fondo que apunta a la raíz de estas injusticias: la empatía difícilmente se construye si no hay espacio para conocer historias particulares. Una cosa es escuchar una cifra y teorías sobre la violencia, otra ponerles rostro a esos números, conocer una historia, asomarse en base a ejemplos concretos a las causas profundas detrás de estas tragedias. Eso no se logra solo con menciones rápidas en el noticiero o reportajes. Sin una conversación larga, detallada, esas víctimas nos resultarán ajenas, fácilmente caricaturizables por el político o el comunicador que insisten en negar o minimizar sus tragedias. Por ejemplo, ¿a cuántos inocentes acusados por terrorismo y luego indultados ha visto usted en medios? ¿Sería tan fácil para algunos decir que desde el año 1997 se liberó a centenares de terroristas si conociéramos más las historias de presos por homonimia, torturados, acusados sin pruebas o víctimas de conflictos comunitarios? Y no se trata solo del pasado, esta conducta sigue reproduciéndose. Si bien creo que hay más conciencia de cómo las desigualdades nos afectan como sociedad, hay patrones difíciles de desenraizar. Hemos pasado varios días debatiendo sobre el libro de María Cecilia Villegas sobre las esterilizaciones forzadas. ¿Cuántas víctimas o sus representantes recuerda usted haber visto hablando de sus casos? Si la discusión es sobre la forma en que se implementó la política (no lo que decía en el papel), ¿esas voces no eran acaso importantes? Para colmo las condiciones para promover este tipo de reflexión parecen peores que en el pasado, pues en la televisión casi no quedan espacios de entrevista y conversación. El rating a toda hora, y no la calidad de las agendas o debates, simboliza la “fortaleza” de nuestra libertad de expresión. ¿Medios que se precian de ser democráticos no nos deben una mejor aproximación a estas brechas sociales, especialmente considerando sus silencios durante el conflicto y su complicidad en los noventa?

¿Por qué nos molesta tanto a algunos la ambigüedad con la que una parte de la izquierda trata el tema de Venezuela? Somos muchos los que hacemos esta crítica y no podemos ser incluidos (espero) entre los hipócritas que no ven los problemas de la democracia en el Perú o los que usan el caso venezolano para estigmatizar la posibilidad de una izquierda local. Para que la democracia signifique algo requiere que las elecciones sean justas y sus resultados recojan el consentimiento real, empírico, de la mayoría de ciudadanos. Justas porque el proceso debe ser competitivo, permitir opciones diversas y asegurar que los ciudadanos puedan formarse una opinión sobre quién debe gobernarlos por un periodo determinado. Ello implica reconocer y garantizar una serie de derechos. Sin ello no hay una real legitimidad democrática. El consentimiento debe ser “real”, empírico, porque no cabe asumir la voluntad de los gobernados. En los autoritarismos un partido, élite o burocracia iluminada suele justificar su poder en que saben mejor que el pueblo lo que realmente quiere o le conviene. La falsa conciencia marxista, la guía moral conservadora que requieren los ignorantes, o la superioridad del conocimiento técnico, son excusas comunes para eliminar elecciones representativas. Pues bien, basta tomarse en serio la idea de una competencia justa para calificar de autoritario al Chavismo desde hace años. Utilizó su popularidad para gobernar plebiscitariamente, controlar instituciones e inclinar la cancha contra sus rivales. Eso no quita que hubiese sectores de oposición golpistas o que en la actualidad haya radicales entre quienes protestan. Pero es cambiar la historia negar que este régimen matonesco desde muy temprano cometió abusos en nombre de un proyecto político. A pesar de lo abusivo, parte de la izquierda peruana y continental minimizó la crítica. Apelando al consentimiento mayoritario brindado por los votantes se señalaba que era democrático. Este consentimiento mayoritario además fue renovado en varias ocasiones. Las características negativas del régimen eran secundarias o subsanables. Discrepo de este argumento, por supuesto, pero cuando menos se basaba en una dimensión de la democracia para defender al régimen. Hoy, sin embargo, esta defensa ya no es posible. Se está justificando a un régimen que no se basa ya en el consentimiento mayoritario de sus ciudadanos. Se ha inventado un sistema de elección a la Asamblea Constituyente que sobredimensiona a un sector de fieles sobre el resto de la sociedad. Además, es evidente que dicha elección se ha hecho para reducir el poder del Congreso y limitar lo poco que le dejan hacer. La epopeya democrática de Manuel Dammert es un fiasco. Los críticos de las democracias latinoamericanas tienen razón al señalar que hay asimetrías de poder que restringen la justicia de las elecciones. La existencia de diversas formas de desigualdad hace que las personas estén sujetas a una serie de presiones al formar sus opiniones y que se cuelen en la competencia diversas injusticias (acceso a recursos, por ejemplo). Y sin embargo, el individuo que deja su voto en la urna es la base de la representación democrática, negarlo es abrir la puerta a que desde el gobierno se nos tutele sin control popular. A la izquierda no le ha ido mal electoralmente en este continente desigual. Lo que más molesta de este silencio o ambigüedad de una parte de la izquierda ante evidencia tan palpable es que muestra en qué medida para ellos es casi imposible reconocer que hay autoritarismos de izquierda, todo se justifica por el proyecto del régimen. Los que pensamos distinto somos manipulados o unos interesados en acabar con movimientos reformistas. Un anuncio de cómo se nos tratará si un día son gobierno, como pretenden serlo. No hablo de la izquierda en general pues desde hace tiempo, y especialmente en estos días, un sector importante de ella también critica con dureza al régimen de Maduro. Pero sí de quienes mientras escalan los abusos piden comprender la complejidad del caso (¿complejizaron así al Fujimorismo?), critican por igual a la oposición y apelan a galimatías para no nombrar la rata. Hoy, sin embargo, esta defensa ya no es posible. Se está justificando a un régimen que no se basa ya en el consentimiento mayoritario de sus ciudadanos.

Desde hace meses, pero con más virulencia en las últimas semanas, los voceros de un sector de la derecha construyen una caricatura política: el Antifujimorista, un actor irracional y antidemocrático que arrastra al país al abismo por su odio a Fuerza Popular. Los radicales antis que participan en el gobierno, además, serían los que empujan al Presidente a un conflicto suicida con el Congreso Naranja. En su versión más moderada esta derecha presenta al choque entre Ejecutivo y Legislativo como el conflicto entre dos irresponsables fuerzas equivalentes. Para el sector más duro, sin embargo, el Fujimorismo sería más una víctima respondiendo al agravio de los radicales. La receta para terminar el conflicto pasaría por echar a esos antis del gobierno y establecer un pacto de gobernabilidad, algunos hasta piden cogobierno. El indulto a Alberto Fujimori se presenta como un razonable gesto de paz. Esta versión tiene dos grandes problemas. Primero, que es totalmente falsa. Un gobierno débil, que se mete en problemas con la oposición más por la boca floja del Presidente que por ataques reales; un gobierno lleno de funcionarios que podrían haber sido ministros de Keiko donde los asesores son en amplia mayoría buenos amigos del régimen noventero, sería según estas versiones antifujimorista. Por favor. Este gobierno tiene de antifujimorista tanto como PPK tiene de caviar o comunista. Una mirada más realista vería que más que dos fuerzas equivalentes hay un gobierno débil y dubitativo, de avances y retrocesos, que no sabe cómo enfrentar a un movimiento que tampoco tiene claro lo que quiere. Impertinencias, como hablar del indulto cuando nadie lo mencionaba o pechar al Congreso sin estrategia alguna, son los errores del Presidente. Pero en la canasta de puntos para la crispación el Congreso lleva amplia ventaja, si no se reconoce ello y más bien se presentan culpas equivalentes difícil avanzar hacia una solución de fondo para los próximos cuatro años. Pero no es solo falso, es además arrogante caricaturizar como irracionales temas que van mucho más allá del odio y la revancha. Esta versión evade reconocer las múltiples razones que están detrás del rechazo al Fujimorismo. En su tesis doctoral Carlos Meléndez muestra cómo hoy una parte importante de ciudadanos se aglutinan en una identidad antifujimorista, en un claro “mal mayor”, que reúne a sectores que difícilmente estarían de acuerdo en muchas otras cosas. Pero ese anti no es gratuito, se basa en distintos valores y principios que se oponen a la trayectoria Fujimorista: preocupaciones institucionales y de derechos humanos, rechazo a sus recetas económicas, críticas centralistas, entre otras. De ese combo diverso sale ese 51% que inclina la balanza contra Keiko. ¿Son prejuiciosos estos sectores? Fuerza Popular no solo ha evitado un quiebre con su pasado, sino que en campaña mostró un lado prepotente. Y hoy lo sigue haciendo. Lo sucedido en el Congreso con Jaime Saavedra, el tono de las interpelaciones, la parcialidad al momento de nombrar altos cargos y sus propuestas de ley sobre libertad de expresión, avivan la convicción de que no han cambiado. No son prejuicios, entonces. Para buena parte de la población son realidades cotidianas Piénselo. Tan fuerte es ese sentimiento de rechazo que llevó a la amplia mayoría de ciudadanos del sur en la última elección a votar por el candidato más limeño, más de derecha y más lejano a sus preferencias económicas. Y el 2011 un buen contingente de la clase media prefirió a la economía de Humala que al Fujimorismo. No es poca cosa. Cualquiera que conozca la historia sabrá reconocer que partidos que ganan elecciones y son populares no siempre son fieles a la democracia. Una cosa es respetar la legitimidad electoral del Fujimorismo y otra no reconocer sus excesos, deudas y carencias. Si bien se necesita diálogo para superar los impases que vienen dañando a gobierno y oposición, se avanza muy poco en soluciones aceptables si se insiste en un diagnóstico errado que lava la cara a Fuerza Popular, le ahorra gestos democráticos, e invisibiliza a buena parte de la ciudadanía. Es más su agenda que la agenda del Perú. Fuerza Popular no solo ha evitado un quiebre con su pasado, sino que en campaña mostró un lado prepotente. Y hoy lo sigue haciendo

La tragedia de la Galería Nicolini nos muestra los costos de la desregulación e informalidad que campea en el Perú. Reglamentos de seguridad que no se cumplen, construcciones precarias a vista de todo el mundo y almacenamiento de inflamables en una zona urbana. Personas trabajando en semi-esclavitud, atrapados en una jaula de fierro por codiciosos empresarios que saben que pueden hacer casi lo que quieran, pues nunca llegará un fiscalizador laboral. La foto es la de un Estado sin dientes, cuya amenaza de sanción no se cumple o que incluso es detenido por otros órganos estatales corruptos. Todo a un par de kilómetros de Palacio de Gobierno. Y a pesar de esta evidencia trágica no se sorprenda si en los próximos días usted siga escuchando que en el Perú el problema es la sobre-regulación que entorpece la formalización. La cantaleta continúa, desde los noventa va más o menos así: lo que bloquea la formalización es un Estado-problema que afecta la voluntad de los informales de legalizar y proteger su propiedad. Si el Estado simplificara trámites para que sean realistas y flexibles, la formalización avanzaría pues favorece al informal, le da seguridad y valor a sus bienes. Aplique el mismo argumento al comercio informal, empleo, control de la minería ilegal, transporte, entre otros. La regulación excesiva y el Estado problema es la causa de que el potencial revolucionario de los derechos de propiedad no se concrete. El argumento contiene una parte de verdad, pero también una enorme falsedad. Contiene verdad pues, en efecto, hay mil maneras en que el Estado puede entorpecer la vida de las personas, desde permisos imposibles y papeleos absurdos, hasta cogollos de corrupción. Quienes critican al Estado y sus trampas, coimas y abusos cuentan con abundante evidencia que mostrar y hay que tenerla en cuenta. Pero la enorme falsedad está en creer que el problema es la mala o excesiva regulación que se solucionará acabando con esas barreras estatales. Por algo que debería ser evidente: para una gran cantidad de peruanos ese Leviatán regulador no existe fuera del papel, la realidad del jueves muestra que hoy no está en los cálculos y decisiones de los ciudadanos. La desregulación será igual que nada, pues hoy esa regulación no existe. Y ello porque no hay algo así como un incentivo evidente para la formalización. Sí, puede dar ciertos beneficios, pero se exagera en su atractivo. Es falso que los que carecen de propiedad formal no tengan otras formas de seguridad y de darle valor a su propiedad, desde arreglos sociales hasta mafias que te rompen los huesos si se incumple un contrato. Y siempre habrá costos que pagar al formalizarse, no solo beneficios. Si nada me obliga a cumplir las normas, los costos de la formalización serán siempre mayores. Más si, como muestra la evidencia, las entidades financieras son muy conservadoras al apoyar a ese nuevo sector formal. La compleja realidad de la informalidad hace que sin un Estado presente, capaz de regular y sancionar efectivamente, de proveer incentivos reales que hagan atractiva la formalización, las cosas seguirán igual. Esa discusión no está en el centro del debate en el Perú. Por el contrario, seguro a raíz del incendio se volverá a discutir en forma abstracta si es mejor el control previo para otorgar certificados de defensa civil o si la fiscalización posterior es más efectiva. Pero esa discusión pierde el punto principal: sea antes o después, la realidad es que no hay un Estado que fiscalice si se cumplen las normas. Sin suficientes funcionarios y recursos ninguna forma de control funcionará. Podemos darle puntos imaginarios a uno u otro, pero sin reconocer esa ausencia el debate es absurdo. La bala de plata de la formalización simplificadora se ha probado falsa y aquí sigue llenando editoriales, programas de gobierno y discusiones abstractas marcadas por la ideología. Se denuncia a un Estado que entorpece la creatividad y el emprendedurismo, cuando es necesario partir de reconocer que lo que hay es un Estado incapaz de cumplir funciones básicas. Aunque sea obvio hay que repetirlo: el Estado no es solo problema, es también posibilidad.

Pasado el verano de huaicos, se va diluyendo la imagen de cercanía y empatía del gobierno con la población lograda en esos meses. Se ha vuelto a las dinámicas que caracterizaron el primer semestre del presidente Kuczynski. Es difícil saber, tras casi un año de gobierno , cuáles serán los temas en que PPK invertirá su capital político, cuáles quiere que sean sus legados. Un mensaje que parecía más claro el 28 de julio se ha diluido en el ejercicio del poder. La pregunta que queda es si este será su estilo hasta el 2021 o si habrá sorpresas que mostrar. Si es lo primero, son malas noticias para un país ya acostumbrado a gobiernos que pasan sin construir plataformas de reforma. Difícil sorprenderse que un gobierno de PPK, tan noventero en muchos sentidos, no hiciera suyas políticas de diversificación productiva y no se entusiasme con programas sociales. Pero algunas agendas de reforma debían tener y saber transmitirlas. Para eso se gobierna. De haber autocrítica al interior del gobierno. Una primera conclusión de este año debería ser que la agenda del destrabe y la simplificación administrativa, la marca política por la que se apostó, no entusiasmó. Nadie discute que hay en estas reformas temas muy importantes y positivos para el ciudadano. Pero el tema dista mucho de marcar políticamente la cancha, de proponer un rumbo de conducción de un país e involucrar a los ciudadanos. En momentos, además, en que mantener la aprobación presidencial era clave para tener tranquila a una oposición mayoritaria. La parte del destrabe en infraestructura, para colmo, ha venido con costos colaterales y ha reforzado la imagen de cercanía empresarial, una de las principales debilidades del gobierno y riesgo de acusación permanente. Hoy cuesta responder cuáles son las reformas por las que se juega el gobierno. La más urgente, la policial, parece en manos solo del sector. Sus logros y avances no son parte de un discurso concertado y explotado políticamente por el Presidente. Ahora, además, está amenazada por el Congreso, donde el fujimorismo (para variar) es el vocero de quienes resisten los cambios. Sin una estrategia que involucre a todo el gobierno, el proceso puede paralizarse. ¿Y qué más? Algunas reformas del anterior gobierno que se mantienen, a mi juicio esenciales para el desarrollo institucional, han perdido relevancia en la agenda pública (servicio civil, por ejemplo). Y las nuevas, como el intento de ordenar el SIS, al parecer duran poco. Hay temas interesantes en algunos sectores, pero alejados de la discusión pública y por ello, frágiles. Ministros de mejor evaluación y con capacidad de comunicación no son aprovechados para construir una narrativa de gobierno que entusiasme. Resumiendo, más inercia que cambio. Por supuesto, no es solo un tema de voluntad. La amplia mayoría fujimorista no ha sido solo obstruccionista en varios temas. Además, al carecer de una agenda de reforma, ni siquiera sirve para presionar al gobierno en esa dirección o para fiscalizar constructivamente los procesos en curso. También hay un problema que hace más difícil construir agendas de cambio: una televisión abierta que concentra su interés político en denuncias y peleas. El que no haya política en la televisión no es solo consecuencia del desinterés de la población; es también causa. ¿Usted ha visto a un ministro o ministra hablar por más de quince minutos sobre su sector en televisión abierta, como pasa a veces en el cable? Pero no es excusa, esa era la cancha en que se jugaba. Mantener este estilo no necesariamente llevará a la caída del gobierno. El peligro del fujimorismo matón en el Congreso es una realidad, pero es también probable que la dinámica gobierno-oposición observada este primer año se mantenga. De continuar este rumbo, sin embargo, tendremos otro pésimo resultado: un tránsito intrascendente por el gobierno, uno más. Y sin un horizonte claro de reformas que permita mostrar a la población algunos logros compartidos, se incrementa la insatisfacción, aumenta la distancia entre élites políticas y ciudadanía, y se vuelven más atractivos los

No comparto las interpretaciones que señalan que el Fujimorismo tiene un plan claro y concertado: vacar lo más pronto posible a PPK. Muchos errores, choques internos y retrocesos como para considerarlos una naranja mecánica. Pero sí creo que la línea dura existe y es fuerte; una línea dura que tiene como agenda golpear al gobierno y que se nutre de sus propias historias y paranoias para volverse más intransigente y radical. Creer que esta actitud matonesca está desligada del liderazgo de Keiko Fujimori sí es ingenuo. No solo se tolera. Como vimos en el famoso diálogo del mototaxi, se incita y felicita. Fueron por la cabeza de Saavedra poniendo en riesgo la reforma educativa. Luego han maltratado funcionarios y ministros en sesiones informativas. Las encuestas y los desastres naturales calmaron en algo a esa naranja agresiva, pero hoy está de vuelta recargada. Ahora, al parecer, van por Basombrío. La mala noticia para quienes criticamos esta actitud del Fujimorismo es que la estrategia no parece dañarlos. Para que estas peleas impacten en la popularidad de Keiko, alguien tiene que meterla en el pleito. Y hasta ahora pocos en el gobierno y su desastrosa bancada la interpelan directamente por lo que hacen sus congresistas. El matoneo queda en los Becerriles, Galarretas y Aramayos, que dicen lo que sea con impunidad, pero no se ata sus acciones con la figura de la jefa. Estos congresistas, además, no pierden con esta actitud intransigente. El voto preferencial es un incentivo para actuar pensando en los votantes duros del partido. Esos congresistas agresivos atraen votantes que simpatizan con sus conspiranoias y ataques groseros. Votantes que al estar más politizados usan en mayor proporción su voto preferencial. No es mal negocio ser matón en el Pleno si lo que necesito para ser reelecto es un buen número de votos preferenciales que me ponga por encima de los demás candidatos de mi partido. El Primer Ministro ha señalado que el Congreso se está excediendo en su función, pasando de una fiscalización normal a un uso abusivo de su poder. Bien por la reacción, pero creo que lo urgente no es solo quejarse, sino construir una estrategia para responder. Sin caer en esas dinámicas destructivas que, como muestra la pelea de Alan García y Ollanta Humala, terminan por desgastar a ambas partes, pero sí deben aprender a pegar. El Mototaxi no se confronta con lamentos ni poniendo la otra mejilla. Se confronta poniendo la pierna fuerte cuando corresponda y con ironía, que abunda espacio para ello. Por ejemplo, resaltando esos intereses chiquititos y particulares que mueven a varios parlamentarios naranjas. O recordándoles que no tienen plan alternativo ni pasado que los avale para criticar reformas. Cuando ataquen la reforma policial, recordarles a los Dianderas y Briones; a la inflación de altos mandos que dejaron; al “club de oficiales” con espejos en el techo que construyeron en la azotea del Ministerio del Interior en su gobierno; al desfalco de pensiones. Para que le cueste al rival deben explicar que esta agenda reactiva, que esta constante antirreforma, demuestra que el fujimorismo tiene poco o nada que ofrecer desde el gobierno. Todas cualidades de debate que, la verdad, no abundan en el gabinete y que deben aprenderse rápido. Cuando murió Richard Nixon, el periodista Hunter S. Thompson le dedicó un obituario titulado “Era un Cabrón” donde comparaba al expresidente con un tejón por su forma sucia de pelear: “El tejón rueda panza arriba y emite un olor a muerte que confunde a los perros y los atrae para que comiencen el tradicional despedace del cuerpo. (…) Es una bestia que pelea mejor echado sobre sus espaldas: rodando bajo la garganta del enemigo y sujetándolo de la cabeza con sus cuatro cúmulos de garras. Ese era el estilo de Nixon, y si lo olvidabas, te mataba para que sirvieras de ejemplo a los otros. Los tejones no pelean limpio, muchacho. Por eso Dios inventó los dachshunds” (traducción de El Barrio Antiguo). No pelean limpio, viejo. Si no has entendido eso hasta ahora es que vamos muertos.

Cada vez que aparecen nuevas cifras sobre nuestros paupérrimos niveles de lectura se escucha una serie de lamentos seguida de una búsqueda de culpables. Comparto los lamentos y apunto a varios culpables: un sistema educativo por décadas abandonado; un Estado que, en parte por ideología, redujo sus políticas culturales; medios de comunicación que privilegian el rating en todo horario. Esos medios que cultivan y celebran la ignorancia son los que luego hacen escarnio de jóvenes que no saben quién es Abimael Guzmán. Pero es interesante que en estos debates no se apunta a actores que también cargan con responsabilidad por este páramo de lectura: la comunidad académica tampoco está leyendo. O, más preciso, pareciera que esa comunidad no está leyéndose. No estamos conversando sobre lo que se produce, que no es poco e incluye textos que valdría la pena compartir. Debates interesantes, nuevas ideas, información sobre fenómenos sociales, miradas innovadoras a nuestra historia, difícilmente llegan a un público más general. Y eso es, en parte, responsabilidad de los propios académicos. En otros países hay espacios para discutir este tipo de textos. Rara vez estos espacios son record de ventas o teleaudiencia, pero existen y algunos con enorme impacto y continuidad. Publicaciones como el New York Review of Books, el Times Literary Supplement o Babelia presentan al público reseñas de todo tipo de libros. Y no hay que ir tan lejos, en Argentina, México o Colombia uno percibe que se filtra mucho más la discusión académica en la esfera pública que en el Perú. Hay sin duda un problema de espacios limitados donde publicar este tipo de textos (Domingo de La República, El Dominical de El Comercio, Argumentos del IEP). Ni que decir sobre la orfandad de la televisión, apenas en TV Perú y algo en cable. Si la literatura tiene pocos espacios, los textos académicos mucho menos. Pero hay también un tema de ausencia de comunidad, de preocupación por discutir y difundir el trabajo de los colegas. El año pasado salieron libros importantes en humanidades y ciencias sociales que merecían mucha más atención. Un ejemplo es Los nuevos Incas (IEP), de Raúl H. Asensio, donde se presenta una extraordinaria interpretación de los cambios sociales y económicos en la provincia de Quispicanchi que cuestiona visiones simplistas de izquierdas y derechas sobre el desarrollo rural en el Perú. Desde una provincia cusqueña el libro nos interpela sobre el rumbo tomado por el país en las últimas décadas. Salvo un texto de Martín Tanaka en este diario no he visto nada más al respecto. Y aunque menos académico, De dónde venimos los cholos (Seix Barral) de Marco Avilés es una joya de libro que hubiese disparado una amplia discusión sobre raza, racismo y cambios sociales en otro país. Una mirada a los lugares de donde provienen los migrantes que llegaron a Lima y otras ciudades, pero no como espacios atrapados en el pasado, sino espacios dinámicos donde hoy se juntan los que se fueron y los que quedaron. ¿Cuántos debates ha visto sobre el tema? El libro estuvo entre los diez recomendados por el New York Times en Español, aquí tuvo unas pocas columnas de opinión. Se me ocurren más: Guerreros civilizadores de Carmen McEvoy, La derecha en el Perú de Antonio Zapata. Y ya ni mencionemos trabajos de peruanos y peruanistas en el extranjero, de acceso más difícil. Curiosamente, algunos de estos libros venden bien. Hay lectores, pero no debate ni conversación en medios tradicionales o alternativos. Sin debate nos perdemos la oportunidad de construir una esfera pública más dialogante y crítica, así como atraer nuevos lectores. ¿Qué andan (andamos) haciendo los académicos para no alentar un diálogo sobre estos trabajos? Se me ocurren varias respuestas para este desinterés: preocupados en publicaciones de impacto académico no estamos aportando al debate local, tonteando en redes y buscando likes o retweets gastamos energía que podríamos emplear mejor. ¿O es que somos relativamente pocos, nos conocemos mucho y por ello la crítica es mal vista, sea como sobonería o insulto? Como sea, un aspecto a considerar sobre la situación de la lectura en el país que implica ver la viga en el ojo propio.

Esta semana conocimos el caso de una violación pública de una mujer inconsciente en una discoteca. Las descripciones del video, que no vi, no dejan lugar a dudas sobre la brutalidad del acto y la complicidad del público que celebra o apenas se limita a pedir al delincuente que vaya a un lugar privado. Los comentarios al video, también horrendos, terminan de redondear la tragedia. La víctima es una irresponsable, está invitando a que la violen, se vistió provocadoramente, no tiene valores, se la buscó por puta. Dos veces víctima. ¿Qué permite que un acto abominable como este pueda darse sin que el público intervenga y que se saquen conclusiones tan absurdas sobre la supuesta responsabilidad de la agraviada? ¿Qué hace que una parte importante de comentaristas busque de inmediato justificar la acción? En forma considerable, obviamente, que la víctima sea mujer. Un hombre borracho dormido en una discoteca seguramente sería objeto de burla, un mate de risa, un juerguero. En este caso, ella se lo buscó. Reconocer esta diferencia al evaluar la conducta de hombres y mujeres es lo que nos enseña una perspectiva de género, esa que hoy se demoniza por supuestamente pretender cambiar la naturaleza de la sociedad. Mirar la sociedad desde esta perspectiva permite, precisamente, descubrir una serie de asimetrías de poder que se consideran naturales pero que han sido construidas socialmente. De naturales no tienen nada. Muchas de esas desigualdades son invisibilizadas, con frecuencia consideradas inocuas. Lo vemos en la familia, en el trabajo, en la calle, en todo lugar se da un trato diferenciado a hombres y mujeres. Pero en realidad, cuanto más observamos, nos va quedando más claro que pocas cosas son inocuas, que conductas horrendas que afectan a las mujeres están asentadas en esos valores que sostienen y justifican esta desigualdad. Por ejemplo, que los temas de violencia contra la mujer hayan sido invisibles por tanto tiempo a pesar de su generalidad y brutalidad, se entiende porque las víctimas son mujeres en su amplia mayoría. Una tragedia silenciosa, que afecta a miles de personas que viven asustadas en sus propios hogares, no era objeto de políticas públicas por décadas. Mejor proteger la santidad de la familia, el mundo privado era eso, privado, ajeno a la política y al interés público. Y hoy a pesar de todos los avances el tema todavía no recibe la protección ni atención que merece. Cuando hace unos meses la congresista Indira Huilca dijo que éramos un país de violadores no se refería, obviamente, a que todos los peruanos fuéramos violadores, como le espetaron sus críticos. Se refería precisamente a esto que usted ve en el video. No, no todos los peruanos somos violadores, pero sí somos una sociedad mucho más tolerante y propensa a la violencia sexual que otras, mucho más de lo que se quiere reconocer. Pasa en toda sociedad, sí, pero en el Perú estamos todavía en el grupo de retaguardia y lo estaremos más si seguimos minimizando el peso del machismo o criticando a quienes intentan darle relevancia a una agenda de igualdad. Debería bastar con creer en la igualdad para apoyar esta agenda. Padres y madres que quieren que sus hijos e hijas tengan vidas plenas, en las que sean consideradas según sus méritos y habilidades y no su sexo deberían ser los principales aliados en esta lucha. Pero si lo que le interesan son las cifras y el crecimiento económico, entérese que el machismo tiene costos enormes para una sociedad. Discriminar por sexo hace que se desperdicie talento, se impacte en el bienestar de las familias, se pierden oportunidades, y un largo etcétera que impacta en el desarrollo. ¿Cree que exagero? Piénselo. Se ha violado a alguien en un lugar público entre risas y aplausos, y se ha publicado en redes donde cientos de comentaristas no tomaron ni un segundo en culpar a la víctima. Empatía cero. Másquelo, digiéralo, y haga algo al respecto porque son estas cosas las que nos definen como sociedad.

El colapso del fujimorismo, y las lecciones que nos dejó sobre nuevas formas de autoritarismo en el mundo contemporáneo, llevó a que apenas un año después de nuestra transición se adoptara la Carta Democrática Interamericana. El instrumento, simbólicamente adoptado en Lima, permite sancionar en última instancia con la suspensión de la Organización de Estados Americanos a países que pierdan su carácter democrático. Las características señaladas en la carta son lo bastante precisas como para discriminar, en teoría, entre democracias y autoritarismos: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Si bien se trata de aspiraciones, estas características permiten una evaluación sobre ciertos mínimos a ser garantizados por cualquier democracia. Es decir, igualdad política, garantía de libertades básicas que permitan una competencia justa por el poder y el reconocimiento de que en las sociedades hay un pluralismo irreductible que merece ser representado institucionalmente. Además, una separación de poderes que garantice estos derechos. Para muchos, entre los que me incluyo, es evidente que Venezuela hace tiempo dejó se ser una democracia. El chavismo ha destruido la separación de poderes y ha atacado a quienes no compartan su ideario. Todo gobierno intenta avanzar sus agendas tratando de ganar apoyo social, pero en este caso se ha usado al Estado para criminalizar y asfixiar a la oposición. Los problemas de democracias insuficientes como las de la región, incluido el Perú, no pueden equipararse con lo que vemos desde hace años en Venezuela. Pero es claro que tan o más importante que estas definiciones es cómo se activan estos dispositivos de protección democrática. Decenas de satrapías han firmado tratados de las Naciones Unidas prometiendo no hacer lo que hacen cotidianamente, pues saben que los instrumentos tienen pocos mecanismos de sanción. En el caso de la carta tras una declaración de que hay un problema constitucional por mayoría, el número mágico para que agotadas las gestiones diplomáticas se logre la suspensión del Estado miembro es de dos tercios de los miembros de la OEA. Entonces, aunque sean evidentes las violaciones, es difícil activar la carta en éste y otros casos. La decisión hoy está en manos de muchos gobiernos cercanos a Caracas o que temen que la misma interpretación se les aplique algún día. La carta sirvió para criticar el golpe en Venezuela en el año 2002 e iniciar acciones diplomáticas, aunque la restitución del gobierno constitucional detuvo el proceso. En Paraguay se fracasó en su aplicación tras el golpe congresal a Lugo por una oposición masiva de gobiernos de derecha. Y si bien en Honduras se aplicó la suspensión, la forma en que fue levantada sin revertir los abusos cometidos dejó la sensación de que sirvió de poco. Dicho sea de paso, en estos dos últimos casos Venezuela promovió la suspensión. Todas estas limitaciones las conocen quienes diseñan y promueven estos instrumentos. Desde un primer momento se sabía que estas consideraciones políticas entrarían en juego y alcanzar el número de votos era casi imposible, pero aun así sus promotores evaluaron que era mejor tener la carta que no tenerla. Además de la presión diplomática que representa, también serviría en momentos de crisis para que el apoyo internacional reduzca la posibilidad de violencia. Sin embargo, hoy se ha llegado a un punto de quiebre. El caso ya es brutalmente claro con el cierre del Congreso. La matonería de Maduro y su Corte Suprema a la medida han anulado la representación de la mayoría de venezolanos. Este caso definirá si la carta es efectiva o si no vale más que el papel en el que está escrita. Una suspensión puede sonar a poco ante un régimen descontrolado, pero simbólicamente es un gesto poderoso que deslegitima a los matones.

No es correcto diagnosticar como inesperados a los desastres que tienen al país en jaque. En realidad, hay toda una institucionalidad, presupuestos y agencias estatales que, formalmente, buscan prevenir y enfrentar este tipo de eventos climáticos. Los conocemos bien, los esperamos, y, en teoría, sabemos lo que deberíamos hacer para enfrentarlos. Y sin embargo una y otra vez huaicos y lluvias dejan en evidencia que no se hizo la tarea, que es enorme la distancia entre las leyes y los planes con la realidad. Una vez más, los responsables de las obras de prevención no cumplieron con ejecutar sus presupuestos. Las autoridades no fueron capaces de hacer respetar normas que prohíben las construcciones en los márgenes de los ríos y en zonas de riesgo. Confirmamos que al sistema de defensa civil existente le cuesta establecer con claridad responsabilidades y tomar acciones rápidas. Los militares, de nuevo, terminan cargando con las funciones de las agencias competentes. Por supuesto, hoy prometemos que no volverá a suceder y que la próxima vez estaremos preparados. ¿Por qué si el problema es cíclico siempre nos vuelve a pasar? El jueves en esta página Sinesio López ha puesto el acento en la capacidad estatal como factor central para explicar por qué los desastres naturales golpean más a unos Estados que a otros. Un Estado con una burocracia profesional, capaz de establecer procedimientos de prevención, que educa e informa a sus ciudadanos y que cuenta con capacidad logística para responder a emergencias, enfrentará mejor el desastre y la reconstrucción posterior. Sinesio hace referencia al trabajo de politólogos como Markus Kurtz y Hillel Soifer, quienes en recientes trabajos exploran las causas históricas de la capacidad estatal, y presentan al Perú como un ejemplo de un Estado débil. Un Estado débil que mostrará todas sus limitaciones precisamente cuando enfrente desastres. De acuerdo con el diagnóstico y la relevancia de este factor. Pero la capacidad estatal no explica del todo nuestra mala respuesta a los desastres. Para comenzar, hay Estados con similares recursos al peruano que tienen mejores sistemas de prevención y atención. Es posible para estados en desarrollo construir mayor capacidad en áreas urgentes, como esta, logrando así un mejor desempeño. Pero incluso al interior del Perú vemos claros contrastes de eficiencia. Hay municipios que con los mismos recursos y similar burocracia que otros hacen un mucho mejor trabajo. Los presupuestos están allí, el problema es que no se ejecutan. Para comprender la complejidad del tema hay que evaluar las razones políticas detrás de la inacción de las autoridades. Hay autoridades que permiten, y en algunos casos promueven, la ocupación de tierras en áreas que no deberían ser ocupadas. Incluso entregan servicios públicos, sabiendo que la ocupación es precaria. Y diversas autoridades prefieren dar prioridad a otros temas antes que a la prevención, pues esta no es políticamente rentable. La profesora Alisha Holland llama forbearance (algo así como “dejar hacer”) a las conductas de autoridades que permiten ciertas conductas a cambio de un beneficio político (o para evitar costos). Y no solo interés político, la corrupción puede ser una causa de inacción o que determina que se construya pésima infraestructura. Traficantes de tierras y empresarios corruptos e informales también están detrás de lo que sucede. Las autoridades podrían cumplir mejor sus obligaciones, pero por buscar beneficios políticos o por corruptos, no lo hacen. ¿Cómo cambiar esta situación? Por un lado, reforzando las agencias estatales encargadas de las actividades de prevención y control, dándoles poder y apoyo para hacer respetar su regulación. No solo garrote, sino también con políticas de vivienda y ordenamiento territorial. Hay también una función educativa por parte de autoridades y medios en estos días que el tema capta la atención de todos. Así como está bien denunciar los errores y corruptelas de malas administraciones, hay que resaltar casos positivos donde se trabajó mejor. Aprovechar nuestra atención para construir de diversas formas un sentido de urgencia permanente que evite que el olvido nos lleva en pocos años a un nuevo desastre.

Juan Sheput considera que la caída de popularidad del gobierno se explica porque hay ministros “que están encerrados en su labor de escritorio” y “no están cumpliendo un papel comunicador”. El presidente estaría haciendo “bien su labor”, ellos mucho menos. Esos ministros “más parecen consejeros presidenciales que políticos”. Les recuerda que “hacer política significa confrontar, criticar, polemizar y, sobre todo, poner la agenda”. Estoy de acuerdo con Sheput en que hay un problema en la forma en que los ministros están actuando y comunicando para construir una base de apoyo en la población. Discrepo en que este sea solo un problema de ministros, creo que el Presidente también viene fallando en establecer y transmitir esta agenda e incluiría en el problema a la desordenada bancada oficialista. Pero el llamado de atención parece correcto y apunta a la necesidad de ministros más activos para sostener mejor al gobierno. No es un problema solo de este gabinete, más bien hay un patrón desde la transición. Los gabinetes de los tres gobiernos previos también tuvieron serios problemas para establecer una agenda y comunicarla. Ver esta pérdida progresiva de popularidad como una mera cuestión de errores o virtudes es perder de vista condiciones más profundas que hacen difícil gobernar. Entre ellas, la alta desconfianza de la población que lleva a que rápidamente los ciudadanos pierdan su entusiasmo inicial por los presidentes. Grupos políticos débiles, sin expertos ni operadores en el territorio, que conducen a los escándalos de advenedizos corruptos que conocemos bien o a que problemas a nivel local se salgan de control. Es fácil decir que hay que politizar y ser menos tecnocrático, ¿pero con qué políticos? A ello hay que sumar un Estado débil al que le cuesta mucho mostrar cambios significativos en el corto plazo. Y medios de comunicación, especialmente la televisión abierta, que no dan tiempo ni al gobierno ni a la oposición para presentar y debatir sus propuestas. Suena a excusa cuando gobiernos que cometen serios errores hablan de meros “problemas de comunicación”, pero hay algo de cierto en su lamento: hay pocos canales efectivos para informar a la ciudadanía.

Los recientes escándalos relacionados al caso Lavajato han abierto un debate sobre si existe una relación entre el modelo económico y el tipo de corrupción que ha golpeado al país. Algunos incluso apuntan a la tecnocracia económica como responsable, por omisión o acción, de la corruptela. Desde la derecha diversos comentaristas han calificado estos argumentos de absurdos, señalando que la culpa es de los corruptores brasileños, que el escándalo se origina en un país izquierdista y no liberal, o que la responsabilidad es de nuestros políticos, no de los técnicos. La pregunta no me parece absurda, más bien es analíticamente interesante y necesaria. Creo que así como se ha escrito mucho sobre cómo el modelo desarrollista de los sesenta aplicado por un Estado débil abría espacios para la corrupción corresponde discutir si el modelo de los noventa, el real no el teórico, hace lo mismo pero por diferentes mecanismos. Adelanto mi respuesta: aunque no hay que caer en argumentos simplistas y efectistas, sí encuentro una relación entre el modelo y los tecnócratas económicos que lo crearon y dirigieron con el tipo de corrupción que observamos. No como causa de la corrupción, pero sí del tipo que estamos viendo. ¿Por qué es erróneo hacer una relación simplista entre modelo y corrupción? Primero, el tipo de corrupción descubierta –coimas y sobrevaloraciones en obras públicas– es tan vieja como la república. No es posible culpar al modelo de la gran corrupción, es una constante en nuestro país. Segundo, el impacto de la corrupción brasileña ha sido fuerte en países con muy diversos modelos de desarrollo, sean de mercado o más intervencionistas. Pecó el chavista, pecó el neoliberal. Pero vayamos un poco más allá. ¿Hay algo propio de este modelo y el tipo de corrupción observada? Los arquitectos del modelo de desarrollo peruano asumieron como bandera que las actividades privadas podían mejorar la provisión de servicios públicos, que lo privado era eficiente y lo estatal ineficiente. Las reformas redujeron al Estado e incrementaron la relevancia y poder de algunos actores privados beneficiados con las nuevas reglas: sectores financieros, exportadores y mineros. Desde hace tiempo se señala (por ejemplo, Durand desde los tempranos 2000) que la tecnocracia económica, sus ideólogos y voceros estaban demasiado cerca de estos sectores. Muchos de los arquitectos originales hicieron negocios en las actividades que promovieron. Por esa cercanía, o por ideología, dieron poca atención a construir una institucionalidad capaz de controlar y tomar distancia del poder privado.

Cuando la población decide que algo es cierto resulta muy difícil, casi imposible, cambiar esa impresión, más allá de si es verdad o no. Alejandro Toledo es un tardón que se va de los restaurantes sin pagar; Alan García dirigió una banda de narco-indultadores (y en su primer gobierno salía de noche a pasear en moto); Ollanta Humala pasó de ser un temible chavista al timorato y subordinado “Cosito”; Nadine Heredia despilfarraba dinero en vestidos y chocolates. Poco importa si estas historias son verdad, probablemente varias sean injustas o exageradas. Pero lo relevante es que en algún momento se volvieron certezas entre buena parte de la opinión pública. Sea porque se trata de hechos ciertos algo sazonados, campañas bien dirigidas, o una prensa que explota los trascendidos, se hicieron realidad. Todos hemos oído sobre el amigo del amigo que vio a Toledo vociferando en un restaurante o a Nadine derrochando dinero en el Jockey. Y estas historias tienen poderosas consecuencias. La furiosa frustración de Alan García durante la última campaña nacía de comprobar lo dañado de su imagen. El asunto viene a cuenta, pues hoy se está construyendo en forma acelerada una imagen del Presidente Kuczynski que contrasta con el perfil simpático y ejecutivo de sus primeros días de mandato. Esa imagen tiene dos características. Primero, la de un presidente capturado por el empresariado, el lobbista que prefiere su círculo de negocios a los intereses del Perú. Segundo, un presidente fútil, más interesado en descansar y relajarse que en gobernar. El tramposo y el ocioso. El primer tema estaba cantado, se habla del vínculo PPK-empresas desde hace años y fue un asunto álgido en campaña. Algunas acciones del gobierno al inicio del mandato, especialmente desde la PCM, intentaron marcar distancia de los vínculos empresariales. Pero esta imagen ha surgido con más fuerza desde que la oposición fujimorista, el APRA y la izquierda han señalado estos vínculos. Hoy, sin el escudo de la popularidad, todo comienza a leerse en clave de lobby. Se ha visto esta semana, por ejemplo, cómo los diarios del fujimorismo vinculaban en portada el aeropuerto de Chinchero a un lobby de amistades de PPK. Reitero: poco importa si durante su gobierno PPK ha mantenido distancia o no de sus antiguos vínculos empresariales. Si esos vínculos aparecen aunque sea indirectamente, el tema ganará fuerza. Que esa imagen se asiente no solo es malo para la popularidad del presidente, sino también peligroso para su continuidad. Es es el tipo de argumento que se usa para discutir vacancias presidenciales.

Juan Sheput considera que la caída de popularidad del gobierno se explica porque hay ministros “que están encerrados en su labor de escritorio” y “no están cumpliendo un papel comunicador”. El presidente estaría haciendo “bien su labor”, ellos mucho menos. Esos ministros “más parecen consejeros presidenciales que políticos”. Les recuerda que “hacer política significa confrontar, criticar, polemizar y, sobre todo, poner la agenda”. Estoy de acuerdo con Sheput en que hay un problema en la forma en que los ministros están actuando y comunicando para construir una base de apoyo en la población. Discrepo en que este sea solo un problema de ministros, creo que el Presidente también viene fallando en establecer y transmitir esta agenda e incluiría en el problema a la desordenada bancada oficialista. Pero el llamado de atención parece correcto y apunta a la necesidad de ministros más activos para sostener mejor al gobierno. No es un problema solo de este gabinete, más bien hay un patrón desde la transición. Los gabinetes de los tres gobiernos previos también tuvieron serios problemas para establecer una agenda y comunicarla. Ver esta pérdida progresiva de popularidad como una mera cuestión de errores o virtudes es perder de vista condiciones más profundas que hacen difícil gobernar. Entre ellas, la alta desconfianza de la población que lleva a que rápidamente los ciudadanos pierdan su entusiasmo inicial por los presidentes. Grupos políticos débiles, sin expertos ni operadores en el territorio, que conducen a los escándalos de advenedizos corruptos que conocemos bien o a que problemas a nivel local se salgan de control. Es fácil decir que hay que politizar y ser menos tecnocrático, ¿pero con qué políticos? A ello hay que sumar un Estado débil al que le cuesta mucho mostrar cambios significativos en el corto plazo. Y medios de comunicación, especialmente la televisión abierta, que no dan tiempo ni al gobierno ni a la oposición para presentar y debatir sus propuestas. Suena a excusa cuando gobiernos que cometen serios errores hablan de meros “problemas de comunicación”, pero hay algo de cierto en su lamento: hay pocos canales efectivos para informar a la ciudadanía. Pero dadas estas condiciones, que son con las que hay que jugar, pues resulta mucho más urgente tener una estrategia de acción política y comunicación para intentar enfrentarlas. Mi impresión, como señala Sheput, es que eso pasa por construir una agenda, ser consecuentes e insistentes. Para mí esa agenda está más al centro de donde se viene gobernando, por supuesto sin pensar que un gobierno de alguien con los antecedentes de PPK puede ser progresista. Pasa por recuperar iniciativa en sectores que deberían estar en el centro de debates sociales y productivos y que hoy están en silencio. Por enfrentar en serio el tema de la corrupción. Y si se va a hacer de la desregulación su principal bandera, pues explicar y demostrar por qué es central para la vida de los ciudadanos. Pero sea cual sea la posición política que se adopte, tiene que tener orden, consistencia y creatividad. Tener alineados al Presidente, el gabinete y la bancada de gobierno. Y evitar lo que es demoledor cuando los gobiernos van en caída: la percepción de banalidad y fatuidad, sea real o falsa. El rumor de un Presidente que vive en su club en vez de gobernando es el equivalente a las compras de Nadine o las fiestas de Toledo. ¿Tiene el gobierno herramientas para construir una narrativa política y transmitirla? Me parece que todavía hay espacio, requiere apuntalar a sus ministros más carismáticos y con mejor capacidad de comunicar. Deben percibirse como actores comprometidos hacia el futuro, con ambición de continuidad y de construir un proyecto de país, no como aves de paso por la política. Sin esos cambios, probablemente se mantenga la caída tal como les pasó a los anteriores gobiernos. Pero esta vez sin una bancada capaz de defenderlo y con un partido de oposición que sabrá capitalizar sus errores.

Increíbles los argumentos de quienes señalan que esta censura es normal, que no hay que exagerar, pues las políticas no dependen de personas. Lo que ha pasado es muy grave. Deja el mensaje que la matonería de una fuerza política con historia de abusos es pasada por alto por varios a pesar del descaro con el que se actuó. Y que buenos funcionarios pueden ser destituidos con mentiras y exageraciones. ¿Qué seguridad tienen ministros que vienen conduciendo reformas si se aceptan argumentos tan absurdos? Quienes dicen que ser crítico del fujimorismo por estas actitudes es antidemocrático es cínico o ha olvidado el pasado. El fujimorismo no se ha ganado el beneficio de la duda. Justamente la prueba ácida del matón es ver cómo actúa cuando vuelve a tener poder. Estamos advertidos.❧

Usted, como yo, debe haber leído o escuchado varias veces la siguiente reflexión: el gobierno y el Fujimorismo deberían hacer las paces para llevar adelante las reformas que el país necesita. Los rojos y caviares quieren hacerlos pelear cuando en el fondo tienen grandes coincidencias. Es más, hasta ahora el Fujimorismo ha sido leal, el gobierno es el que ha buscado este clima crispado. Y así varias frases de ciencia ficción que nos presentan a un Fujimorismo reformista y a un gobierno pendenciero. ¿Qué país ven estas personas? ¿Ilusión cortesana, amor por el puesto público o macartismo que nubla la vista? Primero, ¿cuáles son esas reformas que se presentan como evidentes? Hasta donde veo se refieren a la simplificación laboral. Ingenuos, hoy el Fujimorismo populista no se va a meter en ese tema. Se señala además una serie de cambios electorales sobre los que, la verdad, no existe claridad ni consenso respecto a sus efectos. Pareciera entonces que la amistad se basaría en la necesidad de darle alas a Keiko el 2021 para cortarle el paso de la temible izquierda peruana (que se corta el paso sola). Segundo, estas posiciones minimizan enormes diferencias que precisamente se politizaron en campaña y dieron el triunfo al hoy Presidente. ¿De verdad creen que en las coincidencias económicas se inician y terminan los diversos valores que constituyen la política? ¿Que no hay diferencias de fondo para los votantes de un lado y otro? El fujimorismo es fuerte y recoge simpatías pero, como se ha demostrado dos veces, el antifujimorismo también. Y PPK fue elegido por esos votantes, son su base de apoyo en las encuestas. Pero lo que más me sorprende es sugerir que el Fujimorismo es reformista. Cuando me dicen que el Perú necesita reformas pienso inmediatamente en reforma judicial y policial; un cambio radical en la Contraloría; en darle mayor autonomía y poder a instituciones reguladoras o a la televisión pública; en avanzar reformas de peso en los sectores sociales. ¿En qué mundo están esas reformas en la agenda del Fujimorismo, del viejo o del nuevo? El Fujimorismo es un partido político, como muchos en América Latina, que se nutre y representa al statu quo. No es mal negocio, estos partidos en sus vertientes de derecha o izquierda logran muchas veces estabilidad y alcanzar popularidad pues pactan con, y representan a, sectores poderosos: empresarios, sindicatos, redes clientelistas, actores informales, entre otros. Esos partidos, como es obvio, no suelen hacer reformas, no se profesionaliza ni fortalece al Estado: administran la continuidad. Asociar a Fujimori con las reformas de mercado, sea cual sea su opinión sobre ellas, es olvidar que estas se hicieron más por presión y necesidad que por convicción. Y al inicio de su gobierno, luego poco o nada. Su reforma judicial es el mejor ejemplo de esta orfandad. Cada vez que sus reformadores, que hubo algunos, chocaron con el plan reeleccionista o con la corrupción, perdieron. En la campaña reciente el Fujimorismo terminó siendo el partido de mineros ilegales, universidades empresa; el del retroceso en la reforma policial. Y hoy tiene los votos para avanzar agendas de cambio, pero miren por lo que ha optado. La prueba más clara de esta vocación antireforma la vimos en la interpelación de Jaime Saavedra. La política es dura, de golpes bajos. Pero el nivel del miércoles fue de cloaca, de mentiras enormes, sin responsabilidad alguna frente al país. La bancada de la señora Fujimori fue dirigida, con su anuencia, por matones y mentirosos. Pasarlo por agua tibia o normalizarlo es no reconocer que estamos frente a un grupo desbocado, que de nuevo destruye y aplana cuando se siente poderoso. Si la reforma educativa no es una de esas reformas que el país necesita, ¿cuál entonces? Para quienes desde la campaña señalamos que es peligroso que un partido de estas características llegue al poder, no sorprende lo que estamos viendo. Confirma además la convicción de que los matones no entienden razones, es necesario detenerlos. Espero que el lunes la marcha convocada en apoyo al ministro muestre que no se protesta contra el abuso naranja solo en año electoral. Y que el gobierno sepa comunicar con claridad, convicción, que hay una diferencia entre él y una barra brava que ha perdido el control.

Al inicio de la campaña pasada no había en la izquierda una candidata o candidato que garantizara un buen resultado, por eso las negociaciones de sus diversos grupos para lograr una candidatura unitaria no avanzaron, y algunos nombres con proyección terminaron enterrados en peleas absurdas. Tal como sucedió el 2006, muy distinto al 2011, cuando Ollanta Humala fue ese candidato unificador. El resultado de la elección, sin embargo, hacía pensar que esos debates habían terminado hacia el 2021; el buen desempeño de Verónika Mendoza dejaba en claro que había candidata, alguien comprometida con el ideario de los grupos que componen la izquierda, con arrastre electoral, y capacidad de iniciar un proceso de construcción partidaria. Tocaba ahora el trabajo difícil: construir un discurso para consolidar su base y también intentar romper resistencias vistas en la campaña; atraer personas con capacidad de gobierno y buenos candidatos para el 2018; avanzar una agenda desde el Congreso. Un reto complicado que requería mucha cabeza, conciencia de sus propias tradiciones fratricidas y capacidad de renuncia de todos los involucrados. Pero más bien lo que hemos visto desde la elección son peleas internas, agendas pequeñas que impiden ver un proceso más amplio, debates que son ajenos a la opinión pública. Y el resultado hasta ahora es el predecible: la imagen de esa buena candidata se va desgastando lentamente y, en vez de poder dedicarse de lleno a esos temas nacionales, termina perdiendo su tiempo en peleas minúsculas. Debería ser un anuncio de alerta para los interesados en construir una izquierda fuerte.❧

Lo que se puede decir del Congreso es que muchas veces estas subidas y caídas tienen que ver con el desempeño presidencial, pero en este caso es interesante que la población aprecie algunas de las medidas que la presidenta del Congreso, Luz Salgado, no apoyó, como fue el tema anticorrupción. Tenemos una situación extraña en el Perú, porque normalmente la popularidad del Congreso también está basada en el partido de gobierno. Esta vez estamos viendo que en las dos evaluaciones, a los dos les va mal. Creo que es un aviso, al gobierno por un lado, porque parte de la caída de la popularidad del sistema en su conjunto generalmente está atado al tema presidencial; mientras tanto, el Poder Judicial siempre cae pero, repito, estas aprobaciones van en conjunto. La gente ha valorado el tema de las cinco medidas anticorrupción y obviamente para los que consideran que esto es importante no les gustó la actitud de Salgado y me imagino que esta caída tan abrupta tiene que ver con la percepción de escándalo que hay en temas de corrupción, que hoy se está dejando mostrar. Por otro lado, en el tema de la percepción de la gente en cuanto a la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, que todavía la ven como tensa pero que avanza, demuestra que la mayoría observa un funcionamiento. Finalmente, la gente apoya las medidas anticorrupción, aunque falta discutir cómo se concretarán. Ese ya es otro tema de discusión, pero parece que han acertado con esto que la opinión pública considera importante.❧

Es muy grave la elección al caballazo en el Congreso de tres miembros del directorio del BCR, tanto por la forma en que se produjo como por el fondo de lo decidido. El fujimorismo le da la razón a quienes consideramos durante la campaña que se trata de una fuerza alérgica a las formas democráticas y que carece de una agenda de desarrollo institucional. Por la forma, porque una decisión de esta importancia requería de mayor debate. Lo que la Constitución y la ley demandan es una elección de personas con amplio conocimiento económico y solvencia moral. Cumplir con ese mandato pasa por conducir un proceso transparente que permita se discuten esas credenciales y condiciones. Eso no sucedió, la mayoría fujimorista, con la entusiasta comparsa del APRA, aceleró el proceso y mostró así su concepción de lo que significa ser mayoría. Trae a la memoria la forma que actuó durante los años noventa. En realidad, tenían un candidato bastante bueno que hubiese salido bien librado del proceso. Aunque fue parte del equipo de campaña de Keiko Fujimori, Élmer Cuba tiene currículo para pasar la prueba. Prefirieron correr para nombrar a su segundo candidato y a otro que también les es muy cercano. Más grave, el fondo de la decisión es malo y debilita una de las pocas instituciones fuertes que tiene el país. Rompe una tradición de elección meritocrática. Con subidas y bajadas, estos criterios se han respetado en elecciones anteriores. Se afecta así una organización cuya mística y poder radica en buena parte en la calidad de su directorio. A diferencia de muchos otros organismos que son un remedo de lo que les manda la Constitución, el BCR sí ha dado contenido a sus mandatos constitucionales. Ha logrado construir una burocracia capaz y defender sus fueros. Desde la izquierda se le critica por sus preferencias y algunos economistas lo cuestionan por conservador, pero nadie cuestiona el nivel técnico de sus directores. Y esa calidad lo blinda, lo aleja de la política menuda y le permite actuar con autonomía. Le da autoridad. Dos de los nombramientos enturbian esta tradición. Rafael Rey no tiene los méritos académicos para estar allí. ¿Cuál es su expertise en economía? Pero tampoco el sentido común, ni la tolerancia ni las maneras que requiere un funcionario que debe estar por encima de los debates menudos. ¿Han visto sus tweets y exabruptos en prensa y televisión? Ser un Torquemada mediático puede ser su opción, pero eso lo debería excluir de un cargo como éste. Y si bien José Chlimper fue antes director, el serio escándalo en que se vio involucrado durante la campaña no debió obviarse, lo va a perseguir. Le será recordado en todo su periodo. Además, ¿un ex candidato a la vicepresidencia del partido mayoritario en el congreso tiene la distancia objetiva para cumplir esta función? Se les ha preferido, además, por encima de mujeres economistas de alto nivel que nadie hubiese cuestionado y que tienen todo el derecho a sentirse insultadas. Todo mal. Lo que queda claro es que el fujimorismo ha decidido usar su mayoría parlamentaria para su conveniencia y no para pensar en el país. Ya en la elección del Defensor del Pueblo optó por su comodidad, no por reforzar la institución. Mucho pedir que usen el Congreso para mostrar que pueden ser diferentes, pero sí debemos exigirles no hacer papelones ni cargarse la poca institucionalidad existente. Y esto no es cosa de “caviares”, es de todos. ¿Dirá algo el sector empresarial, uno de los más beneficiados por un BCR sólido, o se quedará callado por ser los elegidos dos de los suyos?

Uno. Carlos Moreno, asesor presidencial defenestrado tras ser descubierto en negociados con el Seguro Integral de Salud, no es solo un sujeto corrupto. Es en realidad un personaje, un patrón, de la política peruana. Entender a estos personajes permite tomar conciencia de lo complicado que es controlar la corrupción en el país. Moreno es el oportunista que se acerca a los políticos en campaña declarando su vocación de servicio. Aprovechando la debilidad de los partidos políticos, donde ya casi no quedan militantes especializados en áreas de política pública, los Moreno de este país tienen acceso privilegiado a los equipos de gobierno. Y de allí al poder y el dinero público. Es también el “experto” que conoce los reglamentos, los procedimientos de emergencia, la letra pequeña, pero no para pensar en soluciones creativas, sino para torcer las normas a su favor y romper los candados de la ley. En este caso, su expertise consistía en saber cómo beneficiarse de fondos destinados a los más pobres en un sector sub-financiado como es la salud. Pero no solo pasa en salud. Estos personajes, en diferente tamaño y relevancia, están en oficinas de logística y adquisiciones, manejando licitaciones, contratando personal. Y claro, es el facilitador que une el dinero público y los intereses privados. Como han apuntado varios comentaristas, la debilidad estatal se convierte así en una fuente de dinero. Fortalecer al Estado, mejorar la salud para los más pobres o reparar maquinaria malograda destinada a salvar vidas, sería acabar con el negocio. ¿Qué motivación puede haber para solucionar problemas y hacer el bien? Si es un negociazo, hermanito. La banalidad del mal en su rostro más chambón. Lo burdo del personaje y la reacción frente al hecho muestran que el gobierno fue sorprendido. Pero el caso debe servir para aprender. Fue un grave error dejarlo entrar al entorno del poder sin hacer control alguno, no un tema menor como sugirió el Presidente. La reacción pública muestra, además, que un caso en que exista un perjuicio concreto o donde siquiera exista la percepción de cercanía del gobierno con los beneficiados por el negociazo, podría dar lugar a una crisis de proporciones. Un flanco débil de este gobierno es su cercanía con intereses privados, olvidarlo es suicida. Dos. Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio, enfrenta a la justicia desde Roma. La fiscal a cargo de investigar las serias acusaciones de abusos sexuales y sicológicos en su contra lo interrogó por horas. Y finalmente, aunque breve, Figari habló con la prensa. Niega todo. Denuncia conspiraciones. Sabe que tiene altas posibilidades de quedar impune, tanto por prescripción como por la dificultad de probar los actos que se le imputan, y eso lo hace arrogante. Para quienes estamos convencidos de su responsabilidad y hemos visto sufrir a buenos amigos por sus actos (y los actos de sus cómplices y encubridores) sus palabras fueron ofensivas y dolorosas. Pero a pesar de ello, algo en su declaración me tranquilizó: no vimos a un sujeto afectado por una supuesta demencia senil, está entero. Contra las versiones que circulan desde que fue escondido por el Sodalicio hace años, vimos a un Figari bien de la cabeza. Quien inventó esos rumores quiso desincentivar a sus perseguidores o dar lástima. Pero queda claro que todo era mentira. Es decir, es consciente que su sueño de beatificación, su plan de ser recordado como un santón de la Iglesia, se acabó. Entiende que es repudiado por la propia organización que creó. Comprende que con los testimonios de violencia sexual y abusos que se apilan en su contra, nada bueno de él quedará en la historia. Un Karadima, un Maciel. Sé que es un pequeño consuelo, pero visto en perspectiva no es poca cosa: hace apenas seis años era un profeta, sus palabras confusas, mediocres, se consideraban sabias, tenía acceso a potenciales víctimas. Hoy es un paria, un matón que no da miedo, una bestia degradada. Y lo sabe.

Feroz campaña la de estos días contra el ministro de Educación, Jaime Saavedra. La estrella del anterior gobierno, ovacionado en un par de CADE y cortejado por casi todos los candidatos en la campaña pasada, es desde hace un tiempo el punching bag de la oposición. No son críticas razonables, que puede haberlas, son golpes bajos. El último episodio es patético: se intenta usar los Juegos Panamericanos para tumbar por temas menores a un ministro que, contra una larga tradición de ninguneo, ha logrado poner el tema de la educación en las prioridades del Estado. No sorprende, claro. Sabemos que esta campaña se activó hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con el deporte. El fondo del asunto es que el Ministro dirige una reforma que ha puesto énfasis no solo en mejorar la educación pública, sino también en fiscalizar la educación privada. Especialmente aquella con fines de lucro que no ha dado ni remotamente los resultados que prometieron hace veinte años sus creadores. El Perú hoy no solo es el país de escuelas y universidades públicas de pésimo nivel, sino también de escuelas y universidades privadas de similar o peor nivel. Las reformas privatizadoras de los noventa han nutrido actores poderosos, engordados con los privilegios tributarios obtenidos a cambio de un mal producto. Estos actores hoy invierten y participan en política, logrando gran influencia. Tienen como aliados a esos extraños liberales criollos, impermeables a la evidencia del fracaso de ese modelo educativo privatizador y que denuncian desde sus mundos paralelos un supuesto estatismo cuasi-totalitario en la reforma en curso. Ellos, sumados a otros actores de la universidad pública, no darán tregua. Si bien no me sorprenden los enemigos, sí causa sorpresa otro flanco débil de la reforma durante estos años: el poco interés de los políticos que apoyan y dirigen, en teoría, la reforma. Recién esta semana el gobierno defendió a su ministro con cierta firmeza. En buena hora. Porque el gobierno anterior nunca se apropió de la reforma educativa ni entró de lleno a su defensa. En esta ocasión el cargamontón fue respondido por columnistas y otros líderes de opinión antes que por el gobierno. Incluso el oficialista Juan Sheput le pidió al ministro que no se escude en sus amigos columnistas y salga a dar explicaciones. Este columnista no es amigo del ministro, pero considera que lo que correspondía era que Juan Sheput salga a dar esas explicaciones, a politizar el tema y escudar la reforma. Porque un ministro técnico, que intenta mantener su legitimidad, no puede pelear con las armas de un político. Queda mal resaltando sus propios logros y sus estrategias de comunicación tienen un límite. Necesita que esta pelea la den además otros ministros y congresistas del gobierno, capaces de mostrar la debilidad de los argumentos opositores. Vender la reforma, hacerla un activo de la gestión, enraizarla en la población son todas tareas políticas. Se extraña, por ejemplo, a Daniel Mora, que solo y sin bancada llevó a la luz pública una discusión que los intereses privados en la educación superior intentaban mantener oculta. Mostrando rankings universitarios donde damos pena, denunciando doctorados bamba o visitando aulas inadecuadas, Mora apuntaba a los intereses pequeñitos, egoístas de los opositores a la reforma. Y así distinguía las críticas razonables de las de aquellos que no quieren cambiar un statu quo que les resulta conveniente. Eso le compete hoy hacer al gobierno, vender al público una visión de la educación. El tema trasciende la reforma educativa, por supuesto. El gobierno tiene el espacio para construir legitimidad con posturas reformistas. Lograrlo pasa por dar un mensaje que resalte por qué ofrece algo distinto a lo que hicieron anteriores gobiernos y a sus opositores. La reforma en educación es uno de esos temas donde se puede capitalizar y que nos beneficia a todos. Pero para ello no basta con tecnocracia, se necesitan políticos peleones. Si no los tiene, debe comenzar a entrenarlos.

En la campaña se escucharon voces señalando que el fujimorismo representaba a la mitad del país, que era un naciente partido de masas. Su excelente resultado en la elección legislativa sería evidencia de esta fortaleza. Otros, por el contrario, lo calificaron de grupo precario, especulando con que la derrota de Keiko daría lugar a un putsch de Kenji que lo dividiría. Además, se señaló que con tanto invitado Fuerza Popular tenía poco futuro como bancada. La reciente salida de Yeni Vilcatoma representaría el inicio de la anunciada dispersión. Ni tanto, ni tan poco. Por un lado, queda claro que quienes hablaban de un partido sólido, con raíces y capacidad de movilizar a la ciudadanía, exageraban. Un día después de la elección se despolitizó el país, el ánimo molesto de Fuerza Popular no era el de sus votantes. Tanto así que el público castigó la pataleta fujimorista en las encuestas. Hoy el fujimorismo mide a la opinión pública al tomar sus acciones, no parece guiarla. Al mismo tiempo, se ve que Fuerza Popular cuenta con suficientes incentivos para mantenerse juntos. Dudo que lo de Vilcatoma sea una tendencia, son muchas las ventajas de negociar en bloque y repartirse cargos en el Congreso como para dejar la bancada. Más importante, Keiko Fujimori sigue siendo una candidata viable con algo que ofrecer hacia el 2018 y el 2021, crucial para construir continuidad en este país de partidos débiles. La mayor vulnerabilidad de Fuerza Popular pasa porque caiga la intención de voto presidencial de Fujimori. Si se despinta, ahí sí estarían en problemas. Mientras no suceda, no veo desbande a la vista. Ello es fundamental para entender por qué un partido comparativamente débil puede ser fuerte en el vacío político actual. Es muy posible que en las elecciones regionales del 2018 los independientes y grupos regionales otra vez ganen más posiciones que los partidos nacionales. Pero recordemos que en el 2014 al fujimorismo le fue mejor que al resto, tenía cierta identidad (mano dura, por ejemplo) que le permitió atraer candidatos competitivos a nivel local. No tuvo un gran resultado, al revés, bastante mediocre, pero esa participación regional, el esfuerzo de pelear esos espacios, fue precisamente la que le sirvió para construir listas parlamentarias competitivas. La historia puede repetirse. El 2018 puede ver a un fujimorismo con un mensaje más claro que ofrecer en sus campañas locales. La última elección presidencial mostró su cercanía a actores ilegales y sus recursos, lo cual aumentaría la posibilidad de campañas locales competitivas. Así, el 2021 podría volver a presentar listas competitivas en la elección legislativa, logrando un buen resultado más allá del conteo final de la elección presidencial. Entonces, pareciera que si no se disputan estos espacios locales el vacío beneficiará a Fuerza Popular, es fuerte por walk over. Los grupos de oposición deberían aprender de la estrategia fujimorista de estos años e ir pensando en los costos de no buscar más organización y presencia territorial. ¿Qué hacen hoy los dos grupos más numerosos en el Congreso frente a esta situación? ¿Esa izquierda dividida por minucias y canibalismo será capaz de disputar el espacio territorial que dominó la elección pasada y aprovechar el gobierno local para mostrar eficiencia en la gestión, uno de sus mayores déficits? ¿Peruanos por el Kambio, un “partido” construido para elecciones presidenciales, puede convertirse en un grupo que dispute espacios locales, que aproveche su popularidad presidencial (si la mantiene), o regalará el 2018 a sus opositores? Entonces, la discusión sobre fortaleza y debilidad de Fuerza Popular no debe verse en abstracto. Si bien es un error ver al fujimorismo como un partido fuerte, articulado y sin resquebrajaduras, su mayor organización y la popularidad de su lideresa le permite cierta mirada de mediano plazo que hoy le da ventaja. Eso basta para mantenerse juntos y ganar fuerza. El tuerto es rey.

Estas semanas he escuchado argumentos “liberales” bastante llamativos en defensa de nuestra paupérrima televisión abierta. Entre otros, que es autoritario regular la televisión porque vulneraría las preferencias de los ciudadanos. La libertad de expresión debe garantizar esas preferencias y no regular contenidos o imponer los gustos de élites iluminadas. Además, esta barrera es la que permite que esos medios critiquen y limiten el poder del gobierno. Donde usted cree ver morbo y lucro en realidad está frente a una garantía contra posibles abusos de poder, una preocupación por el interés público. Esto es Guerra y Combate nos salvan del chavismo, dese cuenta. Uno puede coincidir en que el liberalismo tiene en su base un saludable antiperfeccionismo que busca evitar que las sociedades devengan en autoritarias o elitistas. O que los medios “privados” fuertes pueden contribuir a limitar el poder del Estado. O que es necesario desconfiar del control estatal. Pero el resto es una caricatura del liberalismo, una caricatura conveniente para defender un statu quo donde importa más el lucro que la libertad de expresión. Muchas cosas que decir ante tanta hipocresía o fanatismo. Por ejemplo, como han señalado Rosa María Palacios y Marco Sifuentes, puede apuntarse a que lo que los defensores de la televisión basura denuncian como intervención abusiva, lo que se está pidiendo es cumplir la ley. La Constitución y las leyes indican que para usar sus frecuencias los medios tienen obligaciones. Y ello incluye ciertos contenidos que no se cumplen con un par de horas de programas políticos o pasando chismorreo por cultura. La protección a la libertad de expresión y opinión busca dar libertad a los medios para adoptar posiciones propias y garantizar la crítica. Pero no se trata de crear chacras privadas. Hay obligaciones razonables que existen en toda democracia liberal. También se puede señalar que es bastante penoso invocar grandes valores y principios para defender a un grupo de empresarios motivados ante todo por el lucro. No es que la mala televisión sea un costo razonable ante una televisión que también produce calidad, aporta al debate público y fiscaliza al poder. La televisión basura es un fin en sí mismo, les llena los bolsillos, y la fiscalización al poder ocurre en horarios muy limitados (y no siempre en forma objetiva, pues hay un sesgo empresarial evidente). O quizás recordar que el liberalismo no equivale a relativismo. Sí, hay mucho de antiperfeccionismo en el liberalismo. Busca proteger preferencias individuales, sea porque considera que toda preferencia tiene un valor intrínseco, o porque dichas preferencias, hoy minoritarias, pueden ser justas o mejores que las de la mayoría. Pero solo una familia radical del liberalismo asume que el Estado no debe promover ciertos valores. Estos liberales criollos asumen que el gusto de la mayoría es un statu quo justo, adecuado, o en todo caso intocable. Pero la gran mayoría de liberales estará de acuerdo que promover cultura, educación, pensamiento crítico aumenta la posibilidad de decidir, no cuenta como un perfeccionismo elitista o abusivo. Que en el statu quo actual el embrutecimiento se inyecta a la vena a las clases bajas que no pueden escapar al cable. Finalmente, un tema que todo liberal debería considerar problemático es que la defensa de las preferencias así entendida hace invisible a cualquier minoría. A toda hora, ganará el programa concurso, la telenovela, el reality. El grupo de ciudadanas y ciudadanos interesados en noticias, cultura, debate, simplemente no existe. ¿Puede ser liberal este estándar mayoritario? Hace un tiempo propuse que una franja de contenidos parecía una buena solución para quienes temen una intervención externa. Otros han planteado posiciones sensatas desde donde iniciar la discusión. Pero nadie se atreve a actuar. El retroceso de las voces que tibiamente criticaron al statu quo muestra que, de nuevo, han ganado esos medios que hablan de autorregulación sacándonos la lengua.

El APRA tuvo una pésima elección, mucho peor de lo que se pensó era posible al inicio de la campaña. Si bien se conocían los poderosos antis con los que cargaba Alan García, ni sus críticos más duros pensaron en un desempeño tan pobre. Los costos de moverse a la derecha durante su gobierno y las acusaciones en su contra pasaron factura. Desconcertado, molesto, dando tumbos de promesa a promesa, García fue un espectro de sí mismo. Con su derrota se acabó lo que ha sido el oxígeno del APRA desde el año 2000. En el Perú de hoy la suerte de un partido pasa, sí o sí, por tener un líder con arrastre electoral. La magnitud de la derrota mostró que la tan postergada discusión sobre un nuevo liderazgo hoy es urgente. En un país con partidos fuertes los líderes no crean a sus sucesores, son destronados por ellos. Pero en un país de partidos débiles pareciera que los buenos líderes tienen doble trabajo: pensar en ellos y pensar en el futuro del partido. Contra todo lo que dicen amigos apristas, Alan no pensó en el APRA durante su gobierno. Mucho menos en un sucesor. Fue el líder que revitalizó un partido en ruinas, pero no aprovechó su capital para darle futuro y les dejó legados complicados, como el mencionado movimiento a la derecha. Pero el APRA carga con otros problemas que no sería justo atribuir solo a García. Para comenzar, está la imagen de corrupción que se vio en campaña. Ojo, un caso en el que justos pagan por varios pecadores. Disto de ser antiaprista, conozco militantes muy valiosos. Pero hoy se ha instalado en un sector amplio de la población una imagen del APRA como corrupto y pragmático que es muy difícil de revertir. Volver a vender ideas o entusiasmo pasa por saber limpiar esas marcas. Además, como señalaba antes, no existen muchos líderes con potencial electoral. Para bailar se necesitan dos, y así como García no promovió liderazgos alternativos, hubo muchos que no se lo demandaron, contentos con recoger lo que les dejaba. Un sucesor no saldrá de ese liderazgo de segunda línea que ha actuado estos años como segundones del grandote. Entre ellos no se ven presidenciables, sea porque se les asocia con la continuidad o porque son opacos personajes con nulo atractivo electoral. Unos tigres en las mañas y amarres de las internas, incapaces de ganar nada por fuera del partido (un problema que trasciende al APRA, claro). Al parecer la mejor carta es alguien que represente un rompimiento y construya (o recupere) una identidad frente a la población. El nombre que más suena es el de Enrique Cornejo. Podemos discrepar sobre si tiene la capacidad de cargar con la construcción de un nuevo APRA, pero creo que hay cierto consenso externo de que es su mejor opción. Sin embargo, para ser efectivo necesitaría mostrar diferencias con el liderazgo, atraer la atención como algo nuevo. Y eso no es nada fácil. El liderazgo actual está desprestigiado y debilitado, pero tiene la fuerza suficiente para limitar una opción renovadora. Pueden edulcorar el cambio, tanto que finalmente atraiga la atención necesaria para un relanzamiento. Si Cornejo termina pactando para no hacer olas, o baja el tono de sus críticas, desde fuera se le verá como más de lo mismo. Además, los líderes actuales no necesariamente tienen su futuro alineado con un intento de renovación partidaria. Vemos en estos días, por ejemplo, que Javier Velásquez Quesquén parece optar por actuar como satélite del fujimorismo. Se le ha acusado de personalismo, de buscar un futuro propio. Sin negar esa posibilidad, también es posible que muchos en el APRA vean en el fujimorismo una forma de seguir manteniendo relevancia. No es una mala estrategia para el partido en el corto plazo. Creo sin embargo que esta opción resulta suicida en el mediano plazo, lo termina de despintar. La influencia del APRA es todavía sorprendente para ser cinco congresistas y un puñado de cargos locales. Pero sin un discurso propio, sin un nuevo liderazgo, se ve mal el futuro. Nada garantiza que haciendo todo bien el APRA logre resurgir. Pero me queda claro que sin un plan ambicioso seguirán cayendo.

A pesar de sus diferencias, parece que los tres principales grupos políticos en el Congreso, Fuerza Popular, Frente Amplio y Peruanos por el Kambio, enfrentan hoy un dilema similar. Los tres tienen un camino que podríamos llamar instintivo, seguro, para los próximos cinco años. Una estrategia que los mantiene en su zona de confort pues responde a sus votantes de primera vuelta y se ajusta bien a su trayectoria política. Al mismo tiempo, parece que acomodarse en dicha zona es insuficiente, hasta riesgoso, para sus objetivos de mediano plazo. Por el lado del Frente Amplio hay una construcción de identidad en curso. Si no triunfa el sectarismo suicida que asoma en estos días, la izquierda cuenta con una lideresa popular con excelente proyección. Están construyendo una marca que, creo, también puede servirles en elecciones locales: una opción crítica al modelo que recoge agendas postergadas, como el ambientalismo, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Si logran superar sus tensiones internas, hay un horizonte prometedor. Sin embargo, una estrategia de simple continuidad puede ser insuficiente para ampliar su convocatoria. La elección presidencial mostró flancos débiles resaltados por sus rivales: dudas sobre su capacidad de gestión, indefiniciones democráticas, e injustas acusaciones de simpatía con la violencia que tuvieron pegada. Pareciera que esta continuidad, que brinda identidad, debe ser balanceada con novedad, temas atractivos para votantes urbanos, nombres con experiencia de gestión y capacidad de romper el sectarismo. Dejar el semblante adusto por uno más convocante. El fujimorismo, por su lado, ha logrado bastante en estos años explotando un discurso crítico, reactivo. Ha revitalizado su legado pragmático, de mano dura y promesa clientelar, atractivo para distintos sectores del país. Y la popularidad de Keiko Fujimori, sumado a este pragmatismo, ha permitido atraer candidatos regionales competitivos, logrando el control del Congreso. Contra lo señalado por otros analistas, dudo de que haya deserciones si la intención de voto de Fujimori se mantiene en más de 20%-25%. Al mismo tiempo, pareciera que hoy requieren más que eso, especialmente si tras dos derrotas Keiko pierde novedad. Así como el Congreso da posibilidades, también trae responsabilidades y evidencia carencias. Pareciera que necesitan una agenda con algo más que reacción, escapar de ese pragmatismo que hasta ahora les ha resultado útil. Sus nuevos voceros, antes que renovar su discurso o reducir el antivoto, se mantienen iguales o más conservadores. También parece necesario que piensen un nuevo balance entre lo viejo y lo nuevo, el anti-Humala no basta. A Peruanos por el Kambio el instinto podría llevarlos a lo que claramente ha sido el perfil de su líder: un gobierno tecnocrático, pragmático que gobierne centrado en la gestión, obras, y una agenda de crecimiento económico. Es decir, muy similar a los últimos gobiernos. Por la forma en que han iniciado su gestión pareciera que decidieron escapar en algo a esta zona de confort, al parecer entendiendo que ese estilo no les ha funcionado a los gobiernos anteriores. Algunos gestos desde el 28 de julio, y, por otro lado, una serie de eventos con los que se han topado y aprovechado, les han permitido romper con la imagen de una derecha ajena a temas sociales y liberales. Una posición que, creo, resulta cómoda en el escenario actual. Al mismo tiempo, este grupo político también tendrá que aprender a vivir en un malabarismo constante para mantener esa popularidad que les da tranquilidad, especialmente para evitar el rápido desgaste de los tres últimos gobiernos. No puede pelear directamente con el fujimorismo, pero tiene que recordarnos por qué se diferencian. No puede ser otro gobierno de derecha tecnocrático, pero no puede abandonar a su base de apoyo de primera vuelta. No se observa una opción clara de construcción partidaria, pero es muy riesgoso dejar sin horizonte a su grupo parlamentario o ceder espacio en la elección regional. Y si bien su fuerza electoral está en Lima, le va quedando claro que necesita estar cerca de las regiones para ganar oxígeno.

En las últimas semanas, el Poder Judicial ha aumentado su ya alto rechazo ciudadano con decisiones escandalosas en casos de violencia contra la mujer. Se suma a este malestar el trato recibido por los familiares del caso Accomarca. No bastó con un proceso lento, cargado de problemas e injusticia. El día de la sentencia fueron citados a las once de la mañana, pero recién se realizó la diligencia muy tarde por la noche. Estos hechos dicen tanto sobre la forma infame en que funciona nuestra justicia. Se ha dicho mil veces pero vale la pena recordarlo: la reforma judicial es un imperativo para nuestro desarrollo. Es crucial para la seguridad ciudadana y económica. Una justicia débil, racista, sexista y con serios problemas de corrupción, es un mecanismo perverso que contribuye a mantener la desigualdad y la discriminación. Una reforma debería atacar estos problemas y otros: recursos limitados, debilidad de gestión, una cultura jerárquica, procedimientos de ingreso y ascenso en manos de un cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura. Digamos que los diagnósticos son claros. El problema es que solucionar estos problemas pasa por superar una trampa compleja: tanto una reforma interna como una dirigida desde fuera producen, con razón, desconfianza. La reforma interna es improbable. Las autoridades actuales son parte de una organización jerárquica donde han dependido de sus colegas para escalar posiciones. Así, se deben favores unos a otros. Una reforma a fondo va contra los intereses de muchos que hoy ocupan cargos de poder. Y los buenos magistrados, que los hay, necesitan del apoyo de estos actores para realizar cambios. Darle más recursos a la institución en estas condiciones es como alimentar un monstruo: lo haces crecer y fortalecerse. Pero, al mismo tiempo, conocemos los riesgos de una reforma externa. Nuestra historia, y la de América Latina en general, muestra cómo se suelen usar las falencias de la institución para justificar, entre aplausos de la población, su intervención y manipulación. El objetivo no es mejorar la justicia, sino subordinarla. El ejemplo más cercano es la reforma fujimorista en la que se utilizaron comisiones nombradas desde fuera, además de una serie de actores internos con poder informal, para controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Además, incluso si el reformador externo tiene buenas intenciones, puede carecer de una adecuada percepción de los problemas. Los que vienen de fuera pueden pecar de ingenuidad o repetir errores del pasado. La experiencia interna suele ser muy valiosa para cualquier reforma. Pero, como señalábamos, el reformador interno que cuenta con dicha experiencia o no tiene interés en cambios profundos o carece de poder para lograrlo. Esta trampa trasciende al Poder Judicial, por supuesto. Se da en una serie de espacios donde la autonomía, cuyo objetivo es proteger a las instituciones de los intereses externos a fin de servir mejor al ciudadano, se convierte en una excusa, una coartada, para mantener el statu quo. Las universidades públicas o el Consejo Nacional de la Magistratura son buenos ejemplos. ¿Qué hacer? Una ruta razonable, que ha funcionado en otros países, es buscar mecanismos mixtos de reforma que partan de reconocer que no hay salida fácil frente a esta trampa. Si bien el cambio debe ser dirigido internamente, la reforma no se llevará a cabo sin una poderosa presión externa que señale cambios necesarios. Pasa por construir agendas multipartidarias, pactos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que demanden esos cambios y condicionen mayores recursos a que se cumplan. Involucrar otros actores sociales es crucial para darle legitimidad al proceso y mantener la presión sobre aspectos que suelen escapar al interés de la población: ONGs, empresas, universidades, medios de comunicación. Y pasa por identificar magistrados con vocación de reforma que usen este apoyo externo para superar la resistencia al cambio. El costo de no hacer nada es muy alto.

No, esta no es una columna sobre el macartismo de cierta derecha peruana. Es sobre algo más sencillo pero, creo, interesante por las lecciones que nos deja. En varios puntos de la avenida Universitaria hay carteles que señalan a los conductores que está prohibido voltear a la izquierda. Y sin embargo todos los días los conductores giran a la izquierda buscando evitar la vuelta más larga que manda la ley. Lo mismo sucede, sin duda, en distintas vías de Lima y el Perú. O casi todos los días. Algunas mañanas y tardes hay policías presentes. Esos días los autos no intentan el giro prohibido. Voltean hacia la derecha, dan la vuelta unos metros más allá, y esperan el semáforo para cruzar Universitaria. Siempre hay algún conductor que intenta girar, para ser espantado por los y las oficiales presentes. Pero, en general, la conducta de la mayoría es de respeto a la norma. Pocas horas después, ya sin agentes, se vuelve a romper la regla y se forman colas para voltear a la izquierda. ¿Por qué se prohíbe voltear a la izquierda? Un taxista al que un amigo le indicó que su maniobra era ilegal le contestó que sí, pero que él no respetaba la regla porque era ilógica: “¿no ve que me demoro más?”. En realidad, la regla es muy lógica. Lo que se busca en nombre del bien común, del mayor número de ciudadanos, es agilizar la vía principal. Que la mayoría no se vea perjudicada por un carril taponeado, o por el desastre que se produce cuando esos autos que intentan girar terminan bloqueando la vía al cambiar el semáforo. Por ello la minoría que desea voltear a la izquierda debe dar una vuelta más larga. Los minutos que pierden son ganancia para otros ciudadanos. Es más, uno podría argumentarle al infractor que, con sumas y restas, incluso la regla lo beneficia directamente: saque la cuenta de todos los minutos que ha perdido en el caos producido por él y otros infractores. ¿Qué nos deja este caso? Primero, lo evidente: las reglas formales son referenciales, a ser respetadas solo cuando la autoridad está presente. El caso es un ejemplo de muchas otras conductas que demuestran la debilidad de nuestras instituciones formales. Cuando la regla afecta nuestro interés, se pasa por alto. Segundo, queda claro que el respeto a la ley no pasa solo por la educación. Con insistencia se señala que la mejor cura para una serie de conductas nocivas en el país es la educación. Una gran verdad, por supuesto: la educación es la que permite, en el mediano y largo plazo, entender los beneficios de vivir en una sociedad donde se respetan las reglas que favorecen el bien común. Y crea las bases del rechazo social, la más efectiva forma de sanción. Pero también es una gran mentira creer que lo que falla es la educación, pues como deja en claro este caso no se trata de desconocimiento. La mayoría conoce a la perfección la norma, la respeta cuando hay riesgo de sanción y deja de hacerlo cuando no lo hay. Sin una autoridad eficaz, que asegure que otras personas también respetarán la ley, lo más seguro es que se opte por la conducta prohibida y funcional a los intereses del infractor. Piense ahora en corrupción, informalidad y un largo etcétera de conductas donde observamos comportamientos similares. Por último, y tal vez más importante para pensar en los retos del fortalecimiento institucional, el caso muestra la enorme dificultad de cambiar estas conductas. Meses de colocar policías no ha cambiado en nada la conducta. En otro país, con un Estado funcional y una sociedad acostumbrada a que las reglas se respeten, una nueva regla es de inmediato efectiva. Aquí es referencial, se “estudiará” si debe respetarse y cuándo vale la pena hacerlo. El cambio, entonces, requiere de estrategias creativas y sostenidas en el tiempo, como se hizo en los noventa con la norma que mandaba usar cinturón de seguridad o con el pago de impuestos con el fortalecimiento de la Sunat. Una combinación de campañas informativas, sanciones efectivas y continuidad. ¿De pronto colocar cámaras en los cruces, publicitar el tema y aplicar sanciones, sería más efectivo para evitar el giro a la izquierda?

Se ha dicho ya varias veces, pero la necedad de algunos hace necesario repetirlo. No es por egoístas ni excluyentes que hoy marchamos para detener la violencia contra la mujer en nuestra sociedad y no contra “todo tipo de violencia”. La convocatoria a “Ni una menos” busca resaltar que estamos frente a muy poderosos patrones de violencia que afectan a las mujeres en nuestra sociedad. Eso no es negar la gravedad de otros tipos de violencia, sino señalar algo tan brutal como invisible. En estas semanas se ha logrado mostrar y discutir estos patrones más que nunca antes. Se han resaltado los más duros: violencia cotidiana, abusos sexuales en espacios que debían ser seguros, uso de fármacos para violar, feminicidios, entre otros. Y patrones en la forma indolente e ilegal en que con mucha frecuencia el Estado recibe y tramita esas denuncias. Además, se ha logrado visibilizar muchos otras formas de exclusión a la mujer, quizás menos violentos, pero graves y que son parte del andamiaje que sostiene los abusos mayores. La marcha reconoce las voces que desde hace tiempo señalan la necesidad de reformas profundas. Una de ellas, urgente, es la transformación del Estado para la prevención, atención y sanción de casos de violencia contra la mujer. Ya quedó claro que el Estado no recoge denuncias ni sanciona en forma adecuada en una gran cantidad de casos. También va abriéndose paso la urgencia de capacitación a todo nivel de funcionarios públicos. Pero quisiera apuntar a otra dimensión urgente de cambio estatal: los recursos necesarios para atender en forma efectiva e integral la violencia familiar, especialmente en zonas de pobreza. Una experiencia reciente me enseñó mucho sobre la magnitud del reto que enfrenta el Estado para atender los casos de violencia familiar. Una cosa es leerlo en reportes y libros, otra hablar con los actores involucrados. En una investigación sobre uso del quechua en oficinas estatales realizada en una región del sur me tocó entrevistar a dos funcionarias de un Centro de Emergencia Mujer (CEM), oficina del Ministerio de la Mujer que brinda ayuda integral ante la violencia familiar. La conversación en un inicio se centró en la importancia del bilingüismo para comprender y atender adecuadamente a la víctima y actuar como puente con sectores estatales a cargo de tramitar la denuncia. Pero luego derivó, casi como una catarsis, hacia los enormes problemas estructurales que enfrenta una estrategia integral contra la violencia familiar en esta zona. Limitados recursos para atender en forma adecuada a una persona sin dinero que lo deja todo para escapar de la golpiza cotidiana y cuyo capital social está asociado al de su esposo. El peligro de ir a un centro de acogida cuya ubicación es conocida. La tragedia del día después, sin trabajo y sin recursos con una familia que alimentar. Pero estas funcionarias no solo transmitieron frustraciones, sino también su cariño y dedicación al trabajo que realizan. Su preocupación por las personas que atienden, que va más allá de su función para balancear estas limitaciones y buscar alternativas. Sus diversas ideas sobre cómo mejorar el servicio y brindar más seguridad, pues saben que cada mujer a la que el sistema le falla retorna a un infierno cotidiano donde puede morir. (Digresión: esos son los encuentros que hacen que deteste a los idiotas que generalizan y anda denostando de todos burócratas como ineficientes y deshonestos). Hoy se marcha también por colocar en la agenda el tema de los recursos para las áreas que atienden la violencia familiar. Y para pensar cómo desde el Estado, la sociedad civil y las empresas podemos brindar salidas a esas mujeres que optan por escapar al infierno. Hay una larga agenda feminista en estos temas que puede enseñarnos sobre los pasos siguientes. Ni una menos.

Hugo Coya es el nuevo presidente del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La noticia me alegra. Conozco a Coya y sé que es una persona correcta y creativa que conoce la profesión. Espero pueda realizar cambios de fondo que hagan a TV Perú y Radio Nacional verdaderos medios públicos, con mayor autonomía e influencia. Me centro en TV Perú, que es el espacio que conozco mejor. Es importante reconocer lo hecho por la administración que desde el 2012 ha estado a cargo del IRTP, sobre esos avances es que debe construirse. María Luisa Málaga, la presidenta saliente, ha trabajado en silencio para darle otro nivel a los medios estatales. Su administración logró convocar a buenos presentadores, como Josefina Townsend, Farid Kahhat, David Rivera, Óscar Vidarte. Se mantuvieron programas de calidad y se realizaron otros nuevos muy interesantes. El nivel de los noticieros es excelente y los espacios electorales han sido de muy buen nivel. Participé en un proyecto corto del canal en el 2013 y me consta el profesionalismo de sus miembros y la autonomía con la que nos dejaron trabajar. Sin embargo, faltó más. Y ello no puede lograrse sin apoyo, tolerancia y voluntad del gobierno para lanzar una reforma de fondo. Desde que tengo memoria los gobiernos han visto al canal como su propiedad, el instrumento que tenían a disposición para presentar sus agendas y defenderse de sus opositores. Una programación sobona en los ochenta e infame en los noventa, cuando se usó para destruir opositores. Y por lo general bastante aburrida en sus contenidos culturales. Los gobiernos postransición mejoraron la calidad, especialmente el último, pero todavía lejos de ser considerado un medio público autónomo que no es un difusor de las actividades del presidente. Evidencia de ello es que el actual canal tiene pocos espacios de debate e investigación política. O incluso de humor político, como sucede en otras cadenas públicas. Impulsar una reforma de fondo pasa por entender un par cosas. Lo primero es que en el mediano plazo no basta hablar de libertad de los medios estatales, se necesitan garantías que aseguren que la autonomía no dependerá del capricho de un presidente. Mientras el directorio dependa del Poder Ejecutivo no se podrá ejercer esa libertad plenamente. Se requiere, en mi opinión, reformas que den garantías a la oposición de que hay pluralidad en los contenidos. Si bien necesarios, estos cambios legales no son urgentes. Más importante hoy me parece lanzar un proceso que muestre lo que puede lograrse con una televisión realmente libre, plural y creativa que luego haga difícil revertir el cambio. Hay cinco años para plantear una reforma completa. Todo ello requiere amplia tolerancia y visión del actual Ejecutivo. Lo segundo es reconocer que hoy es un gran momento para intentarlo. Existe el espacio para construir una alternativa a la pésima televisión privada que sufrimos cotidianamente. No se requieren altos recursos para darle otro vuelo a la televisión pública, basta con pensar en una suerte de antitelevisión privada que ponga en la parrilla exactamente lo contrario que está dominando la pantalla hoy. Crear programas de calidad en las horas en que los privados nos bombardean con concursos y realities. Una televisión pública que recupere la discusión política entre semana, que refuerce e innove en los espacios culturales, que busque públicos nuevos, marcaría un contraste virtuoso. No se trata de lograr los ratings de los privados, pero sí de mostrar que otra televisión abierta es posible y no necesariamente con bajos niveles de audiencia. Este empobrecimiento de la pantalla afecta en mayor medida al sector más pobre de la población que no puede ni siquiera escapar al cable. Justificar la ganancia y la construcción sostenida de ignorancia cotidiana en la libertad de expresión, entendida como el dominio de la mayoría a toda hora, es infame y tiene consecuencias. Puede combatirse con una televisión estatal diferente. Ojalá se anime el gobierno.

Redacción: La República 29 Jul 2016 | 19:00 h El discurso de Pedro Pablo Kuczynski rompió el molde que ha caracterizado los discursos presidenciales desde la transición. Se privilegió el mensaje, la visión de lo que busca para el país, antes que una colección de obras, millones y datos. En cierta forma recordó el de Valentín Paniagua al asumir la presidencia el año 2000: republicano, sobrio, igualitario. El orador no alcanzaba para que fuera apoteósico, pero creo que fue un excelente primer paso y cumplió con creces su objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Me parece que PPK buscó dejar en claro que sabe que no puede ser igual a sus predecesores, no puede continuar con el piloto automático. Con su movimiento hacia el centro está señalando que ha escuchado a los insatisfechos, que la débil legitimidad de los gobiernos no pasa solo por un tema de mala comunicación o radicalismo obtuso. Venir de la derecha y haber gobernado le permite el espacio y la credibilidad para balancear una promesa de cambio con la garantía de continuidad. ¿Se imaginan si Ollanta Humala hablaba de revolución social en el 2011? El discurso pudo ser muy distinto, y felizmente no fue así. Recordemos que PPK es un tecnócrata económico, y no cualquier tecnócrata: es un tecnócrata peruano. Del 2006 al 2012 hice una tesis doctoral sobre tecnocracias en América Latina, así es que algo puedo decir sobre lo particular de nuestra fauna tecnocrática. A diferencia de otros economistas, muchos tecnócratas peruanos suelen estar atrapados en los noventa, ejercen una defensa cerrada de las reformas de mercado impulsadas en esos años. Por ellos no ha pasado la discusión de dos décadas sobre los límites de dichas reformas y la necesidad de superarlas para salir de la trampa del ingreso medio. Reconociendo la sensatez de muchas de esas medidas, desde hace años crece el consenso sobre las deficiencias de los servicios públicos privatizados o la necesidad de re-pensar la diversificación productiva. Hacer estas críticas no implica volver a esquemas industrializadores fallidos ni planificaciones soviéticas, sino es cuestión de supervivencia y desarrollo. Mientras, aquí vivíamos en un mundo paralelo donde incluso tibios impulsos reformistas eran satanizados y una prensa más papista que el papa repetía el dogma. En estos cinco años otros tecnócratas, más moderados, han hecho mucho por cuestionar estos dogmas e impulsar cambios en el Estado. Pero viniendo PPK de donde viene, pensé que otro discurso era probable. Uno en que la palabra modernidad no estuviese asociada a igualdad de raza, género, sino solo a crecimiento. Uno en que las medidas de destrabar inversiones y simplificar trámites, sin duda necesarias, se convierten en sinónimo de poner los intereses empresariales por encima de otros intereses. Uno en que no hubiese continuidad con lo hecho en estos años en educación y programas sociales. En resumen, uno en que nuevamente nos repitieran cifras y obras para hacernos entender que con estos niveles de crecimiento, especialmente si los comparamos con el resto de América Latina, tendríamos que ser felices. Por ello el tono del discurso, más reformista y político de lo previsible, me parece un buen inicio de gestión y un signo de que el Presidente entiende el reto que tiene por delante. Hasta aquí el entusiasmo. Ahora se necesita el cómo y darle credibilidad a sus palabras. Hay que romper la barrera de un Estado paquidérmico y tener talento para manejar un Congreso de oposición. Veremos, además, si dos o tres ministros que parecen todavía enganchados en los noventa continúan las reformas en curso. Hay que evitar se presente ese escándalo de corrupción empresarial que confirmaría la sospecha de muchos ciudadanos y golpearía duramente la legitimidad del gobierno. Hay que tener mucha cabeza fría para manejar, de presentarse, un conflicto social. Pero el primer paso ha sido bueno y eso hay que reconocerlo.

La Sala Plena Ampliada de Justicia de Ayacucho ha defendido el lamentable fallo de tres de sus magistrados contra Adriano Pozo, el salvaje que vimos masacrar a golpes a Arlette Contreras en un brutal video. En un comunicado la Sala intenta pasar su fallo como el ejercicio normal de su función. Nos dicen que podemos criticarlo, e impugnarlo quienes se sientan afectados, pero debe aceptarse en nombre de principios democráticos y garantías judiciales. Les copio un pedazo de dicho comunicado: “Si bien es cierto que constitucionalmente se reconoce el derecho de todo ciudadano de formular críticas contra las decisiones judiciales, también es cierto que estos atributos propios de un Estado constitucional de derecho, se encuentran sujetos a límites; entre estos, resaltan el respeto de la dignidad humana y a la institucionalidad de los principios de independencia y autonomía judicial, que constituyen pilares fundamentales para la seguridad jurídica de la ciudadanía en su conjunto”. Si se saca un comunicado, es porque consideran que, con nuestras críticas, ya se estaría afectando estos principios. Hay que ser muy obtuso para intentar esta defensa. Los firmantes invocan la autonomía judicial y los valores superiores que busca proteger. Este país ya vio muchos inocentes en prisión y violaciones sistemáticas por culpa de un Poder Judicial débil como para minimizar estos principios. Pero no mezclemos papas con camotes. En este caso, como en muchos otros, la autonomía sirve de careta precisamente para no hacer lo que un Poder Judicial debe hacer. Lo que queda de esta sentencia, y otras que se discuten en estos días, es el uso de esa autonomía para proteger la corrupción, la injusticia y el abuso. Su comunicado y la sentencia son parte de un patrón. Un patrón de varios asociado a la violencia contra la mujer. Si han seguido los valientes y poderosos testimonios de #niunamenos van a encontrar esos patrones. Hombres celosos y abusivos que destruyen con golpes o violencia psicológica a sus parejas, muchas veces mientras en público son encantadores y respetuosos. Podrán percibir el miedo, el terror cotidiano, en espacios privados que deberían ser un refugio. Miserables que duermen con medicamentos a sus víctimas para pasar una violación como sexo consensual. Tolerancia familiar al agresor o violador para evitar escándalos. Testimonio tras testimonio de pedofilia por parte de quienes estaban a cargo del cuidado de niñas y niños. Patrones. El patrón que nos ocupa: autoridades que no protegen a las víctimas, que dejan en claro que por machismo, corrupción, o lo que sea, no somos iguales ante la ley. Y que cuando se busca ayuda, el Estado falla. Un patrón que muestra que nuestro Estado mantiene formas autoritarias y de exclusión que conviven, y con frecuencia, violan esos grandes principios con los que intentan defender su sentencia. No son una garantía, son una trampa. Un patrón que, además, permite negar que se trate de “malos jueces”. Mario Montalbetti tiene una hermosa y poderosa figura para explicar por qué es nefasto hablar de “malos elementos” al observar fenómenos de corrupción o abuso en el Estado o la sociedad. Hablar de manzanas podridas hace pensar que “si extraemos las manzanas podridas es posible restablecer lo que juzgamos es el orden natural del barril: un conjunto de manzanas rojas, saludables, nutritivas”. Sin embargo, nos dice, comienza “a sospechar que no son las manzanas, sino que es el barril lo que está podrido”. No todos los barriles están podridos. He visto de primera mano el admirable trabajo de funcionarias del Ministerio de la Mujer en Ayacucho, comisionados de la Defensoría del Pueblo, algunos fiscales y policías, que enfrentan este enorme problema armados de escasos recursos y mucha voluntad. Pero los jueces que firman el comunicado, y me atrevo a decir que buena parte del Poder Judicial, sí está podrido. Podredumbre que podemos ayudar a limpiar marchando este 13 de agosto.

En Estrellas Negras (Anagrama 2016) se recogen por primera vez en español algunas de las primeras crónicas sobre África de Ryszard Kapuscinski. En concreto, las escritas sobre Congo y Ghana entre 1960 y 1961 como corresponsal de la prensa polaca. Los textos eran parte de un proyecto mayor, dos libros sobre los líderes Patrice Lumumba y Kwame Nkrumah, que nunca se concretó. Muchas razones para recomendar el libro. Permite percibir la encrucijada de estos dos países en sus primeros años de vida, cuando se hacía evidente el ingenuo optimismo de la independencia así como los costos de los legados coloniales. Inevitable reflexionar sobre cómo esos inicios ayudan a entender la situación actual de ambos países, una Ghana pobre en recursos pero más estable que la gran mayoría de sus vecinos y un Congo cuya riqueza mineral se convirtió en fuente de un conflicto interminable. Además, describe las tensiones a las que se enfrentaron líderes africanos lidiando con un mundo bipolar. Hay también una breve discusión sobre las razones por las que Ghana logró la independencia antes que Kenia que es una lección magistral de economía política comparada. Y más: los límites del panafricanismo, el conflicto entre líderes corruptos e idealistas que mostró la postindependencia, las tensiones secesionistas, la caída de los proyectos republicanos y surgimiento de partidos hegemónicos o caudillos militares, entre otros. Una narración trepidante que intercala entrevistas a líderes, visitas a bares, ministerios y barracas, y mucho de vida cotidiana. El conocedor de los procesos de independencia de América Latina siglo y medio antes encontrará muchos paralelos con estos mundos en construcción (o destrucción). Pero en mi opinión lo mejor del libro son dos breves estampas que se complementan como caras de la misma moneda: las entrevistas que hace el autor a un opositor conservador y a un radical en Ghana. La primera es una entrevista a un líder que se opone al crecientemente autoritario régimen de Nkrumah. El entrevistado, entre susurros por temor a ser reprimido, muestra su desprecio a un populismo irresponsable que deja de lado a líderes de oposición educados en Europa (“los mejores”); su odio a un régimen que sin ser comunista coquetea con el radicalismo, compra opositores y que desconoce la necesidad de seguir siendo parte del Commonwealth. Kapuscinski transmite con sus preguntas su crítica a un individuo que, aunque certero en sus preocupaciones, no comprende la magnitud de los cambios en movimiento ni las demandas históricas y simbólicas a las que debe responderse. La segunda estampa muestra un joven radical cansado del gradualismo de Nkrumah y su defensa de la necesidad de una revolución proletaria en un país casi sin obreros. La creencia en que la revolución traería justicia e igualdad y que las nacionalizaciones eran la ruta a la prosperidad. Que la manipulación de los sindicatos promovida por el régimen no existiría en un gobierno revolucionario. Es el escenario de esta segunda conversación lo que la hace más poderosa. Transcurre en una playa donde ambos construyen castillos de arena. Mientras el autor no logra construir uno sólido con la arena suelta de la playa, su interlocutor hace maravillas al utilizar arena mezclada con barro. Como en el barro hay garrapatas el reportero teme tocarlo, mientras que su joven interlocutor crea la “obra de una mano que no vacila”. La seguridad del radical con toda su peligrosa ingenuidad (y un guiño a los lectores polacos viviendo bajo el régimen añorado por el joven). Es conocida la polémica sobre la verosimilitud de algunas crónicas de Kapuscinski, sus supuestas licencias al narrar los hechos. Pero su retrato del opositor conservador y el radical, aunque no fuese del todo cierto, es verdadero. Recoge magistralmente la descripción de dos tipos de actor político que se repiten en momentos históricos de cambio, desbordantes de esperanza, miedo, y corrupción. Mucho para masticar.

Durante la campaña leí diversos comentarios reclamando que desde la academia no se ha estudiado al fujimorismo. Si bien comparto la idea de que hay mucho por estudiar del fujimorismo actual, creo que es exagerado señalar que no hay trabajos sobre el tema. Y conocer esos estudios es fundamental para las nuevas investigaciones. En los noventa, el fujimorismo atrajo la atención de diversos investigadores, muchos del mundo anglosajón. Cotler, Degregori, Grompone, Kenney, Levitsky, Murakami McClintock, Roberts, Schmidt, Tanaka, Vergara, Weyland, entre otros, tienen artículos y libros que tocan el ascenso, estabilidad y caída del fujimorismo. Y también hay libros editados por Conaghan, Carrión, Crab­tree y Thomas con miradas globales a ese gobierno. Muchos de estos trabajos ponen el caso peruano en una perspectiva amplia, comparada, señalando su relevancia para temas como régimen político, partidos políticos, reformas de mercado, violencia y derechos humanos, impacto y uso político de programas sociales, corrupción, vínculos del Estado con actores ilegales, entre otros. Hay dos aspectos discutidos en estos primeros trabajos que me parece fueron muy relevantes en esta elección y pueden inspirar nuevas investigaciones. Los estudios de Alberto Fujimori como líder populista (Roberts, Weyland), la composición de las élites fujimoristas (Degregori y Meléndez) y los referidos a los vínculos entre Estado y ciudadanía, permiten analizar cómo ha cambiado el fujimorismo desde esos años. ¿Quiénes son sus votantes, qué elites lo apoyan, cómo se relaciona con la sociedad? La relación que plantea el fujimorismo con la ciudadanía sigue siendo personalista, pero con más organización partidaria que en los noventa. Paradójicamente, el movimiento antipartido es hoy el partido más organizado del Perú y que más esfuerzos ha hecho por construir organización. Ya hay algunos trabajos que exploran la organización y sus votantes, pero sin duda estamos en deuda. Adriana Urrutia, por ejemplo, estudia en sus trabajos la organización de base fujimorista, sus creencias y formas de participación en el partido. Por el lado de las élites, está la tesis de pregrado de Melissa Navarro donde se documenta la creencia compartida por un sector de la dirigencia respecto de una supuesta persecución en su contra, y cómo ello los unifica. Más recientemente Milagros Rejas, también en su tesis de pregrado, estudia los conflictos internos de la organización y su relevancia para la construcción partidaria. Por el lado de los votantes, Carlos Meléndez analiza en su tesis doctoral la identidad fujimorista y antifujimorista en el Perú. Si vemos que el Sur rural, donde PPK no obtuvo casi votos en primera vuelta, vota a su favor en segunda vuelta podemos apreciar la fuerza de este anti. Falta conocer bastante más sobre los vínculos entre fujimorismo y élites informales e ilegales, un trabajo tanto para la academia como para el periodismo (y no exclusivo del fujimorismo, claro). Asimismo, me parece muy relevante explorar la relación entre fujimorismo y seguridad. El pasado permite entender por qué esta marca de la seguridad fue muy efectiva en la campaña. La preocupación ciudadana por el tema fortaleció a dicho partido (recuerden los últimos spots de Keiko). Al respecto, puede consultarse el trabajo de Jo-Marie Burt Violencia y Autoritarismo en el Perú, traducido hace ya unos años por el IEP. Burt discute el uso de la seguridad como discurso político por parte del fujimorismo, su legitimidad ganada al llevar al Estado de vuelta al territorio tras la derrota de Sendero Luminoso. Esta bandera de la seguridad, de mano dura, se activó en esta campaña para beneficio del fujimorismo. Al describir el retorno del Estado al territorio por medio de obras, el libro también permite entender por qué el fujimorismo puede presentar un combo “estabilidad de mercado-clientelismo de Estado” que es poderoso entre muchos votantes. Como ven, bastante por explorar para poder construir mejores investigaciones. ¡Disculpen los no mencionados!

Más que seguir discutiendo las consecuencias electorales del escándalo de Joaquín Ramírez, Secretario General de FP y financista de campaña, les propongo aprovechar lo visto esta semana para recordar que hay aspectos a defender en nuestra democracia que no deben minimizarse. Y que el fujimorismo sigue siendo un riesgo para esos avances democráticos. Déjenme dar un rodeo por lo que considero un falso debate sobre la democracia en el Perú para volver a lo que nos debería enseñar el caso Ramírez. Desde la caída del fujimorismo varias veces he escuchado la misma crítica contra quienes señalamos que desde entonces vivimos en democracia. Se nos acusa de considerar democrático a un sistema injusto, donde el igual trato ante la ley no está garantizado y en el que poderes fácticos escapan al control institucional. Supuestamente al nombrar democrático al régimen político existente desde el 2001 estaríamos colgándole una inmerecida medalla. Veo las cosas de otra manera. El debate real, me parece, pasa por determinar si a pesar de todas sus fallas nuestro sistema democrático actual cumple los mínimos para ser sustantivamente distinto a un autoritarismo. No entro en las definiciones y las fronteras, pero básicamente determinar si hay condiciones y garantías para una competencia electoral suficientemente justa. Si la respuesta es sí, estaríamos en democracia y podemos pasar a discutir sus virtudes y defectos. Si la respuesta es no, pues sí habría similitudes con lo vivido bajo Fujimori-Montesinos. Estoy en el primer grupo. Esta democracia es de mala calidad, como intento recordar con frecuencia en esta columna, pero estoy convencido de que no es igual a los noventa. La oposición ejerce más límites al ejercicio del poder. Los medios han destapado escándalos y diversas voces han podido expresarse contra los abusos. Con todo, los partidos que no le gustan al empresariado han podido competir y les ha ido bien. El Poder Judicial está en debe, pero hay jueces que se la han jugado por la defensa de derechos. La fiscalía de Pablo Sánchez no es la fiscalía de Blanca Nélida Colán. La América Tv de hoy es muy diferente a la de los Crousillat. Volvamos al incidente reciente, que resalta lo que tenemos y podría perderse. La reacción fujimorista tras la denuncia fue la de blindar a su Secretario General y atacar a la prensa. La prensa resistió, no bajó el tono. Regresaron del pasado subalternos y sobones, clones de los noventa, listos a blindar al líder y minimizar denuncias. Recordemos los ingresos de Montesinos, las pruebas de interceptación telefónica, la prensa chicha y todas esas evidencias de corrupción, abusos y dinero ilegal que era minimizado por una serie de subordinados que se “sorprendieron” en el año 2000. Con todo, la presión y el miedo al costo electoral permitió el retroceso del blindaje. Ahora imagine una denuncia similar con el fujimorismo en el poder. Me queda claro que con 73 congresistas otro hubiese sido el efecto del putsch de un partido que no muestra tolerancia ante la crítica. Esa misma presión contra un directorio periodístico timorato podría ser muy diferente. Probablemente no se hubiese “renunciado” a Ramírez. Los adulones y sobones habrían negado hasta el cansancio indicios poderosísimos de que algo se pudre en el núcleo del gobierno. No creo que existan las condiciones para que el fujimorismo construya un autoritarismo como el de los noventa, pero este incidente refuerza dos temores. Uno, ya señalado, el democrático. El segundo, los peligros de un gobierno con vínculos a sectores ilegales. Si su Secretario General ha sido esta caja de sorpresas, ¿qué otros entripados vienen con sus alianzas con mineros informales, transportistas en Puno, cuestionados empresarios de la educación? ¿Esos 73 defenderán la transparencia y control o blindarán a sus financistas e irán al cuello de la crítica? ¿Qué demandarán todos los termocéfalos hoy silenciados? Esta semana indica lo peor.

¿Me harían el favor de alcanzarle esta lista de titulares de diarios chicha a quienes desde el Fujimorismo andan diciendo que ésta ha sido nuestra campaña más polarizada? Una muestra de lo que El Mañanero, El Tío, La Chuchi, El Chino, Repudio o La Yuca vomitaban todos los días a cuenta del SIN. Tan sencillo como poner “diarios chicha noventas” en un buscador web. ¡Campañas las de mi tiempo! Primero, los rivales, el más golpeado el recordado y querido alcalde Alberto Andrade: Comunistas armaron lista de Andrade; Chancho Andrade pide tanques para aplastar a familias; Pituco Andrade no camina por pueblos jóvenes: “Es que se ensucian mis zapatos”; Andrade funda “Somos Chingana”; Andrade compra la casa de Alan; Andrade retrocede como el Cangrejo; Gente de Nazca echa a Andrade; Perdió el Juicio con Luchetti: Andrade se va cuesta abajo. Hoy son amigos, pero a Luis Castañeda también le tocó golpe y bastante: Castañeda Lossio tiene que pagar por estafa en la Caja; ¿Dónde se llevó Castañeda el bille de la Caja?; Andrade reconoce ser marrano pero no chavón como Castañeda Lossio; Castañeda Lossio en trompo rompe quiosco a patadas; Castañeda ensayó 37 veces su discurso de lanzamiento y no le sale bien por culpa de los nervios. Y claro, Alejandro Toledo: Toledo se levantó cinco palos de CLAE; Toledo resultó ser súper trafa; Gringa jugadora besa a Toledo solo para la foto. Todos recordamos las sentidas disculpas de Alberto Fujimori a sus rivales tras esta limpia campaña. Nótese que ninguno era investigado por la DEA. Luego, la prensa crítica: Al Rojo Mohme no lo quiere nadie; Ángel Páez es un profesional de la farsa y la mentira. Rojos de El Comercio se alocan por denuncia de Diarios Populares; Asesino y Drogadicto es Denunciante (este es de Expreso). Y claro, la sobonería desatada: Presi Fujimori resuelve problema de hospital en Villa El Salvador; Fuji da a Madres, Toledo les quita. En “La Década de la Antipolítica” Carlos Iván Degregori recoge un episodio jocoso de cuan absurdo era este felpudinismo cotidiano: diarios chicha celebrando que Fujimori hubiese levantado una veda de pescado cuando en realidad era una disposición normal, de todos los años. No es todo, claro. Si quieren profundizar en la infamia de esa campaña también pueden darle una miradita a los vladivideos que el LUM ha subido a su página web para recordar lo que se hablaba antes, durante y después de la misma. Por ejemplo, se celebró la “victoria” como si se tratara de una guerra contra los enemigos del Perú. También se puede recordar las pintas que se hacían de madrugada por todo el Perú con recursos estatales y mano de obra militar. O revisar los programas de Laura Bozzo y los noticieros de la televisión comprada. O recordar a los infiltrados del SIN en la Marcha de los Cuatro Suyos. No exageremos, pues. Y menos si los que hablan son los mismos que miraron desde el balcón como se repartía barro con ventilador. Incluso esta campaña, en mi opinión, fue bastante menos polarizada que la del 2011. La diferencia es que ahora su rival no representaba un riesgo al modelo y, por tanto, los medios sí los golpearon en sus flancos débiles. La vez pasada los trataron suavecito mientras masacraban a Humala (y ustedes calladitos). Quien sabe, incluso esta revisión puede servirles para ganar perspectiva y escuchar menos a los que les dicen que el anti-fujimorismo es irracional y exagerado, un elitismo anti-cholo, una invención de esa izquierda que sabe que solo el Fujimorismo impide su control de las masas (la polémica de los historiadores versión caricatura). Más importante para entender por qué ese anti les ha costado elecciones contra candidatos de izquierda y derecha débiles, creo, es lo nefasto de este pasado, su nula autocrítica y la continuidad de gestos autoritarios.

Nunca más fácil justificar un contrafáctico: 0.24% (40,000 votos) de diferencia y una campaña en la que apenas una semana antes Keiko Fujimori llevaba cinco o seis puntos de ventaja con amplia sensación de ganadora. Si bien los eventos de los últimos días hacían pensar que Kuczynski podía ajustar un poco los números, ganar parecía imposible. Y sucedió. El trasfondo de la remontada, no hay que olvidarlo, fue un fuerte antifujimorismo que mantuvo en competencia a PPK incluso recogiendo votos donde su resultado en primera vuelta fue paupérrimo. Pero sobre ese escenario hubo seis factores que le permitieron capturar masivamente a los indecisos. Si bien es difícil precisar su peso individual, me queda claro que sin uno de ellos muy probablemente Keiko estaría armando gabinete. El primero es la investigación de la DEA a Joaquín Ramírez y la demora en separarlo de su cargo de Secretario General. El segundo, el audio manipulado presentado para limpiar a Ramírez. Los veo como factores con peso propio, pues si bien la denuncia alertó sobre los posibles vínculos del fujimorismo con dinero ilegal, la manipulación revitalizó el escándalo y recordó otras cosas del pasado, como los métodos del SIN y el triste papel de una prensa obsecuente. Tres, el apoyo de Verónika Mendoza, que incluyó un audio en quechua reproducido por radios rurales. Si bien muchos de sus votantes ya estaban con PPK, faltaba convencer indecisos, especialmente en el sur. Cuatro, la marcha contra Keiko, más grande que la anterior y más emotiva. Cinco, que PPK, tras una desastrosa campaña, en las últimas dos semanas ordenara la casa y lograra un buen segundo debate con una frase para el recuerdo. Finalmente, resaltaría también un factor poco mencionado: el apoyo de César Acuña, que ayudó en un norte color naranja y con personeros. ¿Qué se viene? No comparto la idea de que la división que vimos en los últimos días es profunda y nos lleva hacia una sociedad polarizada y enfrentada. Como discuto más abajo sí hay riesgos, pero parece importante tomar conciencia que es más un pleito de élites políticas antes que un clivaje social como el que existe en otros países donde los partidos tienen fuertes raíces sociales. Recuerden que lo mismo se dijo el 2006 y el 2011. Tampoco creo que una estrategia de ataque sin cuartel desde el Congreso resulte útil para un fujimorismo que también será percibido como responsable de lo que suceda. Más bien, sería bueno recordar que tienen la mayoría para hacer las reformas que prometieron en campaña como garantía a su poder (autonomía de la Procuraduría, por ejemplo). Pero sí comparto la idea de que PPK necesita entender que no puede ser un Presidente típico de la pos-transición. No tiene ni la bancada ni la economía para ello. Su gobierno, creo, debe responder a dos grupos de votantes que no lo apoyaron en primera vuelta y cuyas demandas de politizarse pueden afectar seriamente su popularidad y eventualmente la gobernabilidad. El primero lo componen los votantes del sur y Cajamarca, bolsones de extrema pobreza a pesar del crecimiento económico de los últimos años y que ven con desconfianza a gobiernos que no responden a sus demandas o privilegian las de otros actores. Se trata de ir más allá del cemento y la tontería esa de “destrabar trámites” para intentar construir una agenda para zonas con fuertes demandas materiales y simbólicas. Se espera ministros muy políticos, eficientes, que entiendan que el gasto social es una inversión en estabilidad y desarrollo, no un tema secundario. El segundo lo componen los votantes fujimoristas. Criticar a las élites fujimoristas no implica cargar de epítetos a sus votantes. Es tan idiota e injusto calificar de ignorantes y violentos a quienes apoyaron al FA en primera vuelta como estigmatizar al votante fujimorista. Han votado por Keiko por representar algo que les importa, o cuando menos representarlo mejor que las otras opciones que tuvieron a su alcance. Por un lado, un Estado más presente. Pero creo su principal demanda es de seguridad. Sin una respuesta urgente ese malestar seguirá creciendo.

Me sorprendió la facilidad con la que se dijo a inicios de esta semana, supongo basándose en las encuestas de la semana pasada, que PPK se había “equivocado” al polarizar y sentar más claramente sus diferencias con el fujimorismo. El que PPK haya tomado un rumbo confrontacional, o haber recibido y saludado el apoyo de Verónika Mendoza, lo enterraría con los indecisos y le haría perder votos. Es decir, más allá de cómo se evaluara el contenido de ese mensaje, para un sector de analistas y comentaristas era una pésima estrategia electoral. Uno de estos análisis fue el de Víctor Andrés Ponce, director de El Montonero. El miércoles, al evaluar los supuestos costos de la polarización de PPK, Ponce señalaba (Desesperación PPKausista): “Impresionante, pero cuando empezó la segunda vuelta PPK tenía todas las de ganar. (….) Pero se zambulló con zapatos y todo en la mencionada polarización y, de súbito, PPK dejaba de ser PPK y comenzaba a aparecer un remedo del candidato nacionalista que votaba fuego antikeikista en las elecciones del 2011. Si bien los analistas y los periodistas solo se aproximan a la verdad y cometen muchos yerros, sobre todo en una sociedad con tanta volatilidad electoral como la nuestra, todo indica que PPK camina sin pausa a un abismo”. Me disculpan, pero no tengo idea qué elección están viendo quienes hacen este tipo de comentarios. Señalar, como Ponce, que la caída de PPK se debe a su polarización no tiene en cuenta que...PPK venía cayendo desde mucho antes de polarizar. Recién la semana siguiente a la sacada de mugre en Piura, hace unos 10 días, se vio un cambio de actitud en su campaña, ya evidente en el debate del domingo último. Ha comenzado a señalar diferencias con su rival después de una campaña anodina en la que no lograba dirigirse a los indecisos ni robarle votos al rival. Es más, en mi lectura, en la cabeza del elector de inicios de segunda vuelta PPK se convierte de inmediato en el antifujimorismo y pierde fuerza precisamente por su tibieza y desinterés. La semana pasada le reclamé un cambio de actitud, precisamente por considerar que su estrategia no estaba dando resultado. Pero en realidad lo más justo hubiese sido señalar que a inicios de semana no podíamos evaluar el efecto del cambio de estrategia. En ese momento nos basábamos en nuestra evaluación previa de la elección y poco más. Las encuestas de la semana anterior por las fechas en que se realizaron no recogían del todo el efecto de dicho cambio y mucho menos el apoyo de otros actores, como Verónika Mendoza. Recién con las encuestas que aparecieron a partir del jueves (que no circulan públicamente por una absurda norma) y con los resultados del domingo podremos evaluar si el cambio de estrategia benefició o afectó a PPK, y constatar si nuestras evaluaciones eran o no correctas. No puedo adelantar nada para que no me multen pero ustedes pueden buscar la información (doblemente absurda norma). Por lo demás, como debería resultar evidente, la efectividad de este cambio de estrategia no se debe medir por el resultado final de la elección sino evaluando si logró cambiar la tendencia previa. Si el cambio de estrategia no cambió la tendencia o la profundizó, hay bases para decir que el movimiento de PPK le costó votos, que el apoyo de Mendoza no contribuyó, y que analistas como Ponce tenían razón en sus juicios (o prejuicios). Si se aproximan los números, aún perdiendo, pues hay base para argumentar que la estrategia sí sirvió. Les dejo mis cartas sobre la mesa, no me dejarán mentir quienes me escucharon en una presentación el día lunes. Personalmente pensé que si bien el cambio de PPK era necesario, lo ayudaría y reduciría la distancia, era muy difícil cambiar drásticamente la tendencia. En buena cuenta por el mejor posicionamiento de Fujimori en los sectores D y E, los cuales considero deciden en mayor proporción su voto en las últimas semanas. Por ello, el rush final de Humala el 2011 resultaba bastante más difícil de repetir. Como imaginarán, estaré muy feliz de equivocarme.

Discrepo de quienes vieron en el debate del domingo a un PPK digno, propositivo, sin caer en las provocaciones de Fujimori. Lo que vi fue un candidato incapaz de transmitir lo que lo diferencia de su rival. La idea que reforzó Fujimori fue la del candidato de los ricos, de los intereses internacionales, el pituco alejado del pueblo. Frente a eso Kuczynski mencionó algo sobre un narcoestado, repitió unas cifras de corrupción, y poco más. Lo situaron donde no quería estar y él no pudo situar a su rival en ningún lado. Eso es perder. Y feo. Se resaltan errores y aciertos de campaña para explicar la remontada fujimorista en segunda vuelta. Sí, bastante de ello hay. Hemos presenciado una muy activa campaña de Fujimori, con viajes y alianzas de todo tipo, algunas riesgosas. Mientras, por el lado de PPK se ha visto mucho menos movimiento, pocos esfuerzos por politizar los temas que podrían dañar a su rival. Pero el tema de fondo que creo explica este crecimiento sostenido fujimorista en las últimas semanas cuando muchos deciden su voto está en algo más silencioso, un movimiento subterráneo que estaba cantado. Keiko tenía a su disposición un discurso muy potente en el Perú: su rival era un candidato limeño, asociado a la gran empresa, y ese encuadre le ha ido aportando votos. Los resultados de primera vuelta, además, indicaban que muchos de los nuevos simpatizantes rurales y pobres de PPK no tenían contacto alguno con los mesocráticos y urbanos PPKausas, y sí con fujimoristas. Si se reconocía esa realidad, entonces era fácil entender que la ventaja inicial de PPK era engañosa, que el diagnóstico no podía ser de pasividad, sino de urgencia para detener ese movimiento. Esa primera encuesta fue una sorpresa que no debió desperdiciarse. Porque la coalición antifujimorista no era poca cosa. Ese voto rural, del sur y centro, impedía que el voto de Peruanos por el Kambio se pareciera al de Vargas Llosa en 1990. Los votos de PPK ya no eran los de la Lima AB, sino un conglomerado de centristas, izquierdistas, de ciudadanos de regiones diversas con un mal recuerdo del fujimorismo. Tenía que cuidarlos. Había también que ofrecer algo a los votantes de sus rivales. Hablar a los simpatizantes de Barnechea y Mendoza que pasaron en masa a su base electoral. Porque era evidente que no eran entusiastas, tan poco entusiastas como sus candidatos de primera vuelta que, o no se han pronunciado o ni siquiera pueden nombrar al mal menor. Se necesitaba construir un mensaje que solidificara ese voto anti con poco en común. Hoy es muy claro que quienes recomendaron a PPK no politizar las diferencias se equivocaron. Porque politizar no era insultar, sino resaltar algo básico en política: qué me distingue de mi rival, por qué votar por mí es mejor. En términos democráticos. En términos de políticas sociales. En términos del riesgo de la criminalidad y alianzas ilegales. Resaltar el peligro de un partido que, como en el pasado, minimiza las denuncias de infiltración y convivencia con dinero sucio. Pero esencialmente construir algo, un mensaje. No bastaba, pues, con debatir propuestas o ser el más técnico de la clase. Si no se encuadran dichas propuestas en un discurso movilizador, nadie las recordará. Si bien el pasado del candidato no permitía posiciones altisonantes, había harto material pasado y reciente para explotar una narrativa. Hoy que a la hora nona PPK ha querido mostrar fortaleza, ha caído en el exceso y la pachotada. Se ve difícil voltear el partido y tal vez sea ya de mal gusto carajear públicamente al candidato que apoyaremos quienes no queremos al fujimorismo en el poder. Pero de verdad creo que Kuczynski necesita entender que el domingo él y nadie más que él tiene su última oportunidad de construir estas diferencias. Que si no cree que puede ser mejor presidente que su rival, mejor se hubiese quedado en su casa. Que no puede, no debe, ser recordado como quien pudo alertar sobre los costos y peligros del segundo fujimorismo pero repitió una actuación sosa. Se la juega toda, caiga peleando.

Se nos viene un escándalo de proporciones si se confirma que las denuncias presentadas en el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima contra Luis Fernando Figari no llegaron al Vaticano. Este diario reportó el jueves que un jerarca del Sodalicio consultó desde Roma a uno de los denunciantes de Figari, Santiago en el libro “Mitad Monjes, Mitad Soldados”, si conocía dónde había ido a parar su denuncia. En palabras de Santiago: “El Vicario General del SCV me sorprendió al entrar en contacto conmigo desde Roma. En su llamada me solicita mayores datos sobre el paradero de mi denuncia, ¡pues no la encuentra en ninguna oficina de la Santa Sede!”. Situemos el caso para entender su gravedad. Cuando el año pasado se publica el libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz se conoció que las tres víctimas de Figari que presentaron denuncias al arzobispado en estos años no habían obtenido respuesta. El padre Luis Gaspar informó que dichas denuncias se enviaron al Vaticano pues el Tribunal Eclesiástico no era competente para conocerlas en cuanto Figari era un laico. No brindó fecha, detalles, nada. Luego el cardenal Cipriani confirmó la información. Ello motivó una enérgica carta de Santiago señalando que lamentaba enterarse tras cuatro años de silencio por la prensa del destino de su denuncia y la incompetencia del tribunal. Cipriani respondió que esas eran las reglas del proceso eclesiástico: “Pregunta a estos que denuncian: ¿Por qué no van a la fiscalía? (…) ¿Quién le impidió a usted?”. Sensible aproximación a una víctima. Por su parte, Natale Amprimo, abogado del arzobispado, reiteró que el Tribunal no era competente y que el arzobispo tiene responsabilidad mínima sobre el tribunal, casi como “proporcionarle papel para la fotocopia”. Escandaloso, pero así el arzobispado se libraba con formalismos de responsabilidades que debió asumir la Iglesia Católica por su silencio desde que se conociera el tema. E incluso más, desde que el Sodalicio era cuestionado por sus métodos hace décadas. Los múltiples escándalos de pedofilia denunciados en el mundo los ponían en la obligación de mostrar real apertura, adelantarse y mostrar una actitud cristiana (si entendemos la palabra de igual forma). Pero en cuatro años estuvieron en silencio. Y cuando explotó el escándalo en el arzobispado se pusieron de lado, criticando al Sodalicio pero sin discutir su propia responsabilidad. Este resultado me pareció injusto e indignante. Un escape fácil. Más allá de lo que digan las formas, sabemos quién manda en el Palacio Arzobispal y no es su estilo guardar silencio. ¿Es creíble que un arzobispo que habla de todo, que cuestiona a los actores políticos que no le gustan, que nos recuerda de nuestras faltas morales al apoyar temas como la unión civil, el aborto terapeútico y la píldora del día siguiente, no tenía nada que decir en cuatro años sobre un caso tan grave como este? Injusto, pero lamentablemente así estaban las cosas. Hasta el jueves. Ahora de confirmarse que las denuncias no se procesaron, o se enterraron en algún sótano, el escándalo sí llegaría al arzobispado. Significaría que nos han mentido. Que prefirieron evitar el escándalo a reportar a depredadores, tanto los directamente mencionados como aquellos que, ante la ausencia de investigación y castigo, siguieron actuando. Cabe la posibilidad de que todo sea un error y que una explicación sencilla aclare el asunto. Las denuncias se enviaron en esta fecha, fueron recibidas por esta oficina y estos son los documentos que lo prueban. Pero esta vez se requiere una respuesta concreta. Eso también permitirá por fin saber si, de haberse enviado las denuncias, fue una respuesta célere o solo lo hicieron ante la inminencia del escándalo. Quienes hemos conocido y acompañado a las víctimas de este caso estamos obligados a levantar la voz y demandar una explicación a quienes debieron ser pastores y, más bien, habrían optado con su silencio por proteger al lobo.

En un excelente artículo, la politóloga y analista de IPSOS, María Alejandra Campos, muestra cómo el anti-voto de Keiko Fujimori se mantiene básicamente tan alto como en la elección del 2011 (http://www.ipsos.pe/punto_de_vista). Para una parte considerable de la población el fujimorismo sigue sin ser una opción sin importar quien tenga al frente. Antes fue el mal mayor de buena parte de la población contra una propuesta de izquierda, esta vez lo es contra una derecha tecnocrática. Para muchos peruanos ese antifujimorismo pesa más que otras consideraciones. Si bien el apoyo al fujimorismo es alto y tiene buenas opciones de ganar la elección, la resistencia de estos antis es considerable. Tan alta que ya parece tarde intentar reducirla con gestos de moderación. Probablemente el equipo de Fujimori entienda que lo que no se intentó en cinco años y tampoco en primera vuelta sería ya percibido como falso. O quizás que puede costarle algunos votantes del núcleo duro, aunque es difícil verlos pasando a PPK. Campos, así como Mirko Lauer y Rosa María Palacios hace unos días, sugieren que tal vez por esta dificultad Fujimori ha optado por una nueva estrategia para ganar votos: ahora busca jalar bolsones de electores, grupos con agendas más precisas. ¿Cuáles han sido estos bolsones? Primero el de los policías y sus familias, amenazando revertir el 24x24. Luego funcionarios públicos al atacar a la Ley de Reforma Civil. Pasó después a firmar acuerdos con mineros informales. También sindicalistas de construcción civil ajenos a los sindicatos tradicionales. Y ha firmado un compromiso con un sector muy conservador de los evangélicos. Estas apuestas son riesgosas, no es para nada claro que sean ganadoras. Así como seguro atraerán nuevos votos de los grupos beneficiados, también pueden ser un búmeran que golpee con los votantes indecisos y refuerza las razones del antivoto. Algunos de estos temas son impopulares en el resto de la población o pueden traer sorpresas por tener sus nuevos amigos vínculos con actividades criminales (daño al medio ambiente, extorsión). Si bien otros temas son mayoritarios, como el rechazo a la unión civil, tampoco implican un apoyo abrumador. Y menos si representan a posiciones violentas y homofóbicas como las de los pastores Linares y Santana, para nada representativos de la comunidad evangélica. Estos personajes impresentables, además, escapan al control de la campaña. Y claro, se muestra una candidata cambiando de opinión y confirmando los temores de sus opositores. Si bien considero que hechas sumas y restas esta movida es un error, salvo que se observe un improbable desplome o una fuerte subida del voto fujimorista será difícil evaluar su impacto. Carecemos de instrumentos de análisis que permitan seguir las decisiones de los votantes en el tiempo (encuestas panel). Si bien en algunos temas podemos comparar el voto de primera y segunda vuelta para evaluar su resultado (distritos mineros), en otros casos esta comparación es imposible. La aceptación o rechazo de la ciudadanía a estas propuestas, además, no significan similar impacto en la intención de voto de aquellos a los que van dirigidas. Y claro puede que haya tendencias en movimiento que no estén determinadas por estos temas, subir o bajar no es necesariamente evidencia del éxito o fracaso de la estrategia. Lo que sí me queda claro es que para que este tipo de declaraciones tenga un efecto negativo debe tenerse al frente a un rival que sepa decidir cuáles conviene explotar y politizarlas. Un rival que muestre estas contradicciones y sus costos, que use estos casos para señalar que el fujimorismo fue informalidad, desinstitucionalización, pragmatismo, y sus legados negativos siguen con nosotros. Sin alguien que trace la cancha con firmeza no se podrán explotar estos flancos débiles. Y hasta ahora no se ve a ese candidato.

No le doy mucha importancia a las encuestas de segunda vuelta antes de que se conozca a los finalistas. No suelen ser muy precisas, tanto por el número de indecisos como quienes no han pensado bien el nuevo escenario. Recordemos que Humala en el 2011 perdía por goleada contra Fujimori. Pero, por ahora, los resultados se parecen bastante a lo que se reportaba antes del 10 de abril: empate técnico. Les soy franco. Pensé que las primeras encuestas mostrarían a un Pedro Pablo Kuczynski en desventaja. Por su voto de primera vuelta lo veía ya encuadrado como el candidato de los ricos, de Lima centro, ajeno a los intereses de los ciudadanos más pobres. Un remake de Vargas Llosa-Fujimori 1990, pero con menos distancia, pues el antifujimorismo también es fuerte. Si se consolidaba la imagen de PPK como pituco y limeño, la segunda vuelta sería, aunque ajustada, de Keiko. Las encuestas muestran que ese encuadre se ha dado solo parcialmente. Sí, según Ipsos, Keiko gana en los sectores D y E por más de 10 puntos. En el norte también gana por lejos. Pero no hay un clivaje urbano-rural, ni siquiera Lima-interior. Al revés, siempre según Ipsos, incluso PPK gana por poco en rural e interior. Y en el sector C, PPK también lleva ventaja. Keiko intenta construir esa imagen negativa de su rival, pero hasta ahora los datos se resisten a confirmarla. Una razón importante por la que este encuadre no se ha dado es el voto del Sur, que muestra una clara preferencia por PPK. Aunque haya menos votantes en esta región, era el sector donde había más voto de primera vuelta por capturar y hasta ahora se va con PPK. Según IPSOS, el 54% de quienes votaron por Verónika Mendoza, muchos de esos votos en el sur, se va con PPK. Keiko apenas gana 12% de los votos de Mendoza. Sin esos votos la división del voto sería más cercana al encuadre mencionado. En una elección tan ajustada, con varios frentes que no pueden descuidarse, la pelea por el sur será decisiva. Reitero, me sorprendió. En la elección pasada el fujimorismo casi no creció en segunda vuelta en el sur andino. Pero en esa ocasión tuvo al frente a quien había sido ganador en esa región. No pensé que teniendo que escoger entre antifujimorismo y un candidato del establishment, el sur crítico tuviese (hasta ahora) una posición tan clara. Ello deja varias lecciones sobre el sur (y otras regiones del centro y norte donde le fue bien a la izquierda) que espero la campaña de PPK pueda ver. Primero, recalcar (y recalcar) el “hasta ahora” que he repetido varias veces en esta columna. Estos ciudadanos conocerán y conversarán en estos días con más votantes fujimoristas de primera vuelta que PPKausas. Ello puede ayudar a inclinar su voto hacia Keiko. Además, el riesgo de ser encuadrado como candidato de los ricos seguirá presente, más en una campaña en la que en cualquier momento a PPK o a su entorno se les puede escapar un gesto inoportuno o una pitucada de polendas. Si Kuczynski quiere ganar tiene que asumir que ese voto crítico no es necesariamente suyo. Tiene que cuidarlo e intentar convencer a buen número de indecisos. Ello no pasa por alianzas de cúpulas ni por un mal disfraz de izquierdista, sino por un reconocimiento del contenido crítico, molesto, de esas zonas del Perú que en primera vuelta votaron masivamente por el Frente Amplio y Democracia Directa. Pasa por gestos claros. La hoja de ruta de Kuczynski no es solo democrática, mal que bien cubierta. Su hoja de ruta más urgente es social: un conjunto de medidas creativas y creíbles que, con humildad, reconozcan la deuda del modelo económico con regiones y sectores que han ganado menos en estos años y donde se mantienen fracturas históricas. ¿Qué se hará para resolver la brecha de infraestructura; mejorar indicadores críticos en educación, salud; brindar oportunidades? Confiar en el antifujimorismo sería idiota, no siempre habrá un Kenji para salvarnos.

Los que conocen cómo se hacen reformas en el Perú saben bien que la manera más efectiva de acabar con ellas no es cortándolas abruptamente, sino dejándolas morir. Se nombra como nuevo responsable un incapaz sin interés en continuarlas. O a alguien vinculado a los intereses afectados por los cambios. Se cortan sus fondos y se aísla a los reformadores. Y en algún momento la reforma muere. Este gobierno sale golpeado, con escándalos (algunos más inflados que reales) y no tendrá congresistas que defiendan sus legados. Y aunque no provoque, hay varias cosas que defender. Una mirada objetiva muestra avances importantes que hoy están en riesgo. Esta semana, por ejemplo, se ha discutido el retroceso que representaría para la reforma policial la propuesta fujimorista de retornar al sistema 24x24. Hay razones importantes que atender en los reclamos policiales, pues muchos agentes han perdido un ingreso necesario para balancear sus magros sueldos. Pero volver a este sistema, por la corrupción e incentivos perversos que produce, sería un grave error. Ahora piense en otras reformas en proceso o en logros que podrían ser revertidos. La reforma universitaria, los cambios en la educación, los avances en la implementación de la ley del servicio civil (que viene del anterior gobierno), la calidad técnica y autonomía del MIDIS, el plan de diversificación productiva, la consulta previa, el proceso de formalización de la minería de oro, entre otros. Algunos de estos temas tocan aspectos centrales para el desarrollo a los que los defensores del “modelo que funciona solo” no les dieron mayor interés en veinte años, aspectos que en otros países son de sentido común. Corren el riesgo de ser relegados en gobiernos donde estas visiones ortodoxas volverán a tener influencia. Y es evidente que hay poderosos grupos de presión beneficiados por el statu quo que esperan el cambio de gobierno para intentar revertir los cambios. Las reformas tienen pocos aliados. Como muestran diversos trabajos sobre procesos de fortalecimiento institucional, sin demanda de buenas instituciones es muy difícil que estas se enraícen. Se necesitan actores sociales y políticos, grupos de interés, usuarios preocupados, demandando que las reformas continúen y cumplan con sus objetivos. ¿Contamos con esa demanda social hoy? No. Por un lado, las propias reformas son de ritmo lento, demoran en mostrar beneficios tangibles para una población que todavía no percibe su relevancia. Con el desbande del nacionalismo y la baja popularidad de Humala, el lado de apoyo político parece descartado. Además, en el Perú la sociedad civil interesada en estas reformas tiene un poder limitado o carece de las capacidades técnicas para hacerle un seguimiento efectivo. Para colmo estos temas no están presentes en la televisión abierta. Ocupan minutos en un programa dominical o noticiero cuando hay un escándalo, pero no se les dedica el tiempo suficiente para conocer sus virtudes, problemas y avances. Es difícil politizarlas, hacerlas parte de nuestros intereses cotidianos. Entonces, su continuidad depende en buena cuenta de los nuevos gobernantes tras 28 de julio, lo cual las hace precarias. ¿Qué hacer en estos meses para contribuir a su continuidad? Por un lado, ojalá los ministros y ex ministros que las iniciaron resalten sus avances y significado. Ello implica reunirse con los grupos políticos que tendrán poder en el próximo Congreso, oficialismo y oposición, para informar e intentar convencerlos que introduzcan los temas entre sus prioridades. Asimismo, estos actores deberían coordinar entre ellos para pensar cómo mantener vivas sus reformas, les toca hacer política. A las universidades y a los centros de investigación nos compete poner estos temas en agenda. Ojalá los medios también sean conscientes de su responsabilidad. Y claro, introducir estos debates en la pelea por el voto en la segunda vuelta.

Estos días se discute qué conviene al Frente Amplio frente a la segunda vuelta. ¿Debe apoyar a Pedro Pablo Kuczynski? ¿O mantenerse al margen? En este artículo intento evaluar fríamente esta pregunta, dejando de lado importantes criterios éticos sobre lo que implicaría ponerse de lado frente a un retorno del Fujimorismo. Comienzo con los argumentos del FA por mantenerse al margen. Primero, puede diluir la identidad que van construyendo. Si esta identidad se basa en la crítica al modelo económico y la lucha contra empresas extractivas, escoger entre dos opciones muy similares en estos aspectos podría leerse por sus votantes como un acomodo. La base electoral del sur podría sospechar de un nuevo liderazgo que los abandonará, que no tiene problema en pactar con sus rivales. Más si PPK no movió un dedo para criticar los insultos, incluido el de terroristas, dirigidos durante las últimas semanas de campaña a Mendoza y sus votantes. Segundo, puede cargar con una derrota ajena. El voto no es endosable y es posible que en las zonas del territorio en las que ganó el FA ahora gane Keiko o aumente claramente su apoyo. La derrota podría ser leída como compartida, mejor no meterse. Dos argumentos importantes, sin duda, pero me inclino por un gesto hacia PPK por tres razones. Primero, ponerse de lado minimiza valores tan importantes como el modelo económico para la naciente identidad del FA. Si la izquierda estuviese en segunda vuelta, la derecha tendría menos costos de ponerse de costado o apoyar al fujimorismo, pues muchos de sus votantes sitúan al modelo antes que otros valores. Pero la agenda de la izquierda y sus votantes se ha construido desde más valores que el antimodelo: derechos humanos y corrupción. Si los dos candidatos son “lo mismo” nos están diciendo que estos temas son secundarios. Y digan lo que digan de PPK sus críticos, la percepción en estos aspectos es mucho mejor que la del Fujimorismo. Segundo, puede ayudar a reducir su antivoto. El excelente resultado del FA no debe hacer que pierdan de vista que sus resultados en sectores urbanos y el norte fue mucho peor que su promedio nacional, incluso en sectores que votaron por Humala. Y este antivoto creció a fines de campaña en parte porque un sector amplio de la población se compró la campaña de miedo de antidemocráticos y violentistas. Aunque muchos ataques fueron deleznables, hay que evaluar por qué pudo pegar esta campaña. Señalar que a pesar de las similitudes económicas y a pesar de los insultos recibidos, se prefiere un candidato con mejores credenciales democráticas puede ayudar a reducir esos antis y mostrar una nueva izquierda. El FA tendrá por dos meses la atención de los medios y de votantes que le son adversos. No se trata de diluir su identidad, pero sí de reducir resistencias con potenciales votantes. Finalmente, porque de llegar al poder Keiko será un rival directo en esas zonas rurales en las que ganaron. Sí, pueden ser asociados con la derrota, pero más riesgo me parece dejar al Fujimorismo solo con su discurso en esas zonas por dos meses. En los noventa el combo obra pública y programas sociales pegó, como se vio en la elección de 1995 y, en menor medida, 2000. Marcar desde ya las diferencias entre el FA y el Fujimorismo puede ayudar a cimentar en el sur la identidad antifujimorista en los años que vienen. No se me ocurre que este apoyo implique abrazos ni acuerdos programáticos cuando son evidentes las diferencias, están frescos los insultos y serán oposición de ganar PPK. Bastaría con un gesto señalando que en esta disyuntiva Kuczynski es una mejor opción. Veo este apoyo más como el mensaje de “votar con la nariz tapada” de la izquierda francesa cuando, en la disyuntiva Chirac-LePen, optó por el primero. Por supuesto, el principal interesado en acercarse a los votantes del FA debería ser PPK, pues necesita al sur. Los gestos más claros tendrían que venir de su lado.

Desde el año 2001 vemos un patrón en el Congreso peruano que causa un grave déficit de representación. Cada cinco años votamos por candidatos presidenciales que, mal que bien, sabemos lo que representan a nivel ideológico y programático. Y votamos por sus listas parlamentarias casi por reflejo. Se forma una representación muy asociada con el voto presidencial, pero que en realidad no representa las posturas del candidato y menos de los electores. ¿Por qué? Porque partidos débiles armaron esas listas de emergencia, buscando votos y recursos para el partido, no coherencia ni coincidencias. Los aventureros abundan, muchos tras una curul para defender sus intereses. Las alianzas entre partidos, además, con frecuencia no recogen reales acuerdos programáticos ni una vocación de permanecer juntos. Se separan al poco tiempo o no pasan de ser una alianza formal, apenas cordial. Mientras pasan los meses las cosas se ponen peor. Nos acostumbramos a ver más y más minibancadas satélites, sin personalidad. Siempre negociando sus votos por una de las varias vicepresidencias o recursos de la ley de presupuesto. Esa foto inicial de tres o cuatro grupos que, mal que bien, supuestamente iban a representar ideas y propuestas similares, termina en un mejunje, con muchas bancadas nos dicen nada o poco sobre posiciones políticas de fondo. Tal vez el ejemplo más grosero sea el de Humala 2006 con UPP, cuando a los días de llegar al Congreso esta bancada se dividió en dos bloques. O el sancochado de PPK en el 2011 también se desintegró rápidamente. Los votantes críticos de Humala y los votantes promercado de PPK nunca tuvieron bancadas que los representen coherentemente. Las excepciones han sido el Fujimorismo y el APRA que casi no perdieron integrantes. Pues bien, hay algo en esta elección que hace pensar tendremos un mejor Congreso en lo que respecta a representación. Ojo, eso no significa que sea mejor en otras dimensiones. Puede seguir siendo ineficiente, torpe en su control del Ejecutivo o polarizarse. E imagino que para muchos de los que sufrimos el Congreso de los noventa un Fujimorismo con una enorme bancada es lo más parecido a la segunda parte de una película de terror. Pero en términos representativos parece que puede ser mejor. Los cuatro grupos hoy a la cabeza de las encuestas han hecho su trabajo y logrado atraer candidatos más fieles al partido y/o con vocación de hacer política. El Fujimorismo tiene una bancada que se mantendrá unida, sea como gobierno o como oposición a la espera de otra oportunidad. Cualquiera sea el resultado de mañana, es claro que Verónika Mendoza será la lideresa del Frente Amplio y tendrá una bancada atada a su futuro. Una bancada, además, formada por simpatizantes y con incentivos para mantenerse unidos. Del mismo modo, Acción Popular tendrá una representación de militantes e invitados con ideas similares. Ojalá, sea cual sea su suerte, Barnechea intente reflotar al partido de la lampa hacia la próxima elección regional y municipal y al 2021. Requerirá mucha inteligencia para atraer gente competitiva, ojalá, más jóvenes y mujeres que esta vez se notó la ausencia de diversidad. En Peruanos por el Kambio hay mayor coherencia de la que vimos con el sancochado anterior. Su reto será construir organización, diversidad regional y buscar un reemplazo competitivo para su líder. En todo caso, no veo a la bancada disolviéndose en el mediano plazo. Y a usted también le toca. Ojalá con su voto lleve a congresistas que ven en la política una actividad profesional, centrados en intereses generales, y no un lugar para la defensa de beneficios particulares. Hay buenos candidatos en todas las listas que pueden darle una mejor cara al Congreso. Veremos el 2021 si el próximo Congreso logró reducir, aunque sea un poco, su desprestigio.

¿Qué pasó en este mes, siempre movido en nuestras últimas elecciones? La salida de Julio Guzmán cambió la dinámica de la campaña de dos maneras. Primero, aceleró el surgimiento del antifujimorismo. Guzmán actuaba como una suerte de “moderador” entre el voto Fujimorista y su anti. La salida no solo aumentó el voto de los dos candidatos más críticos de este partido (Barnechea y Mendoza), sino que la decisión del JNE creó la impresión de una elección amañada para Keiko, reforzada luego por otras decisiones. El antivoto de Fujimori, que bajó algo por algunos tibios pero insuficientes gestos de moderación inicial, creció y se politizó. Segundo, revivió a un Kuczynski que, recordemos, estaba en ese momento pasmado entre 7%-11% y cayendo. Los puntos que PPK recibió tras la salida de Guzmán son casi los mismos que tiene hoy, aunque también se observa una campaña más ordenada y creativa que la que vimos hasta febrero. Nos quedaremos con la duda de qué hubiese pasado si continuaba Guzmán. Martín Tanaka nos dice en El Comercio que su salida es la principal causa del ascenso de Barnechea y Mendoza. Si bien estoy de acuerdo con Martín en que los benefició, opino distinto sobre lo que sostiene este crecimiento. Considero que uno (o los dos) habrían eventualmente crecido dada la posición que ocupan en un espectro político muy vacío de críticos a la continuidad. Guzmán no llenaba ese espacio. Mi impresión, basada en previas elecciones, es que muchos electores van evaluando quien representa mejor sus preferencias mientras avanza la campaña. Se llenan los espacios vacíos, el 2011 Humala y PPK fueron los beneficiados. Pero además son los sectores más pobres y menos informados sobre política los que, en mayor proporción, determinan su voto en las últimas semanas. En esta elección este espacio libre iba del centro a la izquierda. En ese escenario contrafáctico, de haber seguido en carrera veo más a Guzmán como el PPK de hoy, con los otros dos candidatos, o cuando menos uno de ellos, creciendo y recogiendo ese voto crítico no representado, especialmente fuerte en el sur. Sin embargo, con el 17-20% que Guzmán había logrado, sumado a su novedad, seguro hubiese sido más difícil de alcanzar que PPK. Todas estas son especulaciones, claro. Lo real es que ese voto crítico se manifestó. La encuesta IPSOS del domingo pasado hizo pensar que, contra lo visto en las últimas dos elecciones, podríamos tener una última semana de campaña relativamente tranquila. Esta vez en lugar de mostrar cambios bruscos fue matapasiones: todo seguía igual, lo cual era una excelente noticia para PPK por la pequeña distancia que llevaba a sus rivales. Además, como ni Barnechea ni Mendoza, empatados, surgían como retadores claros, era más difícil que hubiese voto estratégico entre sus votantes. Sin embargo, una encuesta aparecida ayer viernes indica que volvemos al carrusel. PPK está apenas a 1.2% de Mendoza en Datum. De confirmarlo GFK e IPSOS, se viene una semana muy intensa, con un PPK llamando al voto estratégico y Verónika en alza. Barnechea tendrá que intentar presentarse como más sólido que ambos contra Fujimori en segunda vuelta. Y Alan corre el riesgo de ser licuado. ¿De vuelta a la normalidad? PD. La principal crítica desde la izquierda a las elecciones es que, más que una construcción libre de preferencias, en ellas se cuelan las asimetrías del poder. No sería una pelea justa. Una crítica que tiene mucho de cierto en países donde no hay medios de comunicación públicos y donde los privados no toman distancia de los intereses de sus dueños. Estas semanas el crecimiento de Mendoza está mostrando los peores reflejos de varios medios, hasta ahora mejor portados que el 2011. ¿Van a repetir el papelón?

El contenido de la resolución del Jurado Electoral Especial que señala que Keiko Fujimori sigue en carrera echa más sombras sobre este proceso electoral. Siendo coherente con lo que he venido sosteniendo desde hace semanas, no estoy de acuerdo con la salida de candidatos por resoluciones de este tipo. Espero que hoy quede claro para todos los que, de buena fe, aplaudieron la severidad del JNE y JEE, lo irresponsable que fue abrir esa puerta. Sacar a Fujimori ya habría hecho de esta elección un sinsentido. Nos guste o no ese 30% que vota por ella vería la elección como una farsa. Pero dados los antecedentes cercanos (y los de los noventa) para un porcentaje similar o mayor de opositores la resolución es profundamente injusta. Que además fuera hecha pública de madrugada a horas de un partido de Perú, refuerza la sensación de tongo. Sí, hay aspectos distintos al caso Acuña. Pero el contenido de la resolución es básicamente un manual sobre cómo burlar la ley y una capa de maquillaje sobre la realidad. Introduce criterios sobre la procedencia de los bienes no contemplados en la ley, señala con claridad cómo entregar regalos sin que sea punible y minimiza la naturaleza electoral del acto donde participó Fujimori. Es probable que esto se ponga peor. Si el JNE confirma la resolución se le volverá a poner bajo la lupa. Y su conformación desde espacios judiciales anuncia que probablemente buscando un poco se encuentren amiguismos o negocios que confirmen más vínculos con los beneficiados por sus fallos. Hasta el propio JNE se ha dado cuenta de que su legitimidad está en la lona y se ha rodeado de rejas. Y si además a este clima enrarecido se le añade el previsible macartismo de la prensa y élites empresariales si Barnechea o Mendoza pasan a segunda vuelta, la sensación de injusticia se acrecentará. Si la conducta de los medios es como la del 2011, cuando se volcaron a beneficiar a Fujimori y satanizar a su rival, esta mezcla ya resultaría explosiva y el resultado electoral un remedo de elección justa. ¿Sacará la CONFIEP anuncios en televisión? ¿Armarán programas especiales para salvarnos de nuestra irresponsabilidad? El daño que ya se ha hecho al proceso es irreversible. Decir que la elección continúa y que esto se decide en la cancha hace que hoy la mitad del país lo vea a uno como ingenuo o cómplice. Y sin embargo, con todas las alertas encendidas por lo que este escenario nos recuerda de los noventa, creo que la salida menos dañosa todavía hoy es insistir en que esto debe decidirse en la cancha. A pesar del daño hecho, todavía hay espacio para que las preferencias de los electores decidan el resultado. Como debió ser desde un inicio, cuando por estupidez o manipulación a algunos se les ocurrió que este país, estas instituciones, estos partidos, estas élites políticas y económicas inmaduras y/o corruptas, aguantaban el protagonismo de la justicia electoral. Ser consciente de ello implica exigir responsabilidad a muchos actores. El Presidente y la primera dama deben aceptar que su gobierno gris no les da espacio para protagonismo alguno. Que los encargados de las encuestas no sean vistos tomando partido por nadie, pues son ellas las que irán mostrando las preferencias. A los medios responsables (a los parcializados no se les pide ya nada) que critiquen, informen, editorialicen, pero no carguen la mano, no mientan ni traten en forma desigual las opciones en carrera. A los empresarios que no vuelvan a sus juegos de kingmakers (o queenmakers, mejor dicho). Y a los políticos, de un lado u otro, que se den cuenta de que sea quien sea el que gane, no le conviene que su triunfo se lea como una trampa y dejen de insultar a quienes no votan por ellos y protestan legítimamente en su contra. Porque espacio para resbalones ya no queda.

Tres gobiernos tras la transición, tres gobiernos sin candidato presidencial en la elección siguiente. Dos de ellos lograron una representación parlamentaria minúscula, el actual no tendrá ni eso. Y más sorprendente pues se da en años de alto crecimiento económico. ¿Qué explica este particularismo peruano? Hay un aspecto bastante obvio: la ausencia de identificación partidaria, que lleva a que el partido en el poder no tenga una base de fieles que lo apoyen. Alva Castro en 1990 tuvo 20% de voto a pesar del pésimo gobierno del APRA gracias, en parte, a una mayor identificación partidaria. Pero además hay tres factores que creo ayudan a entender este patrón. Los tres deberían servir de alerta a los actuales candidatos y a quienes los rodean. El primero es el fracaso del gobierno motivado por un Estado débil. Buenas cifras económicas, caída inexorable de popularidad. Un patrón que trasciende aciertos o errores particulares. En mi opinión un Estado lento y precario crea muchos problemas para gobernar efectivamente. A Toledo, García y Humala los ha afectado un Estado con dificultad para controlar fenómenos complejos, llegar a la población y cumplir promesas de campaña. Delincuencia, conflictividad social, extorsiones: los problemas del boom económico han afectado más a los gobiernos de lo que los benefició una economía robusta. Los gobernantes parecen pedir chepa a mitad del periodo presidencial. Así, el partido que sale del poder carga cifras de popularidad penosas. Algo se recupera en el último semestre, pero al momento de lanzar candidaturas es el peso de una mala gestión lo que manda. Sea quien sea que gane este año, debería tenerlo en cuenta desde el mismo día que llegue a palacio: ¿cómo logro efectividad? Más que chavistas o fujimoristas de viejo cuño, muy probablemente sean simplemente incapaces. Segundo, no ha ayudado tampoco a estos gobiernos pararse más a la derecha de donde fueron elegidos. Ello los distanció de quienes los apoyaron para llegar al poder, llevó a un desencanto rápido de sus frágiles “bases”. No construyeron una identidad ni apoyos más sólidos. Y no les sirvió para ganar el apoyo de sus opositores. Pero sospecho que, por el punto anterior, incluso si intentan gobernar desde donde fueron elegidos esos gobiernos tendrían problemas de no mostrar resultados. Finalmente, líderes que quieren volver tras un periodo actúan como saboteadores. Partidos con dueño producen gobiernos que no construyen liderazgos alternativos. Sí, es difícil en estas condiciones hacerlo. Pero lo sorprendente es que ni siquiera lo intentan, o lo hacen cuando ya todo está perdido. Toledo no buscó un sucesor en cuatro años. A la hora nona quiso conseguir un candidato que intentara capitalizar los logros de su gobierno. Y si algún aprista me dice que Alan fue distinto, les pido revisen la presencia del partido en el gabinete. Nadie puede hacer sombra. ¿Suena suicida, irracional, no? Abre la puerta para que te masacren en el siguiente Congreso, te llenen de acusaciones. Pero más puede el mantener el control sobre mi partidito. El mayor ejemplo de este sinsentido ha sido el de Humala y Heredia. Tuvieron desde hace tres años todos los incentivos y alertas sobre la necesidad de construir alguna continuidad en el próximo Congreso. Se les viene un quinquenio donde sus enemigos serán poderosos y ellos no tendrán nada. Pero, nuevamente, recién buscaron un candidato de emergencia cuando ya era tarde. Más bien maltrataron a posibles sucesores. Otra lección, pero esta vez para quienes rodean a los candidatos actuales: desde el primer día pongan la continuidad en agenda. Su líder o lideresa puede convertirse en su principal enemigo.

Una semana más de papelón electoral, ahora internacional. Fuera del Perú no se entiende que por trámites administrativos se elimine a un candidato. Es incomprensible que no haya gradación en las sanciones y que toda falta conduzca a la eliminación de la carrera. Cuando le digan que la “ley es la ley”, responda que en un país democrático, donde el centro de la legitimidad está en las preferencias del electorado, lo que viene sucediendo carece de proporción y sentido. Lo que usted está presenciando no sucede en las elecciones de América Latina, y no porque los partidos en otras democracias sean virtuosas organizaciones que cumplen la ley. Lo que nos sucede tiene diversas causas. Se da en parte porque nuestras leyes son irracionales: en su esfuerzo de fortalecer partidos en base a establecer exigencias han construido una maraña de requisitos que terminan o ahogando a partidos débiles o motivando una hipócrita situación en la que se cumplen las formas pero no el fondo. Y sí, el Congreso no hizo nada por solucionarlo hace unos meses. Pero el problema fundamental apunta al JNE. A nadie interesado en hacer de la competencia electoral la base de legitimidad de una comunidad política se le ocurre que una vez iniciado un proceso conflictivo, complejo, como es una elección, se pueda poner temas internos de los partidos en el centro del debate, o se pase tan fácilmente a la eliminación de un candidato. En competencias altamente polarizadas, que incluyen dimensiones regionales difíciles de controlar, es inconcebible que no exista gradación en las sanciones o que no haya avisos previos antes de proceder a la eliminación. Los miembros del JNE (los de buena fe, que los hay) debían darse cuenta de que abrir la puerta de la exclusión de candidatos lanzaría un mensaje clarísimo que iniciaría la guerra de tachas. Se terminaría poniendo en cuestión todas las candidaturas. Y sus resoluciones serían cuestionadas por injustas, inconsistentes, parcializadas. Las versiones conspirativas de izquierdas, derechas y centros se dispararían. El Jurado, además, no es una corte electoral sólida y legítima como para iniciar estas aventuras. Al revés, es una institución en formación, que en un contexto como el peruano siempre está a un paso de borrar de golpe lo avanzado. Por su conformación, además, era cuestión de escarbar un poco para encontrar amistades, relaciones laborales, de sus miembros con los candidatos en campaña. Ese era el contexto en que la decisión del JNE aterrizaría, no cabía abstraerse. Todo tenía una solución sencilla. Cuando llegó por primera vez al JNE el caso Guzmán se pudo prever todo esto. Si el problema era de reglas, la Constitución y la teoría democrática daban las herramientas para una interpretación que ponga en primer lugar el derecho a participar. Dejar el mensaje que este caso, y otros, se decidían en la cancha democrática, un espacio donde es más difícil hablar de injusticias o intereses subalternos, y no con tachas ni procesos administrativos. Y luego pedir se reforme tras la elección lo que sea necesario. El JNE no tomó esa ruta, sea por legalista o por la parcialidad de algunos de sus miembros. Lo hecho contra Guzmán es claramente desproporcionado. E incluso, aunque sea impopular decirlo y sus actos sean más graves, también la salida de Acuña. ¿Este sinsentido en que nos hemos metido puede ser llamado “la ley”? ¿Puede de verdad creerse que estamos construyendo legalidad a costa de la legitimidad del sistema y sus instituciones? ¿Es razonable sostener que hay que seguir eliminando candidatos, aunque ello implique retirar a los preferidos por el 80% del electorado? ¿Qué bases de legitimidad son estas para el próximo gobierno?

Como aprendimos en la elección del 2011, es a fines de febrero cuando comienza a pensarse seriamente el voto y a moverse el tablero. Cómo se llega a este momento es crucial para lo que se viene. Una mirada personal a lo sucedido hasta ahora en la elección utilizando las encuestas de IPSOS. Lo primero a resaltar es el desplome de dos candidatos considerados entre los favoritos hasta entrado el año pasado. Diversos analistas habían señalado los grandes límites de Alan García y PPK como candidatos. Sabíamos que García había gobernado de una manera que hacía difícil ganar ese voto centrista que llevó al APRA dos veces al triunfo. Sabíamos que, aunque PPK había dejado una impresión de buen candidato por su crecimiento abrupto en el 2011, en realidad tenía fuertes límites para salir de Lima-centro. Pero creo que nadie pensó que la caída sería tan rápida. Desde julio del año pasado PPK cae de 15% a 9% y García de 11% a 5%. Para candidaturas conocidas por el electorado y con pocas sorpresas que ofrecer, parece que esta caída ya es anuncio de claro fracaso. Keiko Fujimori estuvo relativamente tranquila hasta hace poco. Enero fue un buen mes, redujo su antivoto. Pero en febrero se comienza a articular la oposición en su contra, ciudadanos buscando alguien que pueda ganarle. La matonería de sus parciales no ayudó. El antivoto volvió a subir. Y llegó el dato que trae el fantasma del 2011: Guzmán le empataría en segunda vuelta. Favorita todavía, pero en problemas. Acuña fue la primera sorpresa de la elección. Cuando creció en noviembre analistas y comentaristas en redes sociales vieron en él a la personificación de un corte social cuasi invencible: llegó la derecha popular y emprendedora (y con plata como cancha). La sociología electoral se puso de moda, la identidad del neoperuano del siglo XXI lo catapultaría a la segunda vuelta. La verdad nunca lo vi muy sólido, especialmente por la dificultad de construir un discurso articulado. En enero (antes de los escándalos del plagio) ya mostraba estancamiento. Y el plagio ha sido un misil. Parece difícil que pueda recuperarse. Julio Guzmán fue la segunda sorpresa de la elección, un real outsider. Les soy franco, si bien a inicios de enero lo incluí entre los tres candidatos chicos que veía con posibilidades de crecer, ya ha llegado en febrero a lo que pensé era su tope. Y con más fuerza a regiones y sectores sociales de lo que evalué. Su novedad y credenciales técnicas tuvieron un impacto considerable entre los jóvenes (los que hubiesen sido PPKausas ayer son el moradito de hoy). Además su historia personal lo hace empático para diversos sectores mesocráticos. Ahora viene una nueva etapa: ¿podrá consolidar lo ganado y seguir robando votos para llegar al 22-24% que lo ponga con seguridad en segunda vuelta? ¿O el crecimiento de Barnechea y Mendoza le restará votos cuando sus parciales conozcan otras propuestas? Su mayor arma y ancla: ese dato que lo muestra peleando con Keiko en segunda vuelta. No es poca cosa dada la resistencia a Keiko. Sigo pensando que hay espacio para otra sorpresa por el lado de Barnechea y Mendoza, dos candidatos que vienen haciendo una campaña de cuestionamiento al statu quo. El lado del centro a la izquierda, que no es un espacio pequeño, anda muy vacío. Pasar la valla ya parece cosa muy probable para ellos. Probablemente no puedan crecer los dos. Marzo, como siempre, será muy divertido. O angustiante.

La Vida ya no era Vida (Paz y Esperanza 2016) de Felimón Salvatierra, Honorato Méndez y Oseas Núñez rinde homenaje a las víctimas de Allpachaka, Chiara y Quispillaqta, comunidades ayacuchanas duramente afectadas por la violencia política. Los autores ofrecen en cada sección una breve descripción del contexto de una comunidad para luego ceder la palabra a los comuneros. Nos enteramos así de cómo era su vida cuando había latifundios, durante los años previos y posteriores a la guerra, y, especialmente, en el tiempo del conflicto. El resultado es un libro tan original como duro. Un volumen que da textura y profundidad a esa historia general del conflicto que vamos construyendo. Queríamos ir más allá de las cifras de la violencia, darles nombres y vida a esos datos, nos dijeron los autores y promotores del libro en su presentación en la Universidad de Huamanga. Con estos testimonios lo han logrado. El trabajo reúne decenas de voces narrando su tragedia. Como mencionó uno de los autores, estas historias ilustran brutalmente aquello a lo que Salomón Lerner, al presentar el Informe Final de la CVR, denominó el doble escándalo del conflicto: los niveles y brutalidad de la violencia, pero también la indiferencia de buena parte de la sociedad ante tanto sufrimiento. Al pasar sus páginas uno no puede dejar de pensar en todas las formas en que se pudo aliviar ese sufrimiento. Se percibe al leerlo ese “miedo continuo” y esa vida “solitaria, pobre, sucia, brutal y corta” con los que describe Hobbes su estado de naturaleza donde toda esperanza es imposible. Pero en este caso el Leviatán era parte del abuso. La otra parte era una secta laica que llegó prometiendo acabar con los ricos y favorecer a los desposeídos, despertando entre algunos simpatía. Terminó asesinando y abusando del que consideró lumpen proletariado. En el texto, como en otros antes, se muestra la condición de víctima de la población, atrapada entre varios fuegos. Teodosia Salvatierra de Allpachalka lo dice clarísimo: “Los terroristas venían y me pegaban; los militares venían y me pegaban, los ronderos venían y me pegaban”. Y no solo pegaban. Uno tras otro se suceden testimonios que muestran patrones de acción, no hechos aislados. Con impunidad las personas eran detenidas, torturadas, desaparecidas, asesinadas. Pero también encontramos en los testimonios eso a lo que han apuntado otros autores y que hace tan difícil la vida tras el conflicto: hubo victimarios de las propias comunidades. Sendero y las Fuerzas Armadas aprovecharon los conflictos intercomunales para avanzar sus intereses. Pero algunos testimonios muestran también cómo algunas víctimas y sobrevivientes vieron en el conflicto la oportunidad de saldar cuentas y eliminar enemigos. También vemos actos de enorme generosidad en medio de las peores condiciones. La riqueza de estos testimonios, su profundidad, se explica en parte por la biografía de los autores. Los tres son ayacuchanos, provenientes de las zonas bajo análisis y quechuahablantes. Los tres afectados por la violencia: dos perdieron a su padre en el conflicto y otro vivió sus primeros años en medio de la guerra. Ojalá estas historias que nos ofrecen se conozcan, ojalá sepamos darles el lugar que merecen, ojalá el texto contribuya a que los sobrevivientes y sus herederos dejen de ser ignorados. Ojalá sus muertos comiencen a ser nuestros muertos. PD. Tremendo lío en que nos ha metido el JNE por adoptar una posición reglamentarista que olvida el adecuado balance de valores que le corresponde realizar en una democracia liberal en casos difíciles como el de TPP. Se abre así una caja de Pandora de fallas formales que, de escándalo en escándalo, puede afectar seriamente el proceso.

https://larepublica.pe/politica/917191-apoye-a-un-candidato-al-congreso

No solo hay plagio en la tesis doctoral de César Acuña. También copió en sus tesis de maestría de la Universidad de Los Andes de Colombia y de la Universidad de Lima. Y la cereza en el pastel: habría plagiado un libro entero publicado por su propia universidad. Seguro nos dirá que le gustó mucho, tanto, que se lo compró al autor. Ya solo falta que César Acuña no sea César Acuña, sino un impostor que tomó su lugar. Para quienes creen que ello no afecta su candidatura, fíjense lo que ya pasó. La historia que quiso vender sobre su vida como un ejemplo de superación basada en la educación ha desaparecido de su campaña. Ahora habla de otros temas, algunos muy irresponsables como su patriotero discurso en Tacna. Ya fue el niño símbolo de la superación personal. Más allá del escándalo, es necesario mirar lo que esto nos muestra sobre nuestra educación superior. No me sorprende el plagio. Es una trampa extendida en el país. Pero sí reconozco que me ha sorprendido que se “descubran” hechos tan graves como estos de improviso. Quiere decir que el plagio está mucho más normalizado en la educación superior de lo que ya sabíamos (y ya sabíamos que era muy común). Porque piénsenlo. ¿Cómo es posible que todo esto no haya explotado antes? Estamos hablando del hombre que mandó al APRA a la lona varias veces en el norte del país. ¿Nadie en el partido pensó revisar sus libros o consideraron que el plagio era un tema secundario que no interesaba a nadie? Una persona que vive rodeado de enemigos políticos, que es dueño de una universidad muy cuestionada por su calidad y que presenta libros desde hace años ha pasado piola. Esta impunidad de alguien con tanta visibilidad nos indica que en el mundo académico peruano la conducta está tan normalizada que se asume que no tiene consecuencias. ¿Qué hacer? Considero que se abren dos agendas que trascienden al candidato copión, una más efectista (pero necesaria) y otra más institucional. La efectista pasa por depurar, iniciar una búsqueda de plagiarios entre profesores y autoridades académicas. ¿Cuántos autores no hacen lo mismo en sus tesis o en esas ediciones “mi casa” con las que buscan prestigio académico o puntos en concursos para acceder a cargos diversos? Por supuesto, en varios casos ya es tarde. Alertados habrán desaparecido sus tesis de los archivos. Pero en otros hay ediciones como cancha circulando. Lo ideal sería una depuración hecha por las propias autoridades, pero es muy probable que ello no suceda. A las actuales autoridades de la Universidad César Vallejo, por ejemplo, les tocaría un acto de dignidad que demuestre que su propósito es la educación y no la protección de su dueño: retirar todas las ediciones del libro plagiado y revisar las tesis de maestría de sus aliados políticos. ¿Se atreven? No creo. Quedará en manos de otros miembros de la comunidad universitaria, el periodismo, incluso la Fiscalía, profundizar en estos casos. Una segunda agenda contra el plagio debe buscar construir las herramientas, tanto en el Estado como en las propias universidades, para que esto no pueda suceder. Debe exigirse que toda tesis sea pública, colgada en el internet y a disposición de quien quiera revisarla. Y garantizar procesos de revisión acuciosos antes de toda defensa de tesis. El caso Acuña muestra tanto las miserias de la universidad pública como de la universidad privada. La forma de conseguir su diploma de ingeniero apesta a amiguismo y trafa en la Universidad Nacional de Trujillo. La forma en que ha construido su imperio educativo privado muestra la total impunidad con la que actuó. ¿Podrá el escándalo ayudar a construir una agenda más amplia para profundizar la urgente necesidad de reforma de la educación superior? Debería.

Hay plagio en la tesis doctoral de César Acuña, no lo dude. No se deje enredar en la estrategia de Luis Favre de patear el problema hacia adelante, esperando que otro escándalo electoral nos haga olvidarlo. No hay que esperar a la Universidad Complutense para decirlo, cualquier persona que pueda contrastar textos puede concluir con total certeza que César Acuña plagió. Anel Townsend, que se ha paseado por diversos medios señalando que no ha leído la tesis para juzgarla, podría abrirla un momentito y se dará cuenta que su candidato roba ideas ajenas. No es difícil. Pero si bien no es necesario esperar a la Complutense para concluir que hay plagio, sí es importante que dicha universidad diga algo, y pronto. Si existe justicia, Acuña debería perder su título. De no ser así, el mensaje sería patético para cualquier estudiante honesto y para todos quienes se han roto el lomo terminando una tesis. Y ese pronunciamiento debe llegar antes del día de la elección. Solo una decisión rápida puede liquidar frente a una parte de la población la absurda defensa de Acuña. Lamentablemente la discusión sobre el plagio le es lejana a muchas personas, e incluso a algunos puede sonarle razonable que se señale que no hay plagio porque se incluyeron los libros copiados en la bibliografía (dicho sea de paso, no están todos). Como si eso perdonara la falta de comillas y el copy-paste colosal. Un pronunciamiento externo, categórico, acaba con una discusión que ni siquiera debió darse, que en otro país ya tendría un político liquidado. Y permite a esa parte de la población a la que el tema sí le importa pero no tiene las cosas claras, tenerlo en cuenta al momento de votar. Hay otros a los que nada de esto importa, sin duda, pero no me sumo a los que creen que la gran mayoría de peruanos son cínicos perdona-todo o que estamos ante una masa uniforme. El que alguien haga trampa, y luego pretenda despreciar al votante señalando que su trampa es relevante, sí molesta a un sector importante de la población. La Complutense nos debe un pronunciamiento rápido. Su ex alumno ha usado el título que le otorgaron para promover su universidad y su figura política. Una universidad que tiene exoneraciones tributarias que incrementa las ganancias personales de su dueño, quien luego puede usar esos fondos para influir en la política. Ustedes nos lo mandaron recargado, cabe reparar el error. Si la Complutense por el contrario opta por el trámite lento, por el formalismo, puede que su decisión llegue tras las elecciones. Nos estaría perjudicando. Por ello, creo importante poner los reflectores sobre ella. Que sepan que estamos esperando. A ellos les conviene, además, levantar las críticas y suspicacias que deja el caso sobre su prestigio. ¿Qué pasó con el asesor y el jurado de tesis? Nadie está libre de ser engañado, obvio. Pero en este caso los plagios son de textos de colegas españoles que, supuestamente, los miembros del jurado conocen. ¿Por qué no se dieron cuenta? Un severo descuido, cuando menos. Quiero aprovechar el tema para recordar algo más. Este modelo de universidad es producto de varios genios que creían que el lucro y la calidad irían de la mano. Descuidaron la universidad pública, la dejaron vegetar con sus problemas. Y no alertaron sobre lo evidente: que en un país sin un Estado fuerte, con una población necesitada de títulos, donde la corrupción está extendida y un titulado sin formación puede ser tan inútil como peligroso, el lucro era una receta explosiva. ¿Cuesta tanto que reconozcan que se equivocaron?

En diciembre del año 2000 recuerdo haberme reído de quienes decían que Alan García podía ganar la elección del 2001. ¿Cómo iba a recoger votos el presidente del aprocalipsis, el sujeto sobre el que pesaban acusaciones de corrupción? Cinco meses después disputaba la segunda vuelta, y me demostraba en campaña que era mucho más político que el resto de candidatos. Incluso perdiendo, ganó. Esa elección prometí nunca declarar muerto electoralmente a Alan. Pero creo que esta vez la tiene muy difícil, tal vez su peor momento, pues no se ven salidas a su dilema. Esta semana se le ha visto perder la paciencia frente a preguntas incómodas, descolocado y buscando votos con estrategias que han molestado hasta a sus parciales. De ser desplazado al quinto lugar podría sí ser fatal. Tiene un problema de desprestigio, es obvio. Se le recuerda a cada momento la corrupción en la forma de faenones y narcoindultos. Si bien en el segundo gobierno logró sacarse de encima la fama de irresponsable económico, no logró mejorar la imagen de deshonestidad de su primer gobierno. Pero creo que un problema más profundo tiene que ver con su giro conservador en el gobierno. Eso le impide construir un discurso de campaña más reivindicativo, centrista, que escape de la superpoblada derecha. No sé si lo evaluaron y descartaron por imposible. Pero en esta elección ha jugado a ser el Alan 2011 con tibios temas centristas. Que sus parciales sigan repitiendo eso de que las ideas socialdemócratas se adaptan a los tiempos o que la ideología es secundaria. No es verdad. Su gobierno tuvo de socialdemócrata muy poco. Se le asoció con el gran empresariado, con los insultos a quienes se oponían al modelo que él criticó. Se le eligió como reformista, y fue conservador. Y hoy su voto es conservador. Eso no es bueno para un candidato aprista. Para un partido que pasaba de la izquierda, a la centroizquierda y le iba bien, creo que ese posicionamiento es costoso. Es en parte normal que los partidos populistas se muevan ideológicamente con cambios que distan de tener coherencia ideológica. El peronismo fue Menem y Kirchner. Pero Alan parece haber ido muy lejos. Un candidato que hoy hace de su discurso de campaña las obras públicas, luego la militarización de la seguridad, y ahora habla de gobierno responsable aliándose con un viejo opositor ideológico, parece que ha perdido la posibilidad de entusiasmar como reformista. La estrategia pudo resultar si el trabajo era demoler a PPK y ser el candidato democrático frente al Fujimorismo. Pero con Acuña golpeando en el norte el panorama se complicó. Sin la credibilidad del centrista, ha sido difícil conseguir votos. Se suman ahora problemas en el frente interno, menos discutidos en prensa pero que sospecho explotarán si pasa al quinto lugar. El que los llevó a la final del 2001 y al campeonato, pero que no dio mucha atención al partido (¿Cuántos ministros puso el partido?). La alianza con el PPC ha diluido las posiciones de los apristas en las listas al Congreso. Esta semana se pudo ver en redes sociales la reacción de algunos jóvenes apristas al intento de incluir a Mario Hart en la lista de la alianza. Si todo sigue igual, seguro ese malestar se incrementará. ¿Oportunidades? Sí. Que ni Acuña ni PPK despeguen, y más bien se despinten. Que PPK deje de ser el candidato del A y B y que él, y no Guzmán u otro, recoja esos votos. Y quizás recuperar espacio en el norte. Como les decía al inicio, no lo descarto. Sigue siendo más político que varios en carrera y cuenta con recursos de campaña. Pero hoy Alan está en problemas, y él es en buena cuenta el principal responsable de su dilema.

En La Rebelión de los Pulpines (Lima: Otra Mirada) el sociólogo Enrique Fernández Maldonado analiza las movilización juvenil realizada a fines del 2014 e inicios del 2015 contra la ley de empleo juvenil. Las protestas llevaron a lo que ya es un clásico del Congreso peruano: la misma amplia mayoría que aprobó la norma propuesta por el Ejecutivo, la derogó días después. En el grueso del volumen se discute cómo se formó el movimiento juvenil y lo que sucedió durante y después de la movilización. Pero el libro es más que una descripción de estos eventos. Sitúa las movilizaciones en una reflexión más amplia sobre el contexto nacional e internacional en que se dieron. Y además, en lo que creo es su tema principal, ofrece una reflexión sobre la distancia entre movilizaciones sociales y organización política. ¿Por qué en el Perú las protestas no parecen contribuir para renovar liderazgos políticos o construir nuevas agendas de disputa electoral que puedan explotar los partidos afines a dichas demandas? Enrique es un militante en favor de los derechos laborales y un aguerrido ex fiscalizador laboral. Es obvio que ve con mucha simpatía el proceso que estudia. Sin embargo, su texto mantiene una distancia crítica, saludable, que resalta las dificultades para que la movilización ciudadana contribuya a fortalecer organizaciones políticas que hacen del tema laboral parte de su agenda. No ningunea lo sucedido con los pulpines, más bien resalta las múltiples formas novedosas que tuvo el proceso y su relevancia en una sociedad poco movilizada. Pero concluye que el resultado distó de ser el que algunos entusiastas analistas señalaron. Lo había olvidado y el texto me ha servido para recordar los costos analíticos del entusiasmo militante “en tiempo real”. Varios analistas de izquierda anunciaron que las movilizaciones eran un parte aguas, un cambio fundamental de cara al 2016. Se celebraban las redes sociales como sustitutas de la vieja organización política. Un entusiasta Nicolás Lynch, por ejemplo, señaló que: “Las movilizaciones podrían estar anunciando que el gobierno de los ricos con el apoyo de los pobres, que se ha impuesto en estos años, estaría llegando a su fin” (LR 30/12/14). Y así otros. Una mirada más cuidadosa habría resaltado la dificultad de que en el Perú estos procesos duren o marquen diferencias claras. El libro precisamente informa sobre la dificultad que encuentran las organizaciones que pretenden capitalizar en las protestas y su distancia con quienes participan en las mismas. Muchos de los que protestaban no querían voceros, parte de ellos prefirió la organización en “zonas” que seguir a los partidos, viejos y nuevos, que buscaban representarlos. La desconfianza hacia la política organizada es grande y ello tiene costos para la continuidad de la agenda que levantó la movilización. A pesar de tratarse de tipos de protestas y momentos distintos, el autor hace un interesante paralelo con las protestas juveniles contra Fujimori entre los años 1997-2000: de todos los que participamos en ellas, se puede contar con una mano los que han ocupado puestos importantes en la política electoral. Las protestas democratizadoras tampoco nutrieron a los partidos políticos ni formaron nuevos. La inexperiencia de quienes protestamos, el alto desprestigio de los partidos, una mala recepción de agrupaciones políticas que apostaron por los viejos antes que los nuevos en el año 2000 son, entre otros, causas de este desencuentro. Mucho de deja vu quince años después. Sabemos bien que la movilización social no implica necesariamente un fortalecimiento de los partidos ni sus agendas. Pero que movilizaciones juveniles no dejen aunque sea algunos nuevos liderazgos para la política electoral ni politicen nuevas agendas es realmente un dato muy poderoso de nuestra realidad. Quien lea este trabajo comprenderá mejor por qué.

Dado el alto número de indecisos, y nuestra conocida volatilidad, es posible que esta campaña todavía tenga espacio para otra sorpresa. No pensemos en cambios brutales, pero sí en alguien que mueva el escenario. La única sorpresa hasta ahora ha sido Acuña, pero no fue un fenómeno aluvional, estilo Humala 2006, que redujera el número de indecisos. Que el segundo lugar esté tan lejos del primero y tan cerca del cuarto deja abierta la posibilidad de nuevos contendientes. Del pelotón de mini-candidatos hay tres que considero interesantes. Si cualquiera de ellos termina en 8% serán calificados como exitosos. No todos pueden crecer, ya que compiten entre sí por ser la novedad. Su mayor debilidad es ser desconocidos. Pero, paradójicamente, hay algo bueno en no ser conocidos. En otro país tener menos de 2% a tres meses de la elección sería el fin, pero con tantos indecisos buscando algo nuevo pues les abre una posibilidad si consiguen recursos y espacios dónde exponerse. Veo más probable que ellos crezcan que lo hagan otros pequeños más conocidos (Olivera, Flores-Aráoz). Una es Verónika Mendoza, hoy con 2%. Su mayor posibilidad para crecer está en que levanta temas muy distintos a los del resto de candidatos. Su discurso apunta a los bolsones de voto insatisfecho, ese que acompañó a Humala en varias zonas del país. Y la intuición es correcta: parte de ese voto está disponible. Otra cosa es que lo logre. Creo que ha sido un error no construir un discurso más atractivo para ese elector joven, clasemediero, urbano, más centrista, que la veía con simpatía y pudo haberla ayudado a crecer más rápido. En estos meses ha construido equipo, pues por buen tiempo apareció muy sola. Sus debilidades, además de la ausencia de recursos, son un discurso poco claro (se requiere trabajo de comunicación política) y carecer de jales que convoquen. Un reto enorme poner orden en una alianza que congrega muchos grupos cuya mentalidad de capilla y debates absurdos no ayuda a acercarse a los intereses de los electores. Otro es Julio Guzmán (2%), que viene posicionándose entre jóvenes (4% en GfK) y en el sector A/B (7% en GfK). Tiene credenciales tecnocráticas celebradas por una parte del Perú urbano. Al igual que Mendoza, es joven, lo cual ayuda a mostrarse como alguien nuevo. Es injusto decir que es un PPK pulpín, su discurso está un par de pasos más al centro que el del ex premier. Pero con todo sigue parado en la centro-derecha y este es un espacio bastante copado. Su mayor debilidad parece estar en carecer un discurso político fuerte, claro, que lo distinga. Y otra es su soledad. El reciente jale del congresista Mora por ello parece muy positivo para su candidatura. Finalmente, un político de antaño al que habíamos olvidado (y por eso es novedoso): Alfredo Barnechea. Es quien, creo, tiene más claro y logra transmitir mejor el espacio que busca politizar: viene trazando una diferencia concreta entre sus ideas socialdemócratas y el continuismo de mercado. Un centro ideológico con contenido. Además Acción Popular tiene un prestigio y simpatía que no es desdeñable, ayuda a certificar que sí puede gobernar. Y puede lograr espacio en medios. Su mayor problema, sin embargo, es romper su imagen distante para buena parte del electorado. Sabemos bien que construir el centro no solo pasa por lo ideológico, sino también por llegar a una serie de intereses concretos, sensibilidades, de buena parte de la población. Sin explosión, sin temas concretos, puede pasar desapercibido. ¿Uno de estos pequeños, o algún otro, será sorpresa? No crecer en este mes y medio puede ser su condena al 1%. A fines de febrero veremos el voto seguro ya concentrándose en los entonces favoritos.

Los Rendidos (IEP, 2015) de José Carlos Agüero nos hizo pensar en preguntas difíciles sobre el conflicto armado interno en un país que no suele hacerse esas preguntas. Desde que lo leí he intentado incluir uno de sus párrafos en una columna, pero siempre aparecía descolocado. No quiero iniciar el año sin dejarles esta idea que apunta hacia uno de los mayores retos que enfrentamos como sociedad. Al explorar las motivaciones de algunos militantes de Sendero Luminoso para tomar las armas, señala Agüero: “Que te eduquen desde niño para mirar la pobreza y para que te duela, acaba por tener resultado y se vuelve una especie de naturaleza y de sentido común. Ahora, cuando se dicen o escriben cosas así, suenan patéticas y bobas, más si se dicen en público. Pero no veo otra forma de describirlo. Una pedagogía de la solidaridad y la sensibilidad extrema fue organizada no sé si en todos los casos de familias de izquierdistas radicales o de algunos senderistas utópicos, pero así fue en el caso de algunos”. El autor nos deja una pregunta durísima: ¿por qué hablar así de la pobreza suena hoy patético, bobo? Es claro en señalar que no cree que esta motivación fuera la de todos los senderistas ni minimiza el enorme peligro de justificar el sufrimiento de personas concretas en nombre de esta sensibilidad. Pero lleva a preguntarnos qué nos ha pasado como sociedad para que esta mirada empática, que no tiene por qué ser la totalitaria, nos sea tan ajena. Es obvio que la pobreza sí duele. Es ir a la cama sin comida, matarse trabajando para sobrevivir. Es vivir al día, sabiendo que por más esfuerzo que se haga una enfermedad, la mala suerte, puede tumbarte. Es tomar conciencia que no haber tenido una alimentación adecuada, educación o acceso a la salud, han cortado tus oportunidades y las de tus hijos. ¿Por qué es patético decir que ese sufrimiento debería dolernos? La respuesta daría para un libro. Varias cosas nos pasaron para llegar aquí. La violencia, el fracaso económico del Velasquismo, una informalidad de supervivencia que surge en paralelo al colapso tanto del Estado como de diversas asociaciones, los excesos y radicalismos que deslegitimaron a las izquierdas. Todo ello contribuyó a construir un sentido común mucho más individualista, donde la justicia social pierde relevancia. Las élites que ganaron poder en los noventa han resaltado esas ideas individualistas, que les son funcionales. En otros países cercanos el proceso fue distinto, el Perú es un caso extremo. Encuentro mucho de saludable en este individualismo, pero también costos al dejar de lado las ideas de comunidad y empatía. Nuestra débil legitimidad es, en parte, consecuencia de ello. Los niveles de desconfianza en quienes nos gobiernan, en las élites empresariales, y entre unos y otros, son sorprendentes incluso para América Latina, y se han mantenido altísimos durante todo el periodo de bonanza. Un buen ejemplo de este sentido común individualista es la reciente campaña empresarial “No te bajes mi plan” en la que cuatro personas humildes piden a los candidatos presidenciales no afectar sus logros y proyectos de vida. Bien por reconocer el costo de ignorar o minimizar las mejoras alcanzadas. Pero a la campaña le falta el nosotros, demandarle a los candidatos construir un plan común. Sin ese componente se ve como una campaña egoísta, interesada, en la que los de arriba quieren convencer a los de abajo que lo mejor que les puede pasar es que el gobierno no toque nada para que no lo malogre. A pesar de todo, sí es posible construir formas empáticas de acción en la política y el gobierno. La reforma educativa dirigida por Jaime Saavedra, por ejemplo, me parece un avance en esa dirección. Ojalá el 2016 haya más personas remando a contracorriente para recordar que la empatía no es una disquisición boba, sino una urgencia. Feliz año.

La importancia de lo público es ya un valor asimilado en Medellín, parte del ADN de la ciudad. Su municipio, grupos empresariales y las exitosas empresas públicas municipales, invierten en parques, museos, espacios culturales. Lo que más inspira es que estos esfuerzos están enmarcados en un discurso de ciudadanía, de responsabilidad compartida. Los planes urbanos usan creativas fórmulas para que los constructores dejen a la ciudad espacios públicos. Por ejemplo, el recientemente ampliado Museo de Arte Moderno de Medellín está localizado en una vieja zona industrial en tránsito a volverse residencial y de desarrollo cultural. Es un ejemplo de lo que se puede hacer con un urbanismo creativo, pragmático, que brinda beneficios a los propietarios de los lotes a cambio de invertir en cultura y recreación. La ciudad, además, apuesta por el transporte público. Lo que más impacta de este impresionante desarrollo, que incluye metro y metro-bus, es el esfuerzo por llegar con teleféricos y escaleras eléctricas a las zonas de mayor pobreza en las laderas. Horas ahorradas para ciudadanos que tenían que pasar la vida en transporte de mala calidad. Este año se inauguró la Casa de la Memoria. El esfuerzo combinado del gobierno local, regional, la sociedad civil y la empresa han permitido un espacio dedicado a la reflexión sobre la violencia en el país y de homenaje a las víctimas. Se suma a otros espacios formativos de la ciudad como el Parque Explora o el Jardín Botánico. La Universidad de Antioquia está entre las 650 mejores universidades del mundo (QS University Rankings). Ha permitido desde hace décadas una amplia movilidad social en la región. Si bien tiene muchos de los problemas que afectan a las universidades públicas, el ingreso es meritocrático, su plana docente de alta calidad y su formación muy exigente. El desarrollo de la ciudad va contagiando a su entorno. El gobernador Sergio Fajardo, ex alcalde responsable de muchas de las cosas que comento, ha marcado su gestión con el tema de la educación. El lema de Antioquia es “la más educada”. Apoyo a escuelas, bibliotecas, beneficios e incentivos a los estudiantes, todo enmarcado en un discurso contra la desigualdad y en favor de la construcción de capacidades. No es solo buena gestión. La mayor lección es que estos logros se basan en mucha política: pragmatismo, pactos y tolerancia. Una amplia coalición político-empresarial ha tenido que combatir a fuerzas clientelistas y mafias para avanzar en lo logrado. No es un paraíso. La ciudad todavía tiene problemas profundos: violencia, desigualdad, pobreza, tráfico, racismo. Pero el cambio es brutal, más si lo comparamos con la Medellín de los ochenta. Además de admirarla, Medellín me deprime. Veo en ella lo que Lima, mi ciudad, carece: una urbe donde la palabra planificación es herejía; donde la inversión en cultura es escasa y lo que existe es heroico; donde quienes han gobernado no han logrado, sea por corruptos, ignorantes o incapaces, construir un gobierno local que inspire. Usted, como yo, debe estar harto de que le den el ejemplo de Dinamarca para resaltar que las instituciones importan. La pregunta sobre cómo llegar a Dinamarca puede ser bastante idiota si perdemos de vista que Dinamarca está muy lejos de nosotros, en un contexto muy distinto y es resultado de procesos históricos complejos. Los modelos más útiles para avanzar en la construcción de institucionalidad y buen gobierno, creo, son aquellos en los que el punto de partida se parece más al nuestro, donde las buenas políticas públicas enfrentarán retos y enemigos similares. Para llegar a Dinamarca parece útil pasar por Medellín. “Aunque tarde, libertad para los presos políticos en Venezuela esta Navidad”.

Tengo una relación complicada con las redes sociales. Por un lado, ofrecen la posibilidad de enterarse en forma inmediata de debates, artículos y puntos de vista a los que sería difícil tener acceso. Además de permitir el maleteo y la conversación con los amigos en tiempo real. Otras cosas me gustan menos, entre ellas que están llenas de juicios rápidos, indignados, que llevan al ataque estilo piraña. O que los egos inflamados abundan. Y creo refuerzan las capillas de los que piensan igualito y contribuyen a perder perspectiva al considerar como acción política efectiva sus likes o debates eternos. Pero más allá de mis gustos y disgustos, lo concreto es que desde hace un par de elecciones las redes importan en política. No en la medida de otros países, claro, pero hemos visto que lo que sucede en ellas sí juega en la campaña. Las preguntas de fondo son cuánto importan y quiénes pueden aprovecharlas mejor. Una respuesta completa requiere mirar muchas aristas. Esta semana, sin embargo, hay una buena oportunidad para aproximarnos al fenómeno. Usted se lo puede haber perdido, pero desde hace varios días hay una lucha a muerte en las redes sociales. Desde la semana pasada comencé a ver en redes el nombre de Julio Guzmán, un candidato en carrera desde hace meses pero que no había captado atención. Su nombre empezó a sonar como una opción técnica y novedosa frente a los favoritos. El 12 de diciembre llegó a los 100,000 likes en su página de Facebook, un salto enorme en pocos días, y ayer se acercaba a los 230,000. Los parciales de otros candidatos lo atacaron con todo, tal vez temiendo los costos de su crecimiento o simplemente porque se cruzan en el espacio virtual. Los PPKausas señalando que era una suerte de PPK Pulpín. Los seguidores de Verónika Mendoza y otros colectivos de izquierda criticaron su supuesta postura no ideológica, lo acusaron de ser un derechista disfrazado. Varios levantaron versiones sobre su financiamiento millonario. Otros comentaristas discutían su ausencia de opiniones claras o informadas en temas como el matrimonio igualitario o la situación de Israel y Palestina. Y se cuestionó la supuesta ola, serían trucos de marketing y compra de publicidad. Fue tanto el movimiento que el genial El Panfleto tituló “Twitteros se independizan del Perú y llaman a 2da vuelta entre Julio Guzmán y Verónika Mendoza”. Por el lado de Guzmán se defendieron. Señalan que la ola es real y pueden demostrarlo. Mostraron que distan de ser una campaña millonaria, o funcional a otros candidatos. Aprovecharon los ataques para hacer más conocido al candidato, por supuesto. E intentaron una defensa de su centrismo, de mostrar su novedad. Ustedes evaluarán si lo lograron y si el candidato les resulta atractivo. Personalmente, si bien saludo una candidatura de propuestas y creo que hubo críticos de mala fe, no entiendo esta incapacidad para tomar posición en temas fundamentales y su rollo técnico como escape a las definiciones políticas. Pero al punto. En los próximos días veremos si tremendo peleón, si tantas horas de disputa, tiene algún impacto en las encuestas. Porque si lo tiene, podrá entrar a los medios masivos. Así, el esfuerzo habría valido la pena, las redes se convierten en un espacio interesante para hacer crecer enanos electorales o cuando menos cierto tipo de enanos. Pero si después de todo esta energía las cosas siguen igual, creo que deberíamos pensar lo pequeñito que es el mundo en el que muchos hacen política. ¿No estaría esa energía mejor gastada en otros espacios? ¿Quiénes pueden aprovecharlas mejor? Muchas preguntas tentativas que en el Perú recién comenzamos a explorar.

Se desató el mercado de jales políticos. Sin partidos sólidos, la popularidad de los candidatos en las encuestas es lo que permite atraer personalidades a sus planchas presidenciales y listas parlamentarias. Las alianzas también están en juego, partidos pequeños sin candidato deben buscar mantener la inscripción. Los jales son centrales para cubrir carencias o reforzar posiciones en las candidaturas. Los analistas discuten con pasión si aportan o no al esfuerzo de llegar a Palacio de Gobierno. Casi como campeonato de fútbol donde el peso de la camiseta ya importa poco o nada. Vladimiro Huaroc fue la primera sorpresa, al moverse al Fujimorismo tras ser un firme crítico del mismo desde la Defensoría del Pueblo en los noventa. Pero no será el último. Con un sólido 30% el partido ofrece seguridad a los candidatos que encabecen sus listas en regiones y a los primeros números en Lima. Mucha tentación para políticos que quieren seguir en carrera en un país con una de las menores tasas de reelección en gobiernos locales y un Congreso que se renueva en cerca de 80% cada cinco años. Veremos quién sigue. Más difícil lo tienen los que van atrás, sin tendencias claras. Un mal cálculo puede ser mortal. ¿Qué estarán pensando los que dieron el salto hacia PPK y ahora esperan las encuestas de IPSOS y GfK de diciembre para saber si se apresuraron? Preguntándose si Acuña, popular en zonas urbanas donde PPK era más fuerte, seguirá creciendo y robándole votos. Las vicepresidencias y listas parlamentarias de Alan García tenían más atractivo hace tres meses que hoy. Pero podrían subir su valor si PPK cae y él capitaliza parte de sus votos. ¿Acuña ya es tendencia o descubriremos su techo en enero? ¿Qué buscan los candidatos presidenciales con estos jales? Votos y dinero. Los votos se pueden lograr con jales que tengan perfiles políticos reconocidos por la población pero también con otras formas de popularidad que nada tienen que ver con la política: viejas glorias del deporte o artistas (un fenómeno en diversas democracias en países en desarrollo). Otros jales en realidad son negocio: aportan dinero para la campaña, por lo que ustedes verán en las listas personajes menos conocidos pero con capacidad de dar el dinero necesario para sobrevivir en una competencia donde cada vez el show que atrae público y la publicidad en televisión importan más. Digresión: ¿se dan cuenta lo perverso de la despolitización de la televisión peruana? Los espacios de debate político permiten la exposición cotidiana a los candidatos, hace posible conocer a quienes aspiran a gobernar. Ahora el tiempo en televisión se compra, negocio redondo para los dueños de frecuencias públicas. Pero el candidato Acuña suma otro factor a este mercado de jales: tiene plata como cancha. A diferencia de otros partidos, que incluso piden a sus jales que pasen el sombrero por su cuenta, Acuña tiene recursos. Si Acuña actúa como lo ha hecho hasta ahora en la política regional apoyará en la campaña a sus jales. El candidato no se endeuda y todos contentos. Por ello, usted se sorprenderá más de una vez en estos días. La palabra traidor o mercenario será moneda corriente. Las justificaciones varias. Y sí, en muchos casos comparto la indignación por apoyar propuestas irresponsables o que nada tienen que ver con la trayectoria que nos vendieron previamente. Pero en otros casos entiendo la necesidad de buscar cómo seguir aportando al país desde la política; reconozco que no optar por un candidato viable es abandonar el mundo público y dejarlo en manos de más mercenarios.

Es normal escuchar burlas de la izquierda por su incapacidad de construir una candidatura fuerte teniendo el espacio para hacerlo. Pero el mismo bullying no se hace contra un similar fracaso electoral de cara al 2016: el centro. No hablemos de un partido, mal de todos, sino aunque sea una candidatura competitiva. Despreciados por la izquierda por tibios y vapuleados por la derecha por rojos, los centristas somos en realidad bastante positivos para el funcionamiento de un sistema político. Moderamos, tendemos puentes. Vamos de nuevo hacia una elección sin una propuesta de centro, lo que avizora de nuevo un Congreso controlado por conservadores y sin agendas reformistas. No solo es patético para la izquierda, también es lamentable para todo centrista que se respete (republicano, liberal, socialdemócrata, llámelo como quiera). ¿Existe el centro o es un ejercicio inútil reflexionar sobre él? La dificultad de un alto número de ciudadanos de identificarse en posiciones ideológicas de izquierda y derecha hace que algunos concluyan que dichas posiciones no dicen nada en el Perú electoral. Si no hay izquierda y derecha, tampoco habría centro. Hay bastante de cierto en esta posición. Existen cortes en el electorado que son difíciles de entender en términos ideológicos. El voto de Acuña o el trasvase Humala 2011-Keiko 2016 demuestran que mucho más que ideología hay en juego. Pero las cosas son más complejas. Si en vez de pedir a los ciudadanos que se identifiquen con ideologías les hacemos preguntas sobre sus opiniones políticas la distinción ideológica adquiere más sentido. Muchos votantes sí tienen posiciones consistentes sobre algunos temas como la seguridad, papel del Estado en la economía, redistribución que permite colocarlos en un espectro ideológico. Son de derecha, izquierda y también de centro tal vez sin saberlo. Hay espacio, pero ¿puede llenarse? Uno diría que sí, que hay temas a ser politizados. Un número importante de ciudadanos, por ejemplo, apoya reformas iniciadas por este gobierno que constituyen políticas públicas centristas: reforma educativa, diversidad productiva, programas sociales. El descalabro del gobierno pone en riesgo su continuidad. Un candidato o candidata de centro sería su defensor natural. Además, hay dos partidos con inscripción que pueden jugar esa carta con cierta credibilidad: Somos Perú y Acción Popular. Una alianza entre ambos, con un discurso reformista renovado (AP versión sesentas), no sería poca cosa. Pero es complicado. Además de la micro-política de nano-partidos que dificulta las alianzas programáticas, el centro es algo así como “ni con uno ni con otro”, carece de posiciones fuertes, esas que movilizan y atraen atención. Depende mucho de lo que no es, se construye por oposición. Y cuesta más hacerlo cuando no hay extremos fuertes de los cuales distinguirse. Sin izquierda, y con derechas buscando edulcorarse, en esta elección parece más fácil moverse al centro que ser de centro. Además, el centro electoral lo integran grupos muy diversos, que no siempre se ven votando en conjunto. Lograr que un candidato los represente es difícil. Un candidato reformista para unos puede ser un caviar inaceptable para otros. A la inversa, parte de la tragedia del centro es que harto derechista se cree de centro. El centro, entonces, hay que construirlo y hoy no se ven candidatos con estas cualidades. Si no existes en las encuestas, no existes como alternativa, no llegan los recursos, no te invitan a ningún lado, no puedes construir un discurso. Si usted tiene simpatía por el centro, como yo, haría bien en no burlarse de la izquierda. Por lo menos lo están intentando. Nosotros vamos a una elección sin candidato, sin discurso estructurado. La izquierda no está sola en su orfandad de representantes. PD. Mi total solidaridad con Daniel Mora ante la decisión de Alejandro Toledo de separarlo de la Presidencia de la Comisión de Educación. ¿Tan poderosos son los lobbies como para que Toledo destruya al único político exitoso de su “partido”?

El Turnitin es un programa que permite detectar plagios. Coteja en cuestión de segundos el texto bajo análisis con documentos en la web. No es perfecto, pues como no discrimina si el texto copiado está o no entre comillas o si tiene referencias, se tiene que revisar el resultado. Pero una ventaja adicional es que ayuda a detectar textos parafraseados, lo cual es la forma fácil de plagiar sin que se note “tanto”. En resumen, el programa facilita enormemente el trabajo de los docentes que sabemos el internet es el refugio de los tramposos mediocres. Este programa es el que ha usado el diario Altavoz para anotarse un gol de media cancha. Al revisar el Plan Bicentenario del Partido Aprista ha encontrado que se usan partes de diversos textos sin referencia: webs de ministerios, análisis del censo nacional agropecuario, una noticia de Perú 21, entre otros. Félix Lossio, ex funcionario de Mincultura, dio la voz de alerta al encontrar en el Plan un texto de dicho ministerio, lo cual permitió a Altavoz descubrir una mina de oro. La defensa de los mandos medios del partido ha sido lamentable, queriendo salir por el lado formal o minimizar el problema. Un vocero dijo que como son textos oficiales (ojo, no todos lo son) y la ley dice que los textos oficiales no están protegidos por los derechos de autor, no habría plagio. Otros que se trata de un borrador, sujeto a comentarios, como minimizando la cosa y prometiendo que cuando salga el plan definitivo estará limpiecito. Alan García ha quedado mejor al mostrar su molestia en twitter y señalar que se expulsará a quien lo vuelva a hacer, pero insiste en que es un “documento de trabajo”. A ver. El texto del Artículo 9º en su inciso b) señala en su primera parte que no están protegidos “Los textos oficiales de carácter legislativo, administrativo o judicial, ni las traducciones oficiales de los mismos”. Pero no te cuentan lo que sigue, y que es de sentido común: “sin perjuicio de la obligación de respetar los textos y citar la fuente”. Pueden usarlo, pero deben citarlo. Y ellos no han citado. Tal vez no haya sanción penal, pero sí puede exigírseles se reconozca la procedencia de los textos. Pero vamos al tema de fondo: no es serio negar el papelón, minimizarlo como una formalidad o decir que es un borrador. Su acción es muy grave. La intención de plagio es evidente, ¿o ustedes creen que el partido usaría en este supuesto documento central para estas elecciones productos del actual gobierno, ese del que rajan y vapulean a diario? Han copiado, eso muestra deshonestidad y un nivel profesional lamentable. Es triste ver a dirigentes que saben bien que lo que están respondiendo es absurdo justificarse con esos argumentos Si queda vergüenza, las cosas son sencillas. Hacia la sociedad corresponde una disculpa por el acto cometido y retirar de inmediato el plan de gobierno. Porque por quedar “bien” van a terminar con un Frankenstein lleno de referencias culposas. Además, deberían disculparse con aquellos expertos íntegros que colaboraron y que ahora están en la enojosa situación de ser co-productores de un documento tramposo. Internamente la cosa es más complicada, porque Zeus está furioso. Una vez más, pensará, el partido, su supuesta ventaja, lo mete en problemas. Pero haría bien en reconocer que le faltaron reflejos, estaba avisado. Hace un par de años García prologó un libro de jóvenes apristas que contenía diversos textos con plagio. La edición fue retirada y vuelta a imprimir sin esos textos. Lo del jueves muestra un descuido imperdonable de su parte: tenía los antecedentes, debieron pasar el documento por turnitin. Porque en política no hay que ser ingenuo, Presidente. ¿Recuerda?

Esta semana falleció Douglass North, una de las personas que más nos han hecho pensar sobre las instituciones y su importancia para el desarrollo. Es muy frecuente que se reseñe a North (y otros autores) diciendo que nos enseñó los efectos positivos de las “buenas instituciones”, pasando luego a pedir que las adoptemos. Pero hay en North una mirada mucho más realista sobre los retos que esto significa, mirada que es crucial para pensar las reformas institucionales en el Perú y dejar de lado un reformismo ingenuo, legalista, todavía muy presente entre nosotros. Hay poderosas razones para que las instituciones, esas reglas formales e informales que regulan nuestra conducta, sean difíciles de cambiar. Las instituciones en buena cuenta están fuertemente determinadas, y se sostienen, en el poder que existe en las sociedades, sea económico, político o de organizaciones sociales. En un artículo de 1995, “New Institutional Economics and Third World Development”, North señala que las instituciones serán estables “solo si son apoyadas por organizaciones con un interés en su perpetuación”. Las “buenas” y las “malas” instituciones. Por ello los intentos de reforma constitucional o legal que choquen contra estos poderes y reglas informales no la tienen fácil. Las nuevas reglas formales que buscan cambiar nuestras sociedades “para bien” muchas veces terminan instrumentalizadas, traducidas, para ser funcionales a esos actores con poder. Del mismo modo, es poco realista pensar que la educación en valores pueda cambiar esta situación si la vida cotidiana te enseña que otras reglas son las que determinan quién gana y quién pierde. Piense en la forma en que se han terminado aplicando, y a quiénes benefician, normas en su momento consideradas “buenas” y que hoy están bajo discusión. La forma de elección plural del Consejo Nacional de la Magistratura que buscaba promover la meritocracia ha terminado dejando en manos de colegios profesionales desprestigiados y magistrados con escasa legitimidad la elección y vigilancia de quiénes administrarán justicia. La autonomía universitaria que buscaba promover la calidad, el pensamiento crítico y el pluralismo ha sido una excusa de mediocridad y argollas clientelistas tanto en espacios públicos como privados. Felizmente contra un institucionalismo ingenuo, que celebra con bombos y platillos la aprobación de nuevas reglas como si ello solucionara los problemas diagnosticados, hoy cada vez es más común escuchar una visión menos optimista del cambio institucional, pero probablemente mucho más efectiva. Esa visión ya no se preocupa solo de la aprobación, sino de la implementación y el músculo político que requieren estos cambios. Los defensores de la Ley Universitaria, por ejemplo, vienen coordinando para construir coaliciones de apoyo a la reforma, atraer a actores que miraban la ley con desconfianza pero que no deben temerle, y poner en evidencia a los intereses de sus opositores y aliados políticos. Se hace política con la reforma y eso les ha anotado una pequeña victoria esta semana con la llamada Ley Cotillo. La construcción de esa coalición es esencial para su continuidad y adecuada implementación. Del mismo modo, la Asociación Civil Transparencia está presentando en CADE una ambiciosa propuesta de urgentes cambios institucionales que no solo pone énfasis en la reforma misma, sino en su implementación y sostenibilidad. Sus voceros plantean alianzas de actores sociales para garantizar que las propuestas no se desvirtúen en el camino y un seguimiento firme de las mismas. Los desafíos siguen siendo enormes. Pero conocer mejor el reto permite enfrentarlo mejor y entender que sin política y una mirada a largo plazo estos cambios no son posibles.

El Tribunal Constitucional declaró infundadas las demandas planteadas contra la Ley Universitaria. Para quienes creemos que la autonomía no puede entenderse como autarquía y que las cosas no se arreglarán por la mano mágica del mercado tras dos décadas de fracasos, esta es una buena noticia. Un golpe directo a esas universidades privadas más preocupadas en gastar en publicidad que en mejorar su calidad y las mafias que controlan varias universidades públicas, camarillas que privilegian la contratación y el ascenso por fidelidad antes que por mérito. Falta mucho más para que se concreten los efectos buscados por la ley, pero es un paso crucial. Ojalá se tomen medidas audaces para avanzar la reforma, como por ejemplo autorizar que se utilicen fondos del canon para formar profesores en posgrados de buena calidad (en base a criterios meritocráticos y transparentes). Y ojalá los pocos estudiantes de universidades públicas que todavía insisten en llamar a esta norma “neoliberal” o “privatizadora” entiendan que más bien abre la puerta a mejoras para reforzar la educación pública. Pero quisiera resaltar algo visto en estos días de debate sobre la reforma que se aplica a otras reformas hechas por este gobierno: no hay casi coaliciones de defensa que aseguren la continuidad de estos cambios que considero positivos. Fíjense en lo que fue este proceso, casi invisible para quienes no se informaron sobre el tema. Fue una pelea en la sombra, dirigida por el Ministro Saavedra y su equipo. A su lado estaban el Congresista Daniel Mora (su triunfo, señor) y algunas voces de la sociedad civil, donde destacan Ricardo Cuenca, Gustavo Yamada y el incansable Jorge Mori. Al otro lado había un poderoso lobby de universidades-empresa, sus múltiples aliados políticos y una serie de rectores de universidades públicas con mucha influencia. Los candidatos presidenciales (salvo Verónika Mendoza) no se manifestaron al respecto. O cuando lo hicieron, cuestionaron la norma o incluso propusieron su derogación. Las críticas de Toledo son increíbles, uno de los pocos éxitos de su partido en este periodo fue lo hecho por Mora y el ex presidente sale a cuestionar la ley demostrando profundo desconocimiento. La legitimidad de Saavedra, el empeño de Mora, y el que en este caso la reforma haya estado contenida en una Ley, han impedido se revierta el cambio. Pero hay otras reformas valiosas de este gobierno con enemigos poderosos que, sea porque no cuentan con una similar coalición protectora o porque varias de sus disposiciones están contenidas en normas de menor jerarquía, son mucho más vulnerables. Diversificación productiva, Ley de Servicio Civil, programas sociales profesionales y técnicos, avances en la reforma policial, por ejemplo. Dada la incapacidad del gobierno para construir un discurso político que enraíce estos cambios y sin candidato presidencial popular, existe la posibilidad de que se reviertan. ¿Qué puede hacerse? Considero que los ministros a cargo de estas reformas deberían pensar desde ya cómo construir una alianza que los convierta en actores públicos cuando dejen el Estado. Apropiarse de estos temas y defenderlos en la esfera pública, porque el Partido Nacionalista no lo hará. Que en el tiempo que les quede expliquen más lo que han hecho y los costos de retroceder. También podemos demandar a todos los candidatos presidenciales que definan su posición sobre estos temas. No es suficiente, claro. Como bien sabemos los que hemos trabajado en el Estado, para que una reforma muera no es necesario derogarla, basta con olvidarse de ella. Sin partidos políticos que se jueguen por estos temas, su continuidad es compleja. Pero politizar estas reformas en la campaña es un primer paso para su continuidad.

Sí, falta pluralismo en la televisión abierta. Si bien no creo sea tan cerrada como dicen sus críticos más ácidos y considero que las televisiones regionales aportan más diversidad de lo que se reconoce desde Lima, sí estoy de acuerdo en que los intereses empresariales pesan mucho más que otros en televisión. Lo más burdo de esta cercanía lo pudimos ver en la campaña anterior. Pero creo que falta algo en la televisión abierta a lo que damos menos atención: inteligencia. Faltan contenidos políticos entre semana, programas con investigaciones, entrevistas y debates. Programas dirigidos por periodistas que, por mantener cierto prestigio, deban tomar distancia de los broadcasters. Como señaló Juan Sheput en una columna reciente, comparado con la del 2010, la programación política hoy es de pena y ello se hace más patético ante una campaña electoral. La televisión abierta es el camino más rápido para informar a la ciudadanía. Pero la televisión ha renunciado a la política en nombre del rating. Las ganancias de los dueños han borrado ese pequeñísimo compromiso que se les exige para usar sus espacios: informar, educar en asuntos públicos. Para colmo, los que tenemos más ingresos podemos escapar al cable donde hay un poco más de información. Pero los más pobres, los menos informados, no tienen opción, atrapados entre Combate y Fatmagul. Hay costos. Esta despolitización hace que problemas muy serios no sean reconocidos como problemas públicos. ¿Cómo esperar que nos interesemos en esos temas si no los conocemos? Los noticieros no logran ese cometido. Una cosa es la muerte de una mujer en manos de un marido celoso; otra, hablar de feminicidio. Una cosa es un atropello; otra, debatir sobre la mejor manera de hacer efectivas las multas de tránsito. Para colmo, luego los noticieros hacen rating rasgándose las vestiduras cuando unos chiquillos no saben quién es Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos, Miguel Grau o Mario Vargas Llosa ni qué pasó en Barrios Altos o Tarata. ¿Después de horas de concursos de bonitos en pruebas “complejas”, telenovelas mejicanas y turcas, programas de chisme farandulero y, en el colmo del absurdo, noticieros que dedican media emisión a hablar de esos mismos programas, tienen la raza de sorprenderse? Me queda claro que con tan poderosos incentivos la autoregulación es una quimera. Entiendo, sin embargo, que haya razones para temer las consecuencias de la regulación. Comparto el temor a gobiernos abusivos que podrían controlar los contenidos con la excusa de lograr una “mejor programación”. Si nuestros gobiernos no han sido capaces, siquiera, de replantear los medios estatales para que sean públicos, dudo de su capacidad y voluntad de lograr una televisión plural. ¿Una solución? Demandar una franja de contenidos políticos, una idea que vengo planteando desde hace unos días y que espero les interese (Esahora.pe). Una hora nocturna en la que la televisión abierta deba colocar programas políticos. Los medios ponen a los periodistas, así no temen la intromisión. Nos encargaremos de criticarlos si son remedos de periodistas. ¿A quién le conviene? A políticos con algo que decir que hoy mendigan minutos en noticieros o esperan turno en un programa concurso. A los ciudadanos, que no tenemos información política relevante. A los periodistas inteligentes condenados a ser periodistas de calle eternos o a tener un programa en cable porque el programa dominical ya está tomado. ¿A quién no le conviene? A quienes se enriquecen con esta televisión y cobrarán a manos llenas con publicidad electoral, esa que los candidatos necesitarán para llegar al público. Que no le vendan el cuento de la libertad cuando lo que hay en el fondo es purita ganancia.

Van dos intentos de Alan García de lanzar temas que le permitan conectar con una base electoral más amplia y salir de ese 7-10% donde lo colocan las encuestas. Considero que ambos han sido poco efectivos y muestran las dificultades de hacer campaña desde el conservadurismo, un espacio nuevo para el García candidato que siempre apostó por el centro reformista (1985; 2001; 2006). Hace unos meses señalé que, para tener opciones de ganar, García necesitaba aproximarse a sectores populares y recuperar algo de ese “centro” perdido en su segundo gobierno. Comparándolo con la favorita, señalaba que “PPK y Alan no gozan de similar apoyo ni del cable a tierra popular del Fujimorismo. De alguna manera deben apuntar al centro, tanto para llegar a segunda vuelta como para ganarla. No pueden ser solo continuistas”. Pues bien, García ha hecho dos intentos para ganar popularidad, pero sin hacer propuestas más centristas. El primer intento fue con el shock de inversiones anunciado en un artículo del ex presidente en El Comercio hace meses. El Estado reconstruirá sus vínculos rotos con la ciudadanía con infraestructura, pondrá a los peruanos a trabajar. Creo que hoy hay consenso que la idea no tuvo el impacto esperado. Quizás porque para una campaña electoral el cemento se da por descontado. O por un problema de credibilidad: ¿por qué no lo hizo en su gobierno? El segundo intento ha sido la militarización de la seguridad, una demanda de cerca del 80% de la población. Pero las encuestas aparecidas tras lanzar la idea no parecen mostrar que se esté asociando al ex presidente con la mano dura. Por el contrario, le ha traído problemas al recordar los narcoindultos y los “marcaindultos”. Hay que tener credibilidad para politizar ciertas demandas ciudadanas, y como en el caso anterior, es difícil que quien vio el problema crecer pueda presentarse como la solución al mismo. Parece entonces que Alan necesita encontrar otros temas que entusiasmen, novedosos. ¿Intentará ganar popularidad moviéndose al centro con temas de contenido social, propuestas que lo hagan ver menos continuista? Su posición actual probablemente no gusta a buena parte de su partido que vería con buenos ojos ese movimiento. Al fin y al cabo, se dirán, la receta de éxito del partido siempre ha sido jugar al centro. Pero, ¿puede lograr García este movimiento de intentarlo? Tal vez la evaluación sea que el peso del estilo de su segundo gobierno hace ya difícil lograrlo y que sería preferible seguir buscando temas que le permitan ampliar su base electoral pero desde el espacio que hoy ocupa. Estar a la caza del gol, de ese tema que le permita conectar con el electorado. Ser el candidato de la continuidad y luego el “mal menor” frente a Keiko. No parece mal negocio quedarse donde está si logra bajar a PPK y si todo sigue como hasta ahora, sin amenazas del centro o la izquierda. Tiene el apoyo del empresariado y no hay que menospreciar el voto conservador de clases altas y medias en tiempos de incertidumbre económica. Si se adueña de ese espacio podría estar en segunda vuelta, incluso sin crecer mucho más. Pero sabemos bien que esa estrategia es riesgosa. Basta que se mantenga la fragmentación y que algún otro candidato comience a subir para que quede relegado. Por ello, sigo pensando como hace unos meses: no veo fácil dar un salto sin salir del papel conservador adoptado. Ser el candidato de “Perú, país minero” no parece suficiente. Como sea, nos guste o no Alan García, en estas semanas lo veremos a él y a su equipo desplegar toda su astucia política para crecer. Tal vez el mayor reto de su vida electoral. Y si algo he aprendido en el tiempo que llevo observando a la política es a no descartar a García.

El libro de Pedro Salinas Mitad Monjes y Mitad Soldados ha dado lugar a una bola de nieve en apenas una semana. Lo que parecía difícil hace casi cinco años se ha hecho realidad: los denunciantes de Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio, están viendo cómo este ídolo de barro se derrumba en vida y es investigado por abusador de menores. Tras una respuesta vergonzosa y tibia el lunes, el Sodalicio emitió el miércoles un comunicado inédito por su dureza y por su apertura a apoyar las pesquisas. Y la Fiscalía ha abierto una investigación que, aunque complicada dado el tiempo transcurrido, esculcará a Figari. No ha sido fácil llegar a donde estamos y es necesario recordarlo para evitar que el tema se vuelva a silenciar. Cuando en el 2011 se hacen públicas las denuncias de abuso sexual contra German Doig, mano derecha de Figari, que dieron lugar a que se paralice su proceso de beatificación, el Sodalicio emitió un sobrio comunicado en el que señalaron que “queremos dejar en claro que estas conductas (…) no sólo no pueden tener cabida en nuestra comunidad sino que deben ser denunciadas y rechazadas con energía, claridad y transparencia. Actos graves como estos conllevan un proceso de expulsión del Sodalicio.” Nada se dijo en ese comunicado, ni se dijo luego, sobre las razones que llevaron a la renuncia de Figari como líder del grupo apenas meses antes. A pesar de que en las semanas siguientes fue un secreto a voces que se produjo por acusaciones similares, se optó por el silencio. Es más, cuando esas denuncias se filtran a la prensa ese mismo año lo que se aprecia es negación y conductas matonescas. Luego, más silencio por cuatro años. Si había arrepentimiento era otra la respuesta, como lo ha señalado en todo este tiempo Salinas y quienes seguimos el caso. Se debía reconocer que, como muestra el libro, la institución se diseñó sobre pilares de obediencia, verticalidad, secretismo y una fidelidad conspirativa que impedían la detección y denuncia de estos temas. Es decir, era altamente probable que otros miembros de la jerarquía no estuvieran diciendo todo lo que sabían y que otros casos hayan sido silenciados. Porque dense cuenta. Los miembros de buena fe de dicha institución, a quienes a pesar de mis enormes discrepancias creo cuando me dicen que no sabían nada, debían lidiar con la posibilidad de que todo el edificio doctrinario, las reglas adoptadas con la justificación de reforzar la espiritualidad, crear soldados de María, eran en realidad una trampa ideada por pedófilos. Sus principios matrices podían ser la estrategia de un par de violadores que sabían que de esa manera podían quebrar a sus víctimas y mantener impunes sus crímenes. La verdad sobre qué fue el motor de los fundadores, el crimen o la fe, seguro es complicada, enrevesada, y solo podría conocerse tras una revisión profunda de la forma en que actuaron otros jerarcas y abrirse a las denuncias. Y no, nada de ello sucedió. Con su silencio fueron cómplices. Incluso el lunes, un día después del escándalo, se insistía en una tibieza insultante. El comunicado del miércoles rompe con esta dinámica, muestra otra actitud, pero comprenderán, dados los antecedentes, mi enorme desconfianza de que algo va a cambiar, especialmente si la contrición viene después del cachetadón mediático. ¿Quieren comenzar a actuar moralmente? Lo que se espera, entonces, es que, como prometen en su comunicado del 2011, expulsen a Figari, lo hagan volver a a Lima para ponerlo a disposición de la justicia y contribuyan a buscar testimonios que permitan su sanción terrenal. De allí hablamos de arrepentimiento.

Una de las teorías que busca explicar los conflictos en las relaciones internacionales se denomina teoría/dinámica del espiral (Spiral Theory). Actores que desconfían uno del otro interpretarán sus actos en forma negativa y hostil aunque no lo sean, llevando a que las acciones escalen hasta llegar incluso a la violencia. Los que eran en un inicio actos menores pueden llevar a una guerra de enormes costos. Visto desde fuera, la lógica es irracional. Para los actores, sin embargo, no responder, o hacerlo en forma poco firme, es considerado suicida. Para colmo, otra teoría para explicar los conflictos legitima estos temores desde una lógica distinta: la teoría de la disuasión propone que una causa real del conflicto (o la derrota) es no actuar con firmeza frente a un actor hostil. Hitler jugando al matón sin una acción firme de sus futuros rivales, por ejemplo. Todos conocemos casos de guerra o disputas que obedecen a esta dinámica. Pero más allá de la esfera internacional, esta lógica del espiral nos resulta intuitiva porque todos la conocemos bien. Cualquier persona que haya estado involucrado o conozca de una disputa que se sale de control (una herencia, un divorcio) entiende su lógica. El “ellos comenzaron” nos es familiar. Peleas horribles sin que se recuerde qué fue lo que inició la disputa. Esta semana dos situaciones me recordaron mis lecturas de la teoría del espiral. Ya debería ser obvio para cualquier persona inteligente que justificar el papelón de (pretender) impedir dormir a la selección de Chile o pifiar su himno porque “ellos hacen lo mismo” es idiota. Por lo demás, cuando uno es el que suele perder y parece evidente que los Chilenos ni se inmutan con la performance, es doblemente idiota: no solo te portas como bárbaro, sino que además te ganan. Y ello lleva a actos censurables, como las pintas de los jugadores chilenos, que presagian la historia se repetirá en Santiago. La otra situación es la destrucción mutua en que están enfrascados el gobierno y el APRA. Toda denuncia es leída como proveniente del bando contrario y, si bien hay casos en que el vínculo es plausible, hay otros donde se atribuyen enormes poderes de manipulación al rival. Los problemas del gobierno con la prensa no provienen exclusivamente del APRA y los narcoindultos no son un escándalo por acción del gobierno. Las denuncias tienen bases distintas, algunas muy reales, que deberían llevar a aclararlas antes que a imputar conspiraciones. No me malentiendan, no sostengo que sería mejor ocultar estos hechos. Solo apunto a que la crispación de estos actores termina impidiendo una evaluación más ponderada de los temas y añade al desprestigio de políticos considerados incapaces de dialogar. Además, más allá de determinar quién comenzó, quien filtró la última información, lo que debería ser evidente para ambos es que se están haciendo un daño enorme. Ver a un ex presidente lanzando amenazas en Twitter es patético. Y observar a un Presidente justificando sus problemas en la mala fe del APRA, también. Ambos estarían mejor evaluando cuántos de sus problemas actuales son realmente culpa del rival. En el primer caso parece que solo si quien juega de local da el primer paso puede comenzar a terminarse esta situación. La historia no ayuda, pero también viene siendo tiempo de revisar esta relación histórica de animadversión en base a abundante evidencia reciente que la niega: cooperación en diversas esferas y haber resuelto una disputa por medios pacíficos. En el segundo caso es más complicado: los distintos escándalos tienen vida propia, algunos, como digo, muy reales. Pero por lo menos podría reducirse el nivel de agresión y conspiratitis. En ambos casos el papelón es enorme.

Mis amigos Marco Sifuentes y Steven Levitsky han señalado que la moderación electoral de Keiko podría llevar a un proceso similar al de Humala en el 2011. Sifuentes dice que Humala antes de la segunda vuelta “se esforzó en dar varias señales de que, de ganar, no seguiría ni por la senda de Velasco ni por la de Chávez. Keiko habría iniciado “un proceso de caviarización que probablemente le asegure la victoria, pero viene siendo cuestionada con argumentos histéricos que se quedan anclados en un pasado que se está dejando atrás”. Este proceso, nos dice, podría ser bueno para la democracia, por lo que pide “menos histeria y más memoria”. Levitsky pone el asunto en condicional: no solo ve gestos insuficientes en esa moderación, sino que considera que, de darse, solo se concretaría bajo ciertas condiciones: “Muchos opinólogos insistían que la moderación de Humala era mentira, que seguía siendo chavista, y que pronto abandonaría a la Hoja de Ruta”. Pero Humala no fue chavista “sobre todo porque la presión de la derecha y los medios aumentó el costo de hacerlo”. Así, concluye,solo si hay una similar vigilancia de la sociedad que incremente el costo político de abandonar lo dicho en campaña se podría garantizar esos compromisos democráticos. El caso de Humala nos enseña que puede darse esta moderación democrática, pero no, como concluye Marco, que ya sea equiparable al de Keiko. Quiero resaltar dos diferencias que hacen difícil esta comparación: el apoyo de actores poderosos del que gozaría el Fujimorismo, que muestra la alta valla que debería cumplir la vigilancia social señalada por Steve, y la conducta de este partido, que resalta el tipo de gestos necesarios para tomarlos en serio. Primero, los hinchas de la mano dura y que toleran el abuso siguen allí. La vigilancia social que demanda Levitsky tendría que ser muy fuerte para representar un poder igual de disciplinario que el que empresarios y medios le hacen a Humala, y no creo que hoy exista la verdad. En el prólogo a la segunda edición de mi libro Demócratas Precarios, al discutir nuestras opciones en la segunda vuelta del 2011, señalé que tanto Humala como Fujimori representaban riesgos para la democracia, pero el nacionalismo tendría más límites de optar por un endurecimiento. En cambio si Keiko “toma la ruta autoritaria seguro gozará de una actitud mucho más complaciente por parte de quienes hoy por hoy tienen más poder en el Perú: empresarios mineros, exportadores, instituciones financieras, medios de comunicación. (…) No me sorprendería que los mismos que hoy dicen desde la prensa que Keiko no representa un peligro autoritario sean los que pidan más mano dura contra protestas sociales o que celebrarán las derrotas de sus odiados “caviares” por parte de un gobierno abusivo”. No creo que haya condiciones como para un Fujimorismo que concentre el poder como en los noventa. Pero sí es posible pensar en un gobierno que, si decide hacerlo, pueda ser varios pasos bastante más represivo y cerrado que los que nos han gobernado desde el 2001. Y, con la excepción de los liberales editores de El Comercio, la barra brava sigue allí. La debilidad de la sociedad civil e instituciones de control también. No veo a quienes hoy piden más mano dura contra las protestas y denuncian conspiraciones contra el “progreso” controlando a un gobierno que les dé lo que quieren. El Fujimorismo es, además, quien tiene más posibilidades en la derecha de lograr apoyo popular, clave para romper la resistencia democrática. Segundo, en este caso me centro en el argumento de Marco: si hacemos memoria veremos que los gestos no son equiparables. Como él mismo dice, Humala mostró en la hoja de ruta y en sus pactos su compromiso “con la lucha anticorrupción, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la institucionalidad democrática”. Nada similar ha hecho el Fujimorismo en estos años: ha ratificado una y otra vez su lado matón, sin interés en fortalecer instituciones. Y Keiko no ha mostrado capacidad de controlar a sus termocéfalos. Por ello, considerar que lo dicho hasta ahora son gestos concretos y suficientes sería, para usar sus palabras, caviar-suicida.

Keiko Fujimori ha despertado polémica al presentar en Harvard una imagen más moderada del fujimorismo en temas como la unión civil, el aborto terapéutico y la CVR. ¿Fue sincera? ¿Le conviene este movimiento? ¿Qué otros datos nos deja su renovado discurso? Si fue sincera o no lo dejo a los adivinos. Para Julio Rosas, el más conservador de su bancada, sí lo fue, tanto que renunció. Sus críticos, quienes no vemos cambios en ese fujimorismo agresivo cotidiano, no le creeremos por unos gestos. Más productivo que bucear en sus “reales” intenciones resulta saber si esta será su estrategia electoral, si sus aliados más duros le permitirán el movimiento y qué garantías brindará de que es un cambio significativo. El discurso sí parece marcar lo que será su posición de campaña pues, como favorita, pudo ser más ambigua y evitar tocar temas que sabe polémicos. O pudo ser más dura, como lo ha sido antes. Veremos en los próximos meses si la resistencia interna le permite el movimiento y si hay actos que lo hagan creíble, como por ejemplo una lista parlamentaria menos virulenta y conservadora. Otra cosa es saber si le conviene esta moderación. Hay razones para pensar que no. Un fujimorismo más light corre el riesgo de hacerse menos atractivo para votantes que simpatizan con sus agendas duras. El fujimorismo tiene hoy el monopolio del votante de derecha conservadora. A diferencia de sus rivales de derecha, Keiko conecta mejor con sectores rurales y pobres urbanos en parte por estos temas. Arriesga este vínculo si diluye su mensaje. En las condiciones actuales, sin embargo, creo que es más lo que gana que lo que pierde. No hay competidores por su espacio, parece difícil que surjan, y tampoco exageremos: Keikaviar sigue siendo conservadora. Su lista parlamentaria podrá ser menos troglodita, pero estoy seguro de que distará de ser progresista. Con gestos como estos se acerca a quienes ya votaron por ella con dudas o culpa en la segunda vuelta del 2011. Pero incluso en una segunda vuelta con un candidato de derecha que resulte igualmente antipático para centristas liberales o la izquierda estos gestos pueden marcar diferencias. Menos atención ha recibido parte del discurso que nos muestra la intención de presentar una opción por un modelo de mercado conviviendo con un Estado más presente. En los noventa hubo algo de eso en un gobierno que buscó una alianza de los de arriba (mercado) y los de abajo (inversión y programas de alivio de la pobreza). Me parece que estas declaraciones, y otras recientes, muestran que ese fujimorismo va a volver en campaña, aunque aggiornado: menos asistencialista y más crítico a las insuficiencias del modelo económico (por supuesto, también con guiño populista hacia los más pobres). En una segunda vuelta con PPK o García podría tener más credibilidad al prometer más Estado. Finalmente, un punto reiterado en su discurso que creo ofrece lecciones para sus opositores. Desde el 2011 Fujimori apostó por construir un partido. Viajó por el país y atrajo cuadros. Hoy tiene un partido, débil en perspectiva comparada pero fuerte en términos relativos, que es lo que importa. Este mayor enraizamiento, que se activará en campaña, no es un invento de la derecha mediática, un mero recuerdo del asistencialismo ni una manipulación de las encuestas. Ella trabajó fuera del tiempo electoral para tener lo que hoy tiene. Ese trabajo desnuda las limitaciones de quienes, desde el centro y la izquierda, no lograron siquiera ponerse de acuerdo y recoger intereses ciudadanos, ni aun con la amenaza de su mayor rival creciendo ante sus ojos durante cinco años.

Una encuesta de IPSOS, publicada en El Comercio (Tremenda Desconfianza, Domingo 20/9), explora la confianza de los limeños en una serie de instituciones públicas y privadas. La foto nos presenta datos interesantes, aunque en algunos casos el desconocimiento sobre la institución consultada haga difícil la comparación. En cada caso coloco los niveles de confianza y desconfianza para que ustedes evalúen. Y claro, habría que comparar con resultados anteriores y de otros países para tener una imagen completa. En el fondo de la tabla están las instituciones cuyo desprestigio conocemos bien. El público las conoce y rechaza: Congreso (12% y 84%), Poder Judicial (14% y 78%) y los partidos políticos (12% y 82%). El Poder Ejecutivo algo mejor (20% y 73%), pero también en el fondo. Las instituciones de control, las llamadas a recoger denuncias, también salen mal paradas: Ministerio Público (25% y 70%) y Contraloría (24% y 62%). Un poco mejor, la policía (39% y 55%). La encuesta deja una imagen depresiva de las instituciones estatales y de los políticos. No es que sea novedad, pero son cifras que nos muestran la enorme desconfianza ciudadana con la que se enfrentará cualquier proceso de reforma serio que busque revertir esta imagen negativa. Incluso los que tengan buenas intenciones enfrentarán una desconfianza inicial muy alta, desconfianza verificada con cualquier denuncia que aparezca en el camino. A media tabla se encuentran algunos datos interesantes sobre medios de comunicación. La prensa escrita (42% y 51%) y la televisión (43% y 54%) obtienen cifras que creo no dan para celebrar. Ambas muy lejos de la radio (70% y 25%) que parece estar, de verdad, más cerca de la gente. Para recordar cuando los periodistas agarren de piñata a políticos varios. Sería interesante que las encuestadoras consulten sobre medios con nombre propio. Aunque los encuestados tienen una imagen positiva de las empresas privadas (58% y 35%) impacta el resultado de la CONFIEP (20% y 42%). Si bien estas cifras muestran que muchos encuestados no la conocen como para evaluarla, el resultado debería leerse con una buena dosis de humildad para una organización que ha tenido momentos destemplados en este periodo de gobierno. Ese comentario, cada vez más común entre voceros empresariales, de que no se les comprende no puede ser la respuesta frente a esta antipatía. A su contraparte, la CGTP, no le va mejor (22% y 62%). Arriba están, como siempre las Fuerzas Armadas (60% y 33%) y la ya mencionada radio. Y, como podíamos suponer por su prestigio meritocrático, la ONPE (63% y 33%) y el Banco Central de Reserva (60% y 29%) obtienen buenos números. La iglesia Católica también arriba (58%), pero con un nivel de desaprobación bastante alto (39%), y más si lo comparamos con una encuesta similar de la U de Lima del 2009 que arrojaba solo 28% de desconfianza. El primer puesto, apabullante, es para la RENIEC (83% y 16%). Probablemente dichas cifras se explican por el excelente servicio que presta esta oficina y al hecho de que todos tenemos que pasar por allí. Es decir, los cambios positivos pueden rápidamente ser mostrados a la ciudadanía; otras instituciones carecen de este contacto y es más difícil publicitar sus cambios. Me comentaba un ex funcionario que existe en la RENIEC un apoyo y preocupación sobre el desarrollo profesional de sus miembros, construyendo así una cultura interna de identificación con la institución. Este manejo con seguridad contribuye al buen trato de sus funcionarios al ciudadano. Mirar este caso, y los del BCR y la ONPE, podrían ayudar a pensar cómo avanzar reformas institucionales en un país de alta desconfianza.

Vladimiro Montesinos tenía sus prioridades claras: la información se manipulaba controlando la televisión abierta y llenando de carátulas infames los kioscos. Pero de esos dos rubros, los gastos millonarios del SIN se iban en televisión, la prensa chicha era un sencillo. ¿Es posible celebrar los quince años del Vladivideo sin señalar lo patético que resulta que hoy la televisión abierta prácticamente no tenga política, arrinconada al fin de semana o escondida en noticieros de farándula y crónica roja? El sueño de Montesinos, pero gratis. Recordemos el final de los noventa. Se toleraban medios críticos en prensa escrita y en el cable (al final ni eso), pero la televisión abierta tenía que ser anodina o servil. Se sobornó a los propietarios para que no hubiese opinión fuerte, para reducir los reportes sobre temas públicos que afectasen al gobierno. Cuando algún broadcaster se opuso, como Ivcher, simplemente se le arrolló. Hubo excepciones. Difícil de imaginar para alguien que creció en los 2000, pero durante buena parte de los noventa, de lunes a viernes, César Hildebrandt tenía un programa en televisión abierta. A la misma hora en que hoy hay telenovelas o noticieros, Hildebrandt entrevistaba y discutía de política. Y molestaba al poder, lo interpelaba. Por eso se negoció su salida. Llegamos al 2000 casi sin televisión política. Un programa de Beto Ortiz, más dirigido al entretenimiento, terminó convirtiéndose en programa político. Mientras en los noticieros se hacía lo posible por no discutir el Vladivideo, en ese programa se presentó en todo su esplendor, sazonado además con el “Baile del Tránsfuga” interpretado por Susy Díaz. El Fujimorismo, con sus millones gastados y temores, nos mostró por oposición el papel positivo que puede cumplir la televisión cuando incide en política. Puede colocar en agenda temas importantes, politizar asuntos que deberían interesarnos, denunciar abusos, discutir argumentos fuertes y débiles sobre problemas públicos, construir un mercado de ideas más plural. Pudimos aprender de estos eventos que una buena televisión política era importante para la esfera pública, para construir ciudadanía. Pero aquí estamos, quince años después, con una televisión sin política. Una encuesta rápida a amigos latinoamericanos muestra que el fenómeno de la televisión-espectáculo es general. Pero en varios de sus países hay todavía programas nocturnos de conversación, debate y noticieros con entrevistas. ¿Qué hay aquí? Aquí el amor a los millones de Montesinos fue reemplazado por el amor al rating, siempre el lucro como talón de Aquiles de los medios privados. Una televisión sin política, y no por amenaza, sino por dinero. Sí, se fiscaliza más al poder político (con un valor entre algunos que no se les conoció en los noventa), pero se claudica en la obligación de construir un mejor espacio público. Quien tiene acceso al cable puede sortear el problema, pero entre los más pobres no llega la política. No deje que le justifiquen este estado de cosas con grandes discursos sobre libertad de expresión o la defensa de preferencias ciudadanas. Es lucro, puro lucro, están ganando millones haciendo uso de una concesión que nos pertenece a todos. Y se vienen elecciones. ¿No ha llegado acaso el momento de pensar en nuevas formas de presión y regulación, una propuesta elaborada desde diversos grupos políticos y la sociedad civil que no pueda ser denunciada como amenaza? Porque en la autorregulación ya creo tanto como en Papá Noel o en el Conejo de Pascua.

Esta semana la atención ciudadana ha estado en las extorsiones, los linchamientos y la delincuencia en general. El uso y requisa de granadas mostró en qué medida esta arma se ha vuelto un recurso común para cobrar cuotas. La demanda insatisfecha por seguridad llenó la prensa popular, noticieros de televisión abierta, programas de radio. La agenda política estuvo claramente en la delincuencia, hace tiempo está allí. Y por ello mismo, esta semana ha sido más palpable la distancia entre políticos y ciudadanía. Porque para los primeros buena parte de su semana se fue en debates sobre actos de corrupción, esfuerzos de destrucción mutua, todo atravesado por la discusión sobre la posición de una coma. Y cuando llegaron a las granadas, el espectáculo fue más lamentable. Sin políticos experimentados, lo que se escucha son gritos y acusaciones. Es clara la sensación generalizada de ira de la población contra esas autoridades que le están fallando en un tema que la agobia. No se trata de ser apocalíptico y pensar que de aquí saldrá el Atila mano dura que nos llevara al caudillismo popular (pareciera que la desconfianza ciudadana no alcanza ni para esos entusiasmos). Pero sí de reconocer que esta desconexión tiene costos como país y debilita una ya muy débil confianza en el sistema. Para comenzar, el problema trasciende a los políticos, interpela a las élites en su conjunto. Nos muestra claramente que se ha dejado crecer en tiempos de abundancia a grupos ilegales que se apoderan de riqueza social, mucha de ella en bolsillos de clases pobres y medias. El aumento criminal por crecimiento abrupto de recursos es normal en países en desarrollo, incluso en Estados fuertes. Lo que sorprende aquí es la poca capacidad de respuesta, de reconocer estos costos cotidianos desde hace una década. Además, más allá de la archiconocida desconexión entre políticos y ciudadanía, la semana también muestra en qué medida carecemos de espacios alternativos que conecten el mundo de las demandas ciudadanas y las respuestas políticas. Ni en la prensa, ni en la academia, ni en la sociedad civil encontramos recursos para canalizar, aunque sea un poco, el debate. La alarma social despierta el populismo criminal, y tenemos pocos mecanismos para enviar mensajes informados, que muestren lo absurdo de lo que se discute y propone. El ochenta por ciento de populismo criminal se mantiene inamovible. En ese sentido, se hace palpable el costo de la renuncia de los medios abiertos al espacio público. Estamos segmentados de muchas maneras, y en lo que se refiere a la información inteligente es escandaloso. La discusión sobre la delincuencia estuvo en el cable, donde menos se necesita. ¿Ha visto usted paneles informados en televisión abierta en horarios nocturnos, sobre el tema? El noticiero reporta, a veces en forma escandalosa, sin añadir valor a la noticia. Incluso las reacciones de autoridades quedan fuera: una nota, no una conversación. Veremos seguro reportes el domingo, pero durante la semana el tema seguirá siendo tratado en forma de noticia, sin profundidad. No es poco lo que deja la semana. Esta coyuntura podría hacernos reflexionar sobre la irrelevancia de posiciones ideológicas que hablan del Estado peruano como un gran Leviatán, sin reconocer que en algunas cosas, como la presencia territorial, nos falta Estado y que debemos pensar cómo resolverlo con urgencia. Pero, más bien, parece anunciar lo que serán elecciones con candidatos cortejando a estos sentidos comunes, sin mayores respuestas sobre las urgencias que muestra esta realidad.

Son pocos los casos en los que el Estado peruano avanza reformas que crucen periodos de gobierno y en las que la continuidad de los funcionarios capacitados que las lideran esté fuera de discusión. Esta semana se presentaron resultados que muestran el impacto positivo de este tipo de reformas de Estado: según el BID, el Perú está ligeramente por encima del promedio regional en su Índice de Desarrollo del Servicio Civil aplicado a 18 países de América Latina. ¿Media tabla suena a éxito mediocre? Pues no lo es. Si miramos la trayectoria del país en este índice que evalúa diversas dimensiones de la burocracia del Estado central, hay un gran cambio. El año 2004, tomado como base, el Perú obtuvo apenas 14 puntos en el índice, a tres puestos del último de la tabla. El 2011 en una nueva medición regional fueron 29 puntos. Y este año el resultado es excelente: 41 puntos. Son 27 puntos en 11 años. Si bien la mayoría de países de la región ha mejorado, el caso peruano es resaltado como uno de cambio rápido desde posiciones muy bajas. ¿Qué explica esta reforma silenciosa y exitosa? La ya mencionada continuidad, en la que varios gobiernos comparten el mérito. El gobierno de Toledo logró eliminar las pensiones doradas de la Ley 20530. El de García creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, el cuerpo de gerentes públicos y dio una serie de decretos para fortalecer la carrera pública. Y el gobierno actual apoyó la continuidad y logró la aprobación de una nueva Ley del Servicio Civil. A la cabeza de estos procesos han estado personas de prestigio y muy comprometidas, como Nuria Esparch y hoy Juan Carlos Cortés. El día de la presentación del informe estaban ambos, además de diversas personas que apoyaron a Servir en estos años: se celebró un éxito compartido. Los retos son todavía muchos. Diversas instituciones públicas han escapado a la aplicación de la Ley. La evaluación no comprende gobiernos locales y regionales, donde está buen número de funcionarios y donde una capa burocrática profesional, honesta, es urgente para la buena gestión. Pero son sin duda buenas noticias y muchos más deben conocerlas, que deje de ser una reforma silenciosa para que la sociedad se la apropie. Porque si no entendemos su importancia, su continuidad está en riesgo. Un servicio civil fuerte, profesional, flexible, es clave para reducir la corrupción, limitar el uso clientelista del Estado, ganar legitimidad entre la población. Esos logros pueden ponerse en peligro si no enraizamos lo avanzado. Y hay muchos intereses que se oponen: el político al que le conviene un Estado débil en el que pueda hacer lo que quiera, el empresario que gana con la corrupción, entre otros. Hay pocas cosas tan negativas para una reforma que un cambio de gobierno. Servir ha logrado importantes aliados en el gobierno central, diversas instituciones ven en la reforma una posibilidad para ganar profesionalismo. Pero no basta. La academia y los empresarios deberían también mirar con interés el proceso. Y, fundamentalmente, es necesario que los políticos se apropien del tema y lo discutan en campaña. Porque la continuidad de estas reformas no puede depender únicamente de los funcionarios que las diseñan e impulsan. No es justo con ellos. Sin políticos que la traduzcan a la población, que las hagan un activo en campaña, que sirvan de músculo para seguir avanzando contra las resistencias, la reforma no está garantizada y puede revertirse en forma tan silenciosa como ha avanzado. Buenas noticias, pero hoy la continuidad depende de muchos otros actores capaces de blindar los cambios desde la sociedad y la política.

Es frecuente que en la discusión sobre la necesidad de reformas institucionales en el Perú se caiga en cierto simplismo, retórica vacía. El diagnóstico es que tenemos instituciones formales débiles. La receta de solución es (sorpresa) fortalecer las instituciones. Se dice muy poco sobre el cómo. Un caso más en que el diagnóstico se convierte en remedio (como en el consabido “no hay partidos, hay que fortalecer los partidos”), sin discutir lo complejo y difícil del proceso. Dos ejemplos de cómo esta discusión puede ser parcial, limitada. Se menciona con frecuencia el best-seller “Por qué fracasan los países” de Daron Acemoglu y James Robinson para resaltar su receta de solución: lograr instituciones inclusivas que promuevan el desarrollo. Sería también bueno que se mencionen las lecciones que deja el libro sobre las poderosas causas que impiden lograr esas instituciones. Porque más allá de sus virtudes y defectos, el libro no pretende ser un manual de autoayuda del desarrollo institucional. Más bien, muestra que los casos exitosos son extraños. Los ejemplos de éxito muestran que hay que estar contra las cuerdas para romper las barreras que impiden el cambio de instituciones extractivas (que benefician a unos pocos) a instituciones inclusivas. Lo hizo Estados Unidos, pero por las difíciles y particulares condiciones que se vivían cuando eran colonia. Y los procesos históricos que construyeron dichas instituciones en Europa occidental, con sus guerras y muertos, son difícilmente replicables. Lo logró Corea del Sur, pero en buena cuenta por estar amenazada de muerte por su gemelo malvado del norte. La lección es que sin incentivos poderosos el cambio es difícil. Otro ejemplo. Cuando en seminarios académicos se debate sobre las cualidades y problemas de “El otro sendero” de Hernando de Soto y sus co-autores, se suele resaltar dos temas. El primero, que es con el que frecuentemente nos quedamos en el Perú, es que el Estado puede ser un enorme estorbo para los ciudadanos al entorpecer su vida y limitar la creación de riqueza. El Estado puede ser un problema, un parásito, y eso tiene altos costos para el desarrollo. Es el segundo tema el que rara vez se menciona en nuestro país: se requiere un Estado muy fuerte, profesional y presente en el territorio, para garantizar esos derechos. Un Estado que pueda asignar títulos, resolver disputas, evitar extorsiones, entre otros. Sin un Estado capaz de hacer valer las leyes, terminamos llenos de reglas en el papel que valen muy poco en la realidad. Es decir, el camino a una institucionalidad formal sólida pasa por fortalecer el Estado. Esta segunda lección se escucha mucho menos en el Perú. No se trata de concluir que la tarea es imposible. Por el contrario, la experiencia de diversos países indica que hay cambios graduales que logran impactos positivos. Los hoy ministros Ghezzi y Gallardo, por ejemplo, plantean en un libro de hace dos años algunas rutas para avanzar en dicho esfuerzo tomando en cuenta la debilidad de nuestro Estado. Un buen lugar para iniciar el debate. Hoy que se acerca la campaña electoral es posible que usted vuelva a escuchar de la necesidad de construir instituciones, incluso en boca de quienes fueron gobierno y construyeron poco. Desconfíe. Pida precisiones. Probablemente descubra que lo bueno para unos no sea adecuado para otros. Hay un costo en esta retórica. Quedarse en generalidades no contribuye a crear el sentido de urgencia necesario para impulsar este tipo de reformas. Mucho menos a comprender las dificultades que enfrentan esfuerzos de este tipo.

Con esta frase Rocío Silva Santisteban introduce el recién publicado reporte anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y se despide de su Secretaría General. La Coordinadora, nos dice, no está para ponderar, evaluar como un juez entre partes consideradas iguales. Está para proteger, dar prioridad, tomar partido, por los que carecen de poder y recursos para garantizar sus derechos. Su papel es nivelar, porque si no hay alguien que lo haga el poder se cuela en nuestras relaciones políticas y sociales, las asimetrías de una sociedad desigual se quedan sin balance. ¿Cómo no simpatizar con esta posición de principio después de leer el reporte? Me tocó presentarlo, y si bien uno ya conoce lo que está allí descrito, en realidad no lo conoce tanto como cree. Es diferente verlo todo junto, documentado, actos que nos recuerdan la aplicación selectiva de la ley, la forma discriminadora en que el Estado asigna prioridades y toma decisiones. Los costos de una ciudadanía diferenciada, la insuficiencia de la promesa igualitaria de la democracia. Están allí la lentitud y desidia en los procesos penales contra violadores a los derechos humanos, con autoridades que resisten la entrega de información clave. Y el ritmo insultante para entregar sus muertos a familiares que los esperan desde hace tres décadas. También la criminalización de la protesta y la cercanía entre el Estado, este sí obligado a ser neutral, y actores privados. O la aplicación selectiva de la represión dependiendo de nuestro lugar en el territorio y nivel socioeconómico. Hay denuncias a los que, desde la protesta y el radicalismo, también abusan y matan. Y casos sobre la extendida violencia de género así como crímenes de odio contra la comunidad LTGB. Se narran crímenes cometidos por actores no-estatales, empoderados en años de crecimiento económico. Mafias de madereros, oro, trata de personas. De nuevo, asimetrías de poder que permiten actos salvajes, incluso situaciones de esclavitud. Y en muchos casos el Estado, más que nivelar, proteger, se vuelve cómplice. Otorga los permisos que permiten la formalidad que oculta el abuso. Hay sin embargo casos donde creo es más difícil asociar el compromiso con ciertos temas a la protección al débil. Temas complejos en el que la defensa de derechos contenidos en la ley no siempre se vincula en forma tan clara y directa al bien común o la solución de problemas sociales. El reporte, por ejemplo, al discutir la Ley Pulpín, hace una posición de principio sobre los derechos laborales y lo negativo de la flexibilización. De acuerdo con varios de sus puntos. Pero en este caso estamos ante un dilema, me parece, más complicado. Ambos lados en este debate tienen puntos importantes a considerar si buscamos superar las barreras a la formalización de amplios sectores de la población. El papel de la Coordinadora podría ser clave, con un poco más de distancia, para encontrar soluciones creativas que puedan legitimarse políticamente. Como decía esa noche, a pesar de todo lo malo reseñado y la sensación de frustración que deja el reporte, hay algo que debe quedarle claro a los miembros de la organización: sin su acción las cosas serían bastante peor. La literatura sobre ejercicio y respeto de derechos muestra que la demanda organizada de los mismos es clave para que se respeten. En un país donde no existen partidos que recojan las inquietudes de estos sectores, donde la sociedad civil es débil y fragmentada, la vigilancia y seguimiento de la Coordinadora es crucial. Acompaña y visibiliza. Y eso no es poco.

Pocas cosas hacen tanto daño al debate inteligente como el uso dogmático del argumento de la “pendiente resbaladiza”. Una acción que puede parecer inocua, menor, en realidad conduce a consecuencias terribles, un efecto dominó imprevisible. Un argumento que no tiene ideología. Harto asociado a los conservadores, como lo señala Albert Hirschmann al discutir lo que denomina la retórica del riesgo en su Retóricas de las Intransigencia. Por ejemplo, hemos visto a voceros religiosos vinculando la aprobación de la unión civil a la proliferación de una serie de actividades sexuales alucinantes. Siempre me ha sorprendido la morbosa creatividad de los fieles que denuncian estas conductas. Pero la izquierda también lo ha usado a mansalva en América Latina para vincular cualquier medida política a la concentración de poder en manos de la derecha económica. Los argumentos en los años ochenta, por ejemplo, para oponerse a la privatización de algunas empresas públicas claramente deficitarias buscaban evitar un incremento del poder privado que traería de vuelta a la República Aristocrática. Hoy el argumento es usado con frecuencia por el libertario, en muchos sentidos otro tipo de conservador. Dos ejemplos. El Perú está construyendo lo que es el inicio de un marco regulatorio de la universidad pública y privada. ¡Pendiente resbaladiza! Se viene el totalitarismo estatal que regulará contenidos, cortará la iniciativa privada, destruirá modelos de universidad alternativos. Y hemos adoptado normas que buscan regular el consumo de comida chatarra, la publicidad sobre la misma, y que se informe sobre lo que se consume. ¡Pendiente resbaladiza! El totalitarismo salubrista busca imponer a los padres qué deben comer sus hijos y afectar la libertad de comer lo que decida. Todo ello sin una mirada comparada y crítica de sus propios supuestos. Así, no se discuten los graves problemas que busca controlar la regulación. Problemas que, como muestran veinte años de convivencia de un sistema púbico universitario en crisis y un modelo privatizador que ha empoderado pésimas universidades, no se solucionan solos. Ni la evidencia del enorme daño de ciertos productos sobre la salud, con estudios fuera de toda discusión. O cómo estas regulaciones se han aplicado en otros países sin que se den las terribles consecuencias. Podemos también evaluar críticamente cómo un discurso de libertades puede ser la careta de intereses económicos para ganar dinero a costa de mantener un sistema universitario paupérrimo e incrementar problemas de salud pública. Por supuesto, la prudencia no es mala. Hirschmann también discute el peligro opuesto: los excesos de minimizar el riesgo. Y en su poderoso Seeing Like a State, James Scott nos muestra todo lo que puede salir mal en los grandes planes estatales. La creación de bosques madereros en la ordenada y eficiente Alemania, por ejemplo, dio lugar a un serio daño ecológico. En el Perú, lo sabemos bien, siempre hay que considerar la posibilidad de que el Estado haga las cosas mal. Por ello, la discusión de estos temas debe trascender este tipo de argumento. A mí, personalmente, más que los debates ideológicos, me preocupa que la regulación quede en letra muerta. Es difícil pensar en el Perú hoy como un Leviatán regulatorio, dada su débil presencia territorial y su dificultad para enfrentar oponentes poderosos, como son las universidades privadas millonarias o las camarillas que controlan universidades nacionales. Que estos debates sirvan, más bien, para reconocer la necesidad de construir mejores burocracias con mayor autonomía de los intereses políticos inmediatos.

Las violentas escenas de Luis Piscoya masacrando a golpes a Mitsui Chávez, su ex pareja, en Piura, se dan apenas semanas después de un acto similar en Ayacucho. Ambos casos muestran crudamente el lado criminal de la violencia contra la mujer en nuestro país. Hoy que vivimos rodeados de cámaras podemos ver estas escenas grotescas cuando escapan del mundo “privado”. Pero ojalá sirvan para tomar conciencia de lo generalizado del problema, de todo aquello que pasa fuera de cámaras. Porque usted no está viendo un caso aislado. Las estadísticas de violencia familiar, el chantaje y acoso sexual, las violaciones, son todos ejemplos de delitos causados por el machismo, cuyas cifras oficiales están muy por debajo de la realidad. Cuando las víctimas buscan ayuda ante las autoridades con frecuencia se encuentran con funcionarios que no responden al problema o que lo pasan por agua tibia hasta que hay una tragedia. Felizmente existen hoy más zonas del Estado conscientes de estos dramas. Estos casos muestran el lado urgente, más brutal, del problema. Pero hay también otras formas de machismo cotidiano, menos violento, donde se sostienen conductas de exclusión y discriminación. Por ejemplo, la enorme desproporción en puestos de autoridad entre hombres y mujeres. Un tema que cruza sectores, desde la política hasta la empresa, pasando por la academia y los medios de comunicación. Fíjese un poco en su entorno. Hay criterios muy distintos sobre qué características son relevantes para obtener un puesto y ganar un ascenso dependiendo de si se es hombre o mujer. Enormes desigualdades salariales frente al mismo talento y trabajo realizado. Por ejemplo, amigas abogadas en estudios competitivos me comentan el enorme esfuerzo que deben hacer para seguir el paso de sus colegas varones. Más complicado cuando la cúpula está formada por machos poco dispuestos a reconocer sus sesgos. Otro caso, cada vez más cuestionado felizmente, es el de los paneles conformados solo, o abrumadoramente, por varones. No crea en la excusa de que “no hay” expertas en el tema. Es cuestión de consultar. O percátese de lo frecuente de las interrupciones a las mujeres cuando están hablando, que en inglés ya tiene hasta nombre: manterrupted. Mire cómo en una entrevista los periodistas tienden a interrumpir más a las mujeres, o no prestarles atención. No se trata de mirar el problema en otros, sino tomar conciencia de que somos parte del mismo. En mi caso me percaté de mis propios sesgos al organizar una conferencia hace unos años. Inicié el evento con un programa que guardaba una proporción de 1:2 entre mujeres y varones, ya lejos de la paridad. Pero sin darme cuenta en el camino terminé con una de 1:3, ya mucho peor. Básicamente en el camino fui pensando en otros nombres y me fueron sugiriendo ponentes que, abrumadoramente, fueron masculinos. Me percaté así, al ser criticado por amigas y amigos, que no estamos educados para darnos cuenta. Y es cuando uno comienza a mirar que el problema aparece por todos lados. Ahora no solo me ocupo de que no suceda en eventos que organizo, también consulto cuál es la composición de los paneles a los que me invitan para asegurarme, y de ser el caso solicitar, que haya mujeres. Si usted cree que estos sesgos no existen en su entorno, o considera que es un tema secundario, tómese el tiempo de conversar un rato con sus colegas mujeres. Descubrirá historias de las que no se habla, se esconden. Asimetrías de poder que prefieren ser obviadas para no perjudicar carreras y ascensos. Y de las que somos todos cómplices.

El año pasado conocí el impresionante Museo Nacional de Corea del Sur, un viaje por la historia política y social de dicho país. Su tema principal es la guerra que dividió las Coreas, presentada como una gesta nacional que marcó el surgimiento del sur hacia el desarrollo. La muestra nos enseña cómo, a raíz de este enorme reto político y de legitimidad, en apenas décadas una sociedad jerárquica, agrícola, se convirtió en una democracia desarrollada. Hoy sabemos que la verdadera revolución se hizo en el sur, mientras que el infierno se construyó en la utopía del norte. Imposible no sentir admiración por los sacrificios que permitieron esos logros. Nadie, ni los más duros críticos, dejarán de reconocer el milagro coreano y las justas razones para su elevado orgullo nacional. Pero hay algo que inquieta al visitante: la narrativa patriótica del museo tiene pocas grietas. Hay malos y buenos. No encontramos una crítica a sus propios excesos durante la guerra, ni un recuento sobre los abusos de sus dictaduras, aunque sea para debatir si fueron necesarios para preservar su seguridad. Un patriotismo celebratorio, sin momentos oscuros. Esta semana conocí un museo con una narrativa diferente: el Newseum, museo de las noticias en Washington D.C. La sala que más me impactó es la dedicada a la guerra de Vietnam. Con un gran trabajo de imágenes y entrevistas, muestra cómo esa guerra cambió la forma de reportar los conflictos. De noticias cargadas de patriotismo, alegorías al triunfo inminente, y un frente unido de medios y políticos, se fue abriendo paso desde la sociedad y la prensa misma una narrativa alternativa. Una narrativa crítica de las razones y acciones de EEUU. El poder político reaccionó con furia ante esos reportes. Pero, poco a poco, esa crítica evitó más errores, excesos y permitió al público comprender los costos de la guerra y quiénes los pagaban. Hoy un considerable número de ciudadanos considera ese ejercicio crítico una forma de patriotismo, es su deber cuestionar al gobierno. Podemos discutir cuánto ha aprendido esta sociedad, en qué medida agendas comerciales y patrioteras pesan en la agenda noticiosa (extrañé una mirada más profunda y autocrítica sobre el peso del dinero en los medios hoy, por ejemplo), pero queda claro que esa guerra marcó la forma en que se reporta la guerra. Visitar el segundo museo me hizo pensar en el primero. Ambos son espacios de aprendizaje, de educación de nuevas generaciones. Pero mientras uno ofrece una visión armoniosa del patriotismo, el segundo enseña sobre la justicia y los beneficios de cuestionar a los nuestros. Si bien un museo es hecho por el Estado y el otro por medios de prensa, sabemos bien que muchos Estados, incluido EEUU, han logrado incorporar esas narrativas críticas a su historia oficial. Y claro, imposible no pensar en mi país, en cómo somos incapaces de abrir similares espacios críticos, cuestionadores, que eduquen. Por ejemplo, ese museo sobre el conflicto interno que no tiene cuando inaugurar su muestra. Un museo que enseñe que el triunfo contra Sendero, además de heroísmos varios, también tuvo horrores y abusos causados por patologías con las que cargamos y que el discurso patriotero niega. O reconocer que marchamos hacia el 2021 incapaces de abrir una discusión nacional sobre el camino recorrido, que discuta nuestra pluralidad pero no para recetar la armonía sino para lidiar con sus tensiones y posibilidades. Una narrativa improbable en tiempos en que los Presidentes leen discursos que parecen balances de utilidades y no momentos para construir un nosotros distinto.

Desde hace buen tiempo las agrupaciones políticas se han llenado de sicarios y escuderos. El sicario es el político cuya función es destruir al líder contrario, llenarlo de denuncias, mientras que el escudero es el que vive para defender al jefe. Solemos entender las causas que explican el ascenso de estos personajes, pero dedicamos menos tiempo a evaluar sus consecuencias. Diversos observadores resaltan este rasgo de la política peruana. Carlos Meléndez, por ejemplo, nos habla de escuderos y de partidos convertidos en portátil. Los analistas discuten cómo la política se centra hoy en denuncia y ataques, mientras los debates importantes escasean. No es que el fenómeno sea peruano: todo político es un poco sicario y escudero de su partido y su líder. Y en todo el mundo se discuten las consecuencias de la creciente personalización y judicialización de la política. Pero en el Perú estas tendencias son bastante exageradas y estos personajes dominantes. Sabemos bien que el auge de estos personajes nace de la extrema debilidad partidaria. En esta política hiperpersonalista todo se juega en la cabeza, en el líder, el jalador de votos. En perspectiva comparada nuestros partidos siempre han sido débiles y personalistas, pero hoy incluso hemos perdido el debate de temas e ideas entre pesos medios partidarios. Al interior del partido tampoco hay políticos que critiquen en público a sus líderes. Es muy riesgoso criticar al jefe: si cae, caemos todos. Incluso esa especie en extinción que es el militante ideológico ya es funcional a esta dinámica: más que ideólogos han trocado en traductores del líder. Pero que la política se centre en sicarios y escuderos es también una causa que impacta fuertemente en la forma en que funciona la política y en la posibilidad de construir mejores partidos. Se han profesionalizado estos papeles. En este contexto ser sicario y escudero es un incentivo premiado por los líderes. Son hoy criterios de ascenso. Y esto es bastante grave. Porque si estos son los incentivos para triunfar, se vuelve mucho más difícil atraer o promover ciudadanos que quieran pensar en temas de largo plazo, o ideas. Porque la gente inteligente no suele prestarse a ser simples defensores, sobones permanentes u obsesos perseguidores. Mire, si no, cómo va decayendo la calidad de los voceros nacionalistas. Además, cualquier persona de buena voluntad, con intereses públicos, ve el terreno político como un miasma donde te pueden masacrar y empapelar. Y sin escudero que te defienda vales poco. La política es dura, sin pellejo no se puede ejercer, pero aquí el costo de entrada parece altísimo. Los sicarios y los escuderos, además, no sirven para hacer reformas. Especializarse en temas, leer sobre asuntos complejos, requiere tiempo y ellos están muy ocupados. Incluso buenas personas, que entran a la política con la idea de aportar, terminan encasilladas en estos papeles. Recuerde a quienes eran promesas hace unos años. ¿No es triste que líderes intermedios que pudieron ser quienes renueven a sus partidos pasen sus días como Felpudinis políticos? Que no se me malentienda. No propongo una tregua en las acusaciones, que los políticos se tapen sus cuchipandas o que los medios no las reporten. No me preocupa tanto que esta dinámica desprestigie a la clase política, eso ya pasó hace tiempo. Lo que me preocupa es que la política sea apenas eso, que solo discutamos denuncias. Todo parece indicar que vamos a la campaña con más escuderos y sicarios de nuestra historia. Será el pasaporte, el o la supuesta amante, la casota o la cuenta secreta, lo que llenen los días de elección. De reformas, de ideas, poco o nada.

Diana Seminario (El Comercio 14/7) celebra la reciente actitud comprensiva frente al fujimorismo de Luis Iberico y Fernando Rospigliosi, dos de los más firmes opositores de esta fuerza política en el pasado. Nos invita a hacer como ellos y “pasar la página”, mirar con “madurez” y “sin etiquetas” a Keiko Fujimori y su grupo; a dejar el odio en nombre del Perú. Si bien, nos dice, son innegables los abusos y crímenes de este grupo en el pasado, “también es innegable que como país no podremos avanzar si seguimos atados a un pasado vergonzoso y continuamos encerrados en nuestros prejuicios”. A ver. Prejuicio es, según la RAE, una “opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal”. No tengo prejuicios contra el fujimorismo. Tengo juicios bastante sólidos basados en abundante evidencia sobre cómo ejerció el poder y sobre su forma de actuar hoy. Y porque pienso en el Perú y su futuro es que creo que es muy negativo seguir adelante sin demandar arrepentimiento y garantías. Mucho menos cuando es posible que vuelvan a ser gobierno. Es fácil para los ofensores, los que se privilegian del olvido, pasar la página sin reconocer su ofensa. Ello impide conocer y hacer docencia externa e interna sobre la causa de sus abusos. No habría un reconocimiento de que la raíz de los excesos de su gobierno estuvo en la forma en que ejercen y comprenden la política; de esa “mano dura y progreso” sin instituciones que vendió Fujimori. Salvo respuestas tipo Miss Universo (nuestro defecto fue ser confiados, ingenuos), no he escuchado en estos años autocríticas sobre su forma de ejercer el poder. Porque no es pasado: es presente. Hay hartas caras noventeras en el fujimorismo hoy. Son los mismos que ignoraron las denuncias de acoso contra la prensa, blindaron a los responsables de corrupción y violaciones a los derechos humanos, clientelizaron programas sociales, y aprobaron tácitamente el uso de recursos públicos para comprar medios de comunicación. Leían todas las mañanas la prensa chicha y seguían con su vida como si nada. Y es presente también porque los “nuevos” jales repiten las formas y arrogancia de sus predecesores. Conductas conservadoras e intolerantes frente a temas en los que el fujimorismo ya pecó en el pasado. Cada vez que veo un nuevo fujimorista gritón, jugando a Catón sin mencionar los noventa, pienso de inmediato cómo se comportaría con más poder. En estos años no he visto un reconocimiento cabal de estas conductas ni de cómo se vacunarían frente a ellas de ser gobierno. El proceso anticorrupción, por ejemplo, se sigue describiendo como una persecución, y no se dice nada de sus logros o de todo lo que faltó limpiar. Con tanto pasado corrupto, ¿no cabrían acciones y compromisos de fortalecimiento institucional? ¿O medidas concretas en temas de derechos humanos y democracia? Por ejemplo, los que hoy demandan pluralismo podrían prometer no controlar todas las comisiones y la mesa directiva de contar con mayoría simple en el Congreso. ¿Recuerdan? ¿Qué han hecho en quince años? Probablemente para el fujimorismo tenga costos internos o incluso electorales tomar medidas de este tipo. A diferencia de otros analistas, no tengo tan claro que moderarse sea necesario para que Keiko gane el 2016. Buena parte del electorado nunca los culpó, o ya los perdonó. Son fuertes como resultado de elecciones democráticas. Pero eso no hace que sea bueno para el país que pasemos la página. Al revés, en estas condiciones, en su momento de mayor poder, sería decirles que ya no tienen nada que explicar ni de qué avergonzarse. Y sí lo tienen. No es odio, es moral y es prudencia.

Se viene la Feria Internacional del Libro (17 de julio al 2 de agosto) en el Parque de los Próceres de Jesús María y me permito algunas recomendaciones de textos de los que aprendí mucho. Para no romper mucho con la temática de la columna, todos los textos mencionados, incluso los de ficción, están vinculados de una forma u otra a la política. El Huérfano de Adam Johnson (Seix Barral) es una novela de esas que no se sueltan hasta terminarlas. Se centra en la vida de un soldado en Corea del Norte y los extraños eventos por los que termina involucrado con la jerarquía del régimen. La sinrazón del totalitarismo; la vida cotidiana en una sociedad Orwelliana; relaciones humanas asfixiadas por la ideología y condiciones materiales paupérrimas; y humor, aunque lo crean imposible en ese escenario. Si usted no conoce mucho sobre Corea del Norte, las peripecias del protagonista le pueden parecer exageradas. Si conoce sobre este extraño país, pues le sonará bastante plausible más bien. Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie (Random House) es una historia de amor rodeada de muchas cosas más. Un repaso de las complejas relaciones y niveles sociales en la autoritaria Nigeria; la vida de sus inmigrantes en EE.UU e Inglaterra; el racismo cotidiano en esas sociedades; un retorno a Lagos en la que, aunque mucho ha cambiado, los contactos, la cercanía al Estado, definen quién tiene poder en el país. De la mejor observación social que se puede pedir; irónica en extremo, especialmente en sus golpes a los académicos. Con la distancia del caso, no dejará de reconocer paralelos muy peruanos. Aproveche a los invitados franceses, conozco a dos. HHhH de Laurent Binet es una maravillosa y triste historia tanto de heroísmo como de monstruosidad durante la ocupación nazi de la ex Checoslovaquia. Es además un texto donde la ficción y la documentación histórica van muy creativamente de la mano. Busque también las novelas gráficas de Guy Delisle, unas joyas. Cuando el autor ha vivido por trabajo en una ciudad, o cuando puede viajar por todo el país, construye un libro de observaciones sociales y políticas de dichas sociedades. Crónicas Birmanas, Pyongyang, Jerusalén, Shenzhen, ninguna tiene pierde (Ediciones Astiberri). Si no ha leído Los Rendidos de José Carlos Agüero (IEP), aproveche la feria para comprarlo. Durísimo relato de un hijo de militantes de Sendero Luminoso muertos en el conflicto interno. Difícil describirlo, un género en sí mismo. Una mecedora de afirmaciones, retrocesos y nuevas afirmaciones, que deja agotado por el esfuerzo al lector dispuesto a procesar, debatir, con las ideas del autor. Y de la misma editorial también viene la esperada traducción de Túpac Amaru de Charles Walker, un libro precedido de premios y reconocimientos. No tendré el atrevimiento de recomendar dos volúmenes en los que ando involucrado ni los nuevos libros de mi universidad (me dirán si le gustan), pero sí quisiera entusiasmarlos para asistir, gastar dentro de sus posibilidades, y mostrar que hay comunidad lectora en Lima. Porque en una ciudad en la que pasan tan pocas cosas en materia de cultura, donde hay pocas librerías con libreros, la FIL demuestra que hay demanda para más, que no somos tan brutos como nos quiere hacer creer el rating de la televisión. Es necesario, pelear y mantener estos espacios, pues solo se seguirán dando y reproduciendo en la medida que haya demanda. Y si no creamos dicha demanda, estaremos condenándonos a seguir bajando hacia la caverna de la caverna.

Esta semana presenciamos un episodio más de Pandillas de Lima York. Nuevas batallas campales en el límite entre Magdalena y San Isidro. Los serenos de estos distritos no solo hicieron el ridículo la noche del lunes al desatarse una persecución de motos a un camión de Magdalena que cargó con un cartel de San Isidro. Más grave: pusieron a los transeúntes en peligro. Redondearon la faena el miércoles con un estúpido enfrentamiento por un concierto en el parque la Pera del Amor. Un papelón mayúsculo. El conflicto viene de tiempo atrás, hemos visto varios enfrentamientos similares entre estos serenazgos en el pasado. La promesa de una solución a cargo del Instituto Metropolitano de Planificación no llega desde hace casi una década que tomaron supuestamente cartas en el asunto. Los alcaldes de Lima miran de costadito. El conflicto histórico se centra en la típica pelea de límites entre distritos y provincias, algo muy común en el país. Pero esta vez, según Manuel Velarde, alcalde de San Isidro, lo que hace al conflicto más álgido pasaría por el interés de la autoridad de Magdalena, Francis Alisson, de promover negocios inmobiliarios en la zona en disputa. Según Velarde el problema está en la zonificación, la autorización de Magdalena de permitir una mayor altura a los edificios o uso comercial. “Este no es un territorio en litigio, el argumento de conflicto de límites es una excusa del alcalde Alisson para realizar de manera ilegal negocios inmobiliarios en San Isidro” (El Comercio 1/7/2015). Desde enero, San Isidro ha intentado paralizar obras autorizadas por Magdalena en la zona en disputa por no contar con licencia y no respetar su zonificación. Respondiendo a estas acciones Allison señaló: “El ‘Congazo’ Velarde ha terminado. De siete edificaciones que San Isidro pretendió parar, hoy solo queda una detenida. De dos se retiró espontáneamente porque no tenía asidero legal (...) Si [Velarde] nos manda efectivos a agredirnos, nos vamos a defender y él será el responsable de lo que pase” (La República 30/1/2015). La explicación para la guerra de Serenos, entonces, no sería solo viejas rencillas territoriales y alcaldes con testosterona, sino la radicalización de estas divisiones por los intereses económicos en juego. Economía política 101, una historia conflictiva más en este Perú del boom de recursos. Desconozco si lo que señala Velarde sobre intereses subalternos es cierto, pero es evidente que una zonificación diferenciada, más favorable al negocio inmobiliario, traerá este tipo de problemas. El caso es más grave que el típico conflicto de zonificación al interior de un distrito. Con una sola autoridad los conflictos y demandas de vecinos a favor o en contra de los cambios son complicados, pero más manejables. En este caso tenemos dos autoridades respondiendo a demandas vecinales distintas, y la mezcla es explosiva con intereses inmobiliarios para construir más y más alto. El tema merece una mirada profunda por parte de la Fiscalía y la Contraloría para investigar lo señalado por Velarde. Porque si este es el fondo del problema, las cosas no pueden más que empeorar. Y más allá de este caso, es un hecho reconocido ampliamente que en esta década de construcción una fuente de corrupción y problemas ha estado en el cambio de zonificaciones. Reformas que vienen generando caos en diversas zonas de la ciudad donde los edificios no corresponden a las vías que los rodean. Como en muchos otros temas fuente de conflictos y segura corrupción (licitación de tierras, concesiones superpuestas, etc.), las autoridades encargadas de investigar van cinco pasos detrás de los acontecimientos.

Sorprende leer la columna “La Ciudad Ideal” de Patricia Juárez, teniente alcalde de Lima (Exitosa 22/6). Tras describir una serie de casos exitosos de gobiernos municipales en América Latina (Curitiba, Bogotá, Medellín), Juárez señala que en Lima estamos muy lejos de esas ciudades ideales. Por ejemplo, llegamos tarde al intento de desarrollar un sistema de transporte masivo y con los automóviles que trajo la prosperidad económica ahora es muy difícil reordenar el tráfico. “Ciertamente nuestra ciudad está lejos de ser emblemática de un enfoque de ciudad amigable para sus casi 9’500 pobladores y necesita ser repensada hacia el tan cercano Bicentenario de la Independencia”, nos dice. Concuerdo totalmente con sus reflexiones. Pero de verdad me cuesta creer que quien redactó esa columna sea parte de la administración de Luis Castañeda, quien recordemos también fue alcalde del 2003 al 2010. Castañeda ha sido precisamente incapaz de construir una visión de ciudad como la que demanda Juárez. No es un adalid de las soluciones o estilos que plantea su aliada, sino que representa el cortoplacismo y ausencia de visión que nos alejan de esta ciudad ideal. La gestión de las ciudades mencionadas tiene características que contrastan abiertamente con el modelo de Castañeda. A pesar de sus enormes problemas previos, esas ciudades lograron mostrar a sus ciudadanos que una mejor vida era posible. Tienen algo en común: un proyecto de ciudad y sociedad donde se encuadran sus obras y proyectos. Los cambios fueron impulsados por élites políticas, frecuentemente en alianza con otros sectores como empresarios y sociedad civil, que pensaron en el mediano plazo, la urgencia de la reforma, y asumieron costos políticos para realizar los cambios. Luis Castañeda se ha enfocado en grandes proyectos de infraestructura y obras que privilegian el contacto directo con la población en barrios y distritos, pero no ha impulsado reformas profundas como las mencionadas. Antes que empujar las costosas y complejas reformas que valora Juárez, como enfrentar la informalidad que causa tráfico y polución, Castañeda ha convivido con estos problemas. O incluso ha apoyado a quienes los causan. Castañeda es más Orión, no más transporte masivo de calidad, por ejemplo. Pero es más seria la cosa. De cultura, educación, democratización del espacio público, construcción de ciudadanía, identidad, no digamos nada. Todas las ciudades mencionadas pusieron un norte a las reformas vinculándolo al desarrollo y la comunidad, le dieron una personalidad a la ciudad. Bibliotecas, programas educativos, incrementar la cultura, hacer pedagogía desde el poder, todas medidas que brindaron a los ciudadanos una identidad que los enorgullece, que construye comunidad y consolida el respeto mutuo en urbes profundamente desiguales. Hay un valor en lo hecho por Castañeda, por supuesto. Sería indolente decirles a quienes se vieron favorecidos por grandes proyectos de infraestructura vial, apoyo a la salud, parques, escaleras, que esos temas no son importantes. Es un alcalde que construyó para sectores muchas veces ignorados y eso es democrático. Pero está muy lejos de ser un alcalde para todos o el reformador que demanda Juárez. Incluso me atrevería a decir que Sergio Fajardo en Medellín o Antanas Mockus en Bogotá, arquitectos de estas ciudades ideales, son precisamente anti-Castañedas. Comunican, explican, dialogan, toman decisiones difíciles que con el tiempo traen beneficios para todos. Si el artículo de Juárez implica un reconocimiento de todo lo que no es su administración, en buena hora. Pero lo dudo.

Hace unos días me pidieron contribuir a un programa llamado “10 Cosas” que produce mi universidad. El espacio pide a un docente seleccionar un autor o autora que haya marcado su vida como académico. Casi sin pensarlo, escogí a Isaiah Berlin (1909-1997), filósofo, liberal, historiador de las ideas, humanista, activista. Si les interesa, podrán ver el programa pronto y ojalá se animen a leer su obra. Me quedé pensando por qué opté por Berlin casi por reflejo si hace años que no trabajo nada sobre el autor. Revisar sus textos me hizo tomar conciencia (o recordar) en qué medida Berlin nos ofrece ideas muy poderosas, atractivas, para un joven que creció en el Perú de los años ochenta y noventa. O, mejor dicho, para cualquier persona que vive en una sociedad donde las ideologías, los dogmas, se manifiestan en forma acrítica y agresiva en la esfera pública. Imposible detallar su obra en este espacio, pero básicamente Berlin estudia la genealogía de ideas que terminaron haciendo del siglo XX uno de muerte y destrucción. Encuentra que la fuente de los totalitarismos y movimientos autoritarios no está solo en románticos, socialistas y conservadores, sino también en ilustrados, racionalistas. Muestra cómo las ideas abstractas que prometen la armonía social y la “verdadera” libertad con frecuencia han aplastado a individuos concretos. Sus ideas, más bien, son una invitación a la duda, a la prudencia. Berlin, casi por oposición, nos ofrece un liberalismo agonista, basado en el pluralismo de valores antes que en certezas. Un liberalismo que demanda del Estado considerable espacio para la “libertad negativa” (entendida como ausencia de límites externos) a fin de garantizar que los grandes proyectos políticos no terminen en abusos. Pero es también un liberalismo que critica a quienes usan la libertad para justificar privilegios y exclusión. “La libertad de los lobos ha significado con frecuencia la muerte de las ovejas”, nos dice. Releer estos ensayos me recordó en qué medida este pluralismo político ayudó a articular mi rechazo a una serie de ideologías y estilos políticos antipluralistas que nos rodearon en los ochenta y noventa. El totalitarismo de Sendero Luminoso; la brutalidad del Estado; la arrogancia y violentismo de la izquierda; la indolencia y racismo de la derecha conservadora; el Fujimorismo con su matonería; el dogma del mercado y su celebración de la desigualdad como fuente de desarrollo. Luego me fui alejando de Berlin. La filosofía analítica nos muestra lo difícil que es basar la libertad en el pluralismo. Y la ciencia política, especialmente la economía política, deja en claro que pasar de ideas políticas a fenómenos políticos no es tan sencillo. Sin negar un peso a las ideas, hay condiciones que favorecen su impacto, otros procesos que explican por qué unos países fueron más proclives a totalitarismos y autoritarismos que otros. Hoy el valor de Berlin sigue vigente y ha sido muy bueno recordarlo. Difícil en un país fragmentado y con profundas diferencias sociales hablar de rasgos generacionales, pero seguro varios compartirán mi rechazo ochentero a los proyectos que no dudan de sí mismos. Nulo entusiasmo por las grandes promesas de justicia y cambio que no parten de reconocer sus límites, contradicciones ni sus excesos pasados; rechazo visceral al razonamiento arrogante de nuestra limeña derecha civilizadora. Berlin (como Aron, Nussbaum, Hampshire) refuerza estas intuiciones y nos enseñan la importancia de una mirada escéptica contra los termocéfalos de todo tipo. Parafraseándolo, un ideal menos grandioso que el ofrecido por otras ideologías, pero no por ello menos inspirador.

Según el congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia y líder del Partido Popular Cristiano, no se justifica plantear una causal para permitir un aborto en casos de violación pues es poco probable que de la misma se produzca un embarazo. “Es casi imposible que se produzca un embarazo después de una violación eventual, callejera, porque se produce un estado de estrés, un estado de shock en la persona donde, obviamente, en la mujer no hay ningún tipo de lubricación, etc.”. En un tema tan delicado como el que se discutía, en un asunto que requería empatía y cuidado, el congresista Eguren suelta una pachotada de esa magnitud. Y, tras reflexionar por algunas horas, lo volvió a decir como para que no quede duda. A pesar de estar en contra de su posición, reconozco que para los conservadores como Eguren el tema de la interrupción del embarazo toca valores centrales. No pretendo que apoyen estos cambios. Lo que encuentro inaceptable es la indolencia, la desinformación y la agresividad implícita en este tipo de comentarios. No solo lo que dice Eguren es falso, sino además tendencioso pues caricaturiza lo que es una violación: actos de violencia callejera cometidos por extraños. La realidad es que las violaciones en entornos privados, donde supuestamente la víctima está protegida y donde la violencia no es del tipo descrito por el congresista, son comunes. Pero les soy franco, cuando pasan estas cosas, cada vez más frecuentes, lo que indigna hasta el forro es el silencio político que sigue a la pachotada. Aunque no puedo decir que me sorprenda, sí es deplorable la casi nula reacción de quienes desde la esfera política deberían saltarle al cuello a este tipo de declaraciones. Como mencionaban ayer Félix Reátegui y Carolina Ciurlizza en comentarios que circularon por redes sociales, es en estos momentos cuando nuestra orfandad de referentes políticos se hace más evidente. No dice nada el partido político del que es parte Eguren, aunque sea para indicar que no todos son como él. Tampoco lo critican líderes políticos que andan por los mismos lados ideológicos, probablemente pensando en los votos de esos sectores conservadores en el 2016. Más sorprendente, no hablan quienes están en partidos que en teoría deberían oponerse a este tipo de discursos. Y del Ejecutivo, niente. Ya sabemos que el presidente y su esposa, antaño calificados de “progresistas” por su supuesta agenda de cambio económico, no cuentan cuando se trata de salir al frente de agendas conservadoras. Temas espinosos. Y entonces las críticas quedan limitadas a sectores de la sociedad civil, redes sociales y algunos programas periodísticos. Lo que debería ser un momento de debate y aprendizaje sobre la irresponsabilidad del discurso político, o eventos que nos permitirían saber dónde se paran en estos temas nuestros políticos, se pasan por agua tibia. Lo cierto es que estos y otros casos recientes muestran que el activismo conservador y el desinterés de los partidos en estos asuntos han paralizado una agenda progresista. Y lo han hecho incluso en temas en los que la opinión pública es mucho más receptiva que la opinión de nuestra representación en el Congreso. Tal como va la campaña hacia el 2016, con los favoritos que tenemos, probablemente estos temas ni se discutan, permitiendo cinco años más de política similar. Si no peleamos por poner la agenda en la próxima elección, en estos y otros temas quedaremos en manos de los Eguren de este país.

Primo Levi, sobreviviente del genocidio nazi, decía sentir repugnancia cuando se usaba “campo de concentración” como símil de otros lugares de reclusión menos inhumanos. Al respecto, José Gonzales (Tolerancia, Miguel Giusti Coord. PUCP 2015) indica en un ensayo sobre el uso fácil de dicho término y el rechazo de Levi que “no se puede trivializar, generalizando, la situación de Auschwitz para referirse a nuestra vida cotidiana en las instituciones democráticas”. Hay que guardar las palabras que describen el mal absoluto (genocidio, totalitarismo) para actos de esa magnitud. Si por motivaciones políticas o por grandilocuencia académica las utilizamos de manera ligera, terminamos devaluándolas, minimizando el horror que deben recoger. Algo así viene sucediendo con el uso de la palabra terrorismo en el país. En nuestra memoria “terrorista” representa a fanáticos que consideraron que en nombre de la “verdad” (una verdad muy pobre) y la utopía (una distopía, más bien) era legítimo asesinar, esclavizar indígenas, abolir el pluralismo, sacrificar inocentes. Condenar este fanatismo, y su pobre metafísica, no implica dejar de intentar entenderlo o negar la humanidad de sus miembros. Pero es claro que estamos frente a actores que escapan a la política, no son parte, ni pueden serlo, de nuestra comunidad. Tampoco me parece exagerado hablar de terrorismo de Estado para describir actos aberrantes cometidos por las autoridades durante el conflicto: asesinatos, torturas, violaciones. Crímenes realizados lejos de actos de guerra y contra sectores vulnerables cuestionan las bases de legitimidad del Estado. Actos que se pudieron cometer por la persistencia de gruesas asimetrías de poder y por el racismo con el que cargamos. Conductas que, cuando menos, deberíamos reconocer como aberrantes para enfrentar sus causas. Terrorismo, entonces, debería describir ese momento en el que la política se acaba, donde solo queda un enemigo que intenta destruirnos. Pero en las últimas semanas veo que esa palabra ha sido capturada para describir a opositores o rivales, para construir enemigos. Terrorismo antiminero, para describir a quienes se oponen violentamente al proyecto minero Tía María, aunque, la verdad, su uso ya se extiende a cualquiera que proteste. Terrorismo de Estado, para describir los excesos de la policía en el mismo conflicto. El propio Presidente señala que criticar a su esposa por tener lujos es un argumento típico de Senderistas. Con toda su gravedad, la violencia en Islay y los delitos cometidos por quienes protestan y el Estado todavía pueden (y deben) ser tratados como conflictos de una comunidad política. No quiero ni pensar lo que sería un real terrorismo anti-minero o lo que implicaría un terrorismo de Estado. Este uso fácil de una palabra tan cargada es un síntoma más de la actual devaluación del debate público y la ausencia de voceros que ponderen en el mismo. En todos lados hay violencia y exageración, y extremistas no faltan. Pero a diferencia de otros lugares, tenemos menos buffers que ponderen, arbitren en esos debates en los medios, en la política (escuderos vs ejecutores), o en redes sociales, el reino del acuchillamiento. Un espacio público de este tipo hace muy difícil construir la empatía necesaria para procesar estos conflictos. Es curioso: la guerra interna nos dio límites claros sobre lo intolerable, aquello que distingue al enemigo del opositor, sobre las virtudes del pluralismo y los costos del fanatismo. Hoy, sin embargo, copiamos las formas de la guerra para ver enemigos mortales donde hay rivales y opositores.

La semana pasada, Carlos Meléndez (¿Quién se Pone el Polo Rojo?, 23-5) evaluó en El Comercio las posibilidades de la izquierda en el 2016. Contra un discurso mayoritario que desde la derecha considera que no hay opciones por el lado zurdo, Meléndez opina que nuestra izquierda sí tiene espacio. No dice cifras, pero por el tono del artículo y los porcentajes que recoge, es obvio que está hablando de colocar un candidato o candidata competitivos. Pero para ello, nos dice, la izquierda debe trascender (ojo, no abandonar) el tema extractivo, evitar que sea el centro de campaña. En él fácilmente se le puede encuadrar, poner contra las cuerdas, con viejos cucos con los que se le asocia: violenta, anti. Si, por el contrario, se sacan “los catalejos miopes” y politizan una serie de temas donde existe insatisfacción, la izquierda puede crecer en un espacio que llega incluso al centro del electorado. ¿Quién tiene razón? ¿Meléndez o quienes desde la derecha consideran que la izquierda tiene poco o nulo espacio? Las encuestas hoy ponen a cualquier candidato de las izquierdas en el “otros” y quienes hasta hoy han manifestado su intención de postular parecen poco viables. Como discutía hace un par de semanas, me inclino por el lado de Meléndez. Existe una oportunidad y no pasa necesariamente por volverse de centro, edulcorarse. La insatisfacción es mucho más amplia de lo que reconocen los que creen que el crecimiento ha creado una amplia capa de ciudadanos satisfechos, con aversión al cambio. Podríamos incluir entre estos temas de insatisfacción otros que preocupan a las llamadas “clases medias vulnerables” (¿no es un oxímoron ese término?) y a las clases medias a secas: calidad de la educación superior, pensiones, seguros médicos públicos y privados, precios de medicamentos, entre otros. Ahora, hay que definir los términos para que este sea un debate justo. Si mañana no surge un candidato de izquierda no es prueba de que uno se equivocó. Y no es por poner el parche de antemano. Lo digo porque esta evaluación es condicional: si la izquierda presenta algo distinto, podría capitalizar. Pero sabemos muy bien que la izquierda organizada es la reina de las oportunidades perdidas, de la incapacidad de explotar el descontento para crecer políticamente. Las razones son varias. Debates eternos en organizaciones minúsculas y poco representativas que impiden ver intereses sociales que las trascienden. Temor a que la agenda activista se diluya en una propuesta que abarque otros intereses. Apetitos de líderes y organizaciones que imponen su presencia y ahogan a los jóvenes con potencial e ideas nuevas. Un leninismo arrogante todavía muy presente en su discurso. Facilidad para atacar al votante del rival (solo un corrupto votaría por…) en vez de entenderlo y jalarlo. Y la violencia es un tema complejo para el electorado. Hay que distinguir entre protestar y hacer vandalismo. ¿O por qué se insiste en cosas anecdóticas pero chocantes, como quemar ataúdes en las protestas? Como si no fuéramos un país de posguerra. En fin, un clásico caso de cómo la organización y la militancia, en vez de ayudar a pensar y ganar batallas, puede anclarte. Entonces, para que el debate sea justo y evaluemos si es real dicho espacio, es necesario ponerle caras y contenido a esta oportunidad. Debe emerger esa opción con nuevos temas y repertorios. Si sale, digamos saliendo del “otros” con 5%, allí veremos cuánto crece. Si luego no despega, si no es un retador relevante dentro de la campaña, creo que tanto Meléndez como yo reconoceremos que nuestra evaluación falló.

Dos vigilantes asesinados a tiros por sicarios a la entrada de un colegio privado en San Juan de Lurigancho. A las pocas horas, el director de otro colegio del mismo distrito muere también en manos de sicarios, al parecer adolescentes. En ambos casos frente a alumnos y padres. En paralelo, aparecen más denuncias sobre extorsiones a locales educativos privados del distrito. El alcalde pide, para variar, que las Fuerzas Armadas vigilen sus calles, como si los militares supieran cómo combatir un fenómeno de mafias extorsivas como éste. San Juan de Lurigancho no debe ser una excepción. El crecimiento económico que vivimos desde hace una década inyectó riqueza en ciertas áreas del país, especialmente ciudades de la costa. Pero esa riqueza entró a un Estado que en la década de los ochenta perdió parte importante de la poca fuerza que tenía y que en los noventa desatendió una agenda de fortalecimiento estatal. A pesar del énfasis en el mercado, no se tomaron medidas para hacer ese mercado más seguro. Mantuvimos una justicia débil y corrupta, no se combatió una informalidad campante, y no profesionalizamos los servicios de inteligencia. Al revés, se usaron para perseguir opositores. Los últimos gobiernos tampoco hicieron mucho al respecto. Las mafias extorsivas crecieron sin control en estas zonas de crecimiento económico. Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura y zonas como Cañete las vieron reproducirse. Transportistas, comerciantes, constructores, y ahora locales educativos, padecen el raqueteo. El Estado fue desbordado, en algunos casos penetrado a través de la corrupción para dejar operar a las mafias y garantizar su impunidad. Las extorsiones son uno de los mejores ejemplos del costo de nuestra debilidad estatal y cómo no permite aprovechar el potencial de buenos años económicos. Parte de la riqueza social que podría invertirse en el bienestar de los propios ciudadanos o que el Estado podría cobrar para brindar mejores servicios (por ejemplo, seguridad) se va al bolsillo de los extorsionadores. Los grandes empresarios pueden pagar mejores sistemas de protección, o establecer mecanismos de protección especial con la policía nacional. Pero la mayoría queda a merced de raqueteros, los ciudadanos saben que el Estado no puede brindarles protección. Resistirse es cosa de héroes. Este incremento de riqueza social, entonces, ha permitido el crecimiento de nuevos retadores del Estado, más grandes y poderosos que la vieja delincuencia extorsiva, distintos a Sendero o el narcotráfico. El problema es que un vez que estos grupos ilegales se organizan es muy probable que no desaparezcan cuando caigan los recursos que les permitieron surgir. Buscarán fuentes de financiamiento alternativas o nuevos “emprendimientos”. Las caídas de la economía más bien pueden llevar a actos violentos como los que vemos estos días, cuando las personas extorsionadas tengan problemas para pagar sus cupos. Como muchos otros, un tema que debería estar en el centro de la agenda política es hoy casi inexistente en los discursos de los líderes políticos. Probablemente en campaña varios opten por la ruta fácil del populismo penal: aumentos de penas y la militarización de la seguridad. Un buen criterio para evaluar la seriedad de candidatos en la próxima elección será si tienen algo nuevo que decir al respecto. ¿Qué medidas que hayan funcionado en el Perú o en otros países buscan implementarse para enfrentar este fenómeno que crece bajo la mirada de todos? ¿Se han asesorado con personas que sepan del tema? ¿O seguiremos esperando que el problema se vaya solo?